Por Mauro Becerra Especialista en Comunicación Política
Cuando en medio de una crisis alguno de sus aspectos genera un nuevo episodio relacionado al anterior, pero con dinámica propia, estamos ante lo que se llama una crisis de segundo orden. ¿Qué la puede detonar? Desde una pieza de comunicación con errores hasta declaraciones “poco felices” de algún dirigente, pasando por medidas tomadas o consecuencias no previstas.
Desde que la crisis por la pandemia de coronavirus comenzó hubo episodios que, por lo menos inicialmente, pueden categorizarse de esa manera. A nivel del Gobierno Nacional, podemos mencionar la compra de alimentos llevada adelante por el ministerio de Desarrollo Social; o aquel viernes negro cuando centenares de jubilados hicieron cola en plena pandemia para cobrar su sueldo. El Gobierno de la Ciudad también tuvo su ejemplo, con la ya conocida compra de barbijos.
Y en esta categoría podría entrar el episodio desatado con la liberación del condenado exvicepresidente Amado Boudou. Su salida desató una cadena de hechos que terminó instalando un tema que perjudica al gobierno de Alberto Fernández en este momento: las prisiones domiciliarias masivas.
No fue una crisis de combustión rápida. El Covid-19 y las cárceles no se llevaron bien desde el minuto cero. Ya en marzo pasado hubo motines en varias prisiones pidiendo mejores condiciones para enfrentar la enfermedad. Aparecieron las primeras notas en portales, canales de noticias y diarios.
A posteriori, jueces de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Chubut, autorizaron el uso de celulares en todos sus penales. Esta medida generó eventos que, lejos de ser sólo una noticia, empiezan a construir sentido en torno al tema. Por ejemplo: Carolina Píparo que en 2010 fue baleada estando embarazada y perdió a su bebé, denunció amenazas vía Facebook del hombre que asesinó a su hijo. Posterior a la salida de Boudou las cosas pasaron a un plano donde, podríamos arriesgar, la sociedad se sintió apelada. Siguieron los motines en distintos penales, pero ya con otras exigencias. Primero fue Florencio Varela, con un recluso muerto por balas de plomo durante la represión. Después vino Devoto: dentro de la mismísima Ciudad Autónoma de Buenos Aires; un sábado y con todos los móviles transmitiendo en vivo. Las imágenes de los techos ganados por los presos y los videos viralizados desde adentro, generaron impacto. Este motín finalizó gracias a una promesa de negociación con los presos. Y cuando se negocia, siempre algo hay que ceder.
En la agenda de medios se instalaba que el presunto acuerdo incluía conmutación de penas y prisiones domiciliarias. En ese momento, se hizo pública una noticia que había pasado desapercibida: el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense Víctor Violini, a través de un habeas corpus colectivo, había permitido días atrás prisiones domiciliarias de manera masiva para la población carcelaria de riesgo.
En crisis, las filtraciones son catalizadores: aceleran los procesos. En este caso, varios audios viralizados cumplieron esa función. Destacaré uno, el del secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, quien explicaba que el objetivo de ese órgano era “trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posibles”. El audio pasó de celular a celular y de ahí a los medios.
Las prisiones domiciliarias masivas ganaron las agendas nacionales mediáticas y de redes. En el oficialismo se desordenó la tropa: declaraciones de referentes políticos en sentidos cruzados dentro del mismo gobierno, explicaciones de apoyo, rechazo y hasta negación de la medida. A la par, familiares de víctimas de casos conmocionantes surgieron como firmes voceros en contra. Y aparecieron más casos testigo, sobre todo ligados a delitos sexuales. Uno en Burzaco, otro en Junín de los Andes. Abusadores de vuelta en sus casas, sin monitoreo, a cuadras de sus víctimas. De la nada al cacerolazo, con escalas en las que nadie atinó a pisar el freno.
Hoy, en un mundo que sufre una pandemia de feroces consecuencias. En un país en cuarentena y con una crisis económica y social pocas veces vista, el tema que más se discute es la prisión domiciliaria de los presos. Toda crisis es un reacomodo relativo de poder. La generada por las prisiones domiciliarias incluye a esferas del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y hasta sectores del Legislativo. También incluye a gobiernos provinciales y a los medios que, conscientes de la reacción emocional que el tema genera en nuestra sociedad, ya lo instalaron en el centro de su agenda. La crisis dentro de la crisis ya está instalada. Veremos en breve cómo termina.
