Del dicho al hecho



Por Federico Recagno Secretario General Organización de Trabajadores Radicales (OTR CABA)

 

“Al que madruga, Dios lo ayuda” o “No por mucho madrugar se amanece más temprano”; “La tercera es la vencida” o “No hay dos sin tres”. Los refranes poseen esa peculiar virtud de tener un contra refrán aplicable en situaciones contradictorias. Como que la ocasión hace al refrán y no al revés.

 

En medio de la crisis, entre tanta cuarentena, economía aletargada, el dólar oficial en aislamiento mientras los pesos salen de las impresoras a la calle de a multitudes, nos tienta el dicho “A río revuelto, ganancia de pescador”.

 

Un tuit despachado por una diputada y economista del Frente de Todos estimula a que el Estado, si subsidia a grandes empresas, que lo haga, no como un regalo sino a cambio de una participación en el capital de las compañías. Esto fue calificado de “interesante” por un ministro y la polémica ya no se detuvo. Las experiencias del Estado argentino como tomador del control de empresas privadas, especialmente industriales, de todo tamaño y ramo, son variadas en cuanto a épocas, orígenes y evolución.

 

Una de ellas se inicia con el Decreto-Ley Nº 17.507, emitido por el gobierno del golpe militar de Onganía, que irrumpió en 1966 bajo la denominación de “Revolución Argentina”. Esa norma de facto estableció un régimen de ayuda financiera para aquellas empresas que, por su preponderancia social, su envergadura económica, su desarrollo tecnológico o su influencia en la economía nacional, regional o zonal se considere conveniente asistir, a solo juicio del Poder Ejecutivo. A cambio del auxilio, las empresas beneficiadas se sometían al control del Poder Ejecutivo en la forma y modo que en cada caso se establezca.

 

La imagen que se conserva de esa época, como resultado de la aplicación del régimen de excepción (cuando no), es la de un Estado propietario de empresas recibiendo en tal carácter cajas que contenían acciones en papel, algunas gráficamente vistosas (recuérdese que para la época los títulos valores eran cartulares/ cartulinas), y después de esa toma del poder volcando en forma regular, sino continua, en las empresas controladas carradas de billetes, que se llamaban asépticamente “transferencias del Tesoro”. Ahí estaba el Tribunal de Cuentas de la Nación participando del inventario de los paquetes recibidos. Esta experiencia estatal se desarrolló y terminó del peor modo posible. Es obvio decir que las administraciones del Estado fueron un completo desastre y, por supuesto, no cumplieron el objetivo de rehabilitar a las empresas.

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Es probable que, una vez controlada la pandemia, salgamos de nuestros refugios para hacer un recuento de daños. Salarios caídos o agachados, Pymes en quiebra, precariedad y escasez laboral, los que tuvieron espaldas harán negocios a bajo precio, como lo señala una canción de Víctor Heredia, ‘Informe de la situación’: “…comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad se llevan hasta la integridad”.

 

Un caso, aún vigente en su discusión, es el de la calcográfica Ciccone. El entonces Ministro de Economía y luego vicepresidente, Boudou, presuntamente salvó, con su gestión y luego de un pedido de quiebra, a la imprenta más grande de la Argentina, con la participación sospechosa de la sociedad Old Fund dirigida por un amigo del entonces funcionario.

 

Incluso, mientras Boudou fue Vicepresidente, es decir Presidente de la Cámara de Senadores, en 2012, se aprobó la ley 26761 de expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), para pasar a la Casa de la Moneda, lo que entorpeció la causa con eje en el ex Vice.

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Un libro interesante por este tema de participación estatal es “El Estado Empresario” de Claudio Belini y Marcelo Rougier (Ed. Manantial). Allí, entre otras acertadas visiones, los autores manifiestan que, en general, los procesos de creación y absorción de empresas estatales no fueron acompañados por la construcción de una burocracia moderna a la vez que sufrieron la falta de autonomía respecto del poder político.

 

Cabe destacar que el Estado, producto de conducciones erráticas e indefiniciones de años, no está en su mejor momento, como así también cada gestión que asoma avanza un escalón más en ocupar cargos que privilegian los acuerdos políticos sobre la solvencia técnica.

 

La polémica prosigue. Tal vez como principio orientador y plural resultaría de mayor aporte que discutamos el documento “Consenso para una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI” elaborado y luego suscripto por varias entidades en 2019 que propone: “En un contexto en que el Estado tiene que dar respuesta a problemáticas de alta complejidad, sociales, económicas, regionales e internacionales, surge la necesidad de contar con una administración pública acorde a los desafíos que enfrentamos. Ello requiere de unos funcionarios públicos altamente preparados, competentes, imparciales, íntegros y comprometidos con los valores democráticos”.

 

A la hora de los proverbios hay uno que dice que “el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra”. El número dos de las veces del refrán, a los argentinos, nos queda corto. Para evitar tanto tropiezo desdichado sería prudente mirar y apreciar un poco más la tierra que pisamos.

 



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