Proponen “capitales alternas” con la idea de fortalecer el federalismo

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Fue una de las promesas de Alberto Fernández, en campaña y a poco de asumir: buscar fortalecer el federalismo aplicando iniciativas para descentralizar el poder geográfico de decisiones. Ayer, el Gobierno envió al Senado el proyecto de ley para declarar “capitales alternas” a 24 ciudades con el fin de reunir allí al Gabinete una vez por mes y relocalizar las sedes de organismos y entidades públicas.

 

La iniciativa apunta a “acercar las políticas de descentralización y federalización a todo el territorio nacional” para “profundizar la gestión” atendiendo las problemáticas de “las diversas regiones que lo componen”, según indica el proyecto de ley. Además de declarar “capitales alternas” a 24 ciudades que fueron propuestas “por cada una de las provincias”, el proyecto crea el programa “gabinete federal” destinado a “realizar reuniones de trabajo” entre autoridades nacionales y locales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

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El texto establece que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, convocará a esas reuniones de trabajo “con una periodicidad no mayor a los 30 días y considerará en forma prioritaria a las capitales alternas para definir el lugar de reunión” el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, coordinará “la elaboración del plan de trabajo”. Los ministros y funcionarios nacionales que asistan a las reuniones deberán “llevar un registro de los temas abordados y cada uno en su competencia elevará un informe mensual de seguimiento” a la Jefatura de Gabinete.

 

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En otro de sus artículos, el proyecto señala que el Ministerio del Interior tendrá a cargo “la coordinación del proceso de evaluación y selección de los organismos y entidades del Sector Público Nacional” cuyas sedes centrales “serán relocalizadas o instaladas en territorio provincial”. Para ello deberán tenerse en cuenta, según manda la iniciativa, “las competencias específicas del organismo bajo análisis; las propuestas recibidas desde los Gobiernos y Legislaturas provinciales y municipales” y “el impacto potencial de la relocalización o instalación de la sede central o delegación del organismo, en las diferentes jurisdicciones”. Asimismo, se deberán tener en cuenta “las condiciones necesarias en términos normativos, geográficos, presupuestarios y de dotación de personal, entre otros, para la concreción de la relocalización o instalación”.

 



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