Al borde del abismo: Uruguay y la gran crisis bancaria de 2002

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Por Sebastián Galiani Profesor de economía de la Universidad de Maryland

 

Todo comenzó en Argentina…A mediados de 2001 el país tenía dificultades para refinanciar su deuda pública. Esto afectó al sector bancario por dos motivos. Directamente, pues poseían en sus carteras bonos del Tesoro Nacional y provinciales, los cuales tenían dificultades para ser servidos. Indirectamente, pues una crisis de deuda haría imposible la Convertibilidad de la moneda, afectando de alguna forma los contratos económicos y, en particular, dejando a los bancos muy expuestos pues habían tomado depósitos en dólares y habían realizado préstamos a productores de bienes no comercializables quienes tendrían dificultades para devolverlos.

 

La situación fue generando una desconfianza creciente entre los ahorristas, que se fue traduciendo en la perdida de depósitos del sistema bancario. Finalmente, el 3 de diciembre, el Gobierno de Fernando De la Rúa decidió congelar el retiro de depósitos bancarios. La situación política en Argentina era muy endeble. El vicepresidente Carlos Alvarez, en un mayúsculo acto de irresponsabilidad política, había renunciado a su cargo, abriendo las alas del deseo peronista por acceder al poder en caso de acefalia. Ello quedó expuesto cuando se debió reemplazar al presidente provisional del Senado, Mario Losada. El bloque peronista, cambiando los usos y costumbres, impuso a un senador propio en ese cargo: Ramón Puerta. Este, finalmente, sucedió al presidente De la Rúa, quien renunció el 20 de diciembre de 2001 después de una ola de “dudosos saqueos en el conurbano bonaerense” (ver Corach, 2011) y los actos de violencia en el microcentro que dejaron un elevado número de heridos y muertos.

 

En los días siguientes, el presidente Adolfo Rodríguez Saá declaró un default sobre la deuda del país y, luego, el presidente Eduardo Duhalde –el hombre del conurbano- abandonó la convertibilidad de la moneda sin contar con un plan para enfrentar los problemas contractuales que ello implicaba, lo que lo obligó en un plazo muy breve a intervenir el sistema bancario, convirtiendo los depósitos bancarios y las deudas privadas en dólares a pesos a un tipo de cambio muy inferior al de mercado.

 

En Uruguay, la situación tampoco estaba bien. Hacia fines de 2001, el PIB había acumulado una caída de 11%, en gran medida debido a la disminución de sus exportaciones a Brasil. Ello deterioró las cuentas fiscales, lo cual contribuyó a incrementar el endeudamiento del Gobierno, el cual, por razones históricas, estaba mayormente denominado en dólares. A esto se le sumó una sequía y un brote de aftosa.

 

El sector financiero también presentaba una situación de fragilidad. Existía una cuantiosa suma de depósitos en dólares pertenecientes a residentes argentinos, los cuales superaban en tres veces las reservas del Banco Central de Uruguay (BCU). Muchos bancos habían prestado esos depósitos a largo plazo en unidades ajustadas a salarios, lo que los hacía muy vulnerables a la situación financiera argentina. Incluso, algunos bancos uruguayos además tenían una exposición excesiva a deuda soberana argentina. Así fue como, cuando el devenir de los hechos en Argentina fue mostrando situaciones inverosímiles para la población uruguaya, las expectativas sobre la solvencia del sistema bancario se deterioraron, y ello desató una corrida bancaria. A esto se suma que los bancos uruguayos eran una fuente importante de liquidez para los ahorristas argentinos, los que también comenzaron a retirar sus depósitos del sistema. En febrero de 2002, la situación llego al Financial Times que escribió sobre el riesgo del contagio financiero al que estaba expuesto el sistema financiero uruguayo.

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El 14 de febrero, Standard & Poors rebajó la calificación de la deuda uruguaya por debajo del grado de inversión. Su justificación era el debilitamiento de la consistencia fiscal, las dificultades nacientes en su sistema financiero y los signos de reversión del financiamiento externo.

 

A pesar de esta situación, a fines de marzo de 2002, Uruguay acordó un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no contemplaba para nada las dificultades financieras por las que atravesaba el país. Su único objetivo era ordenar las cuentas fiscales. Suele decirse que el FMI estaba desorientado y no sabía como tratar los efectos de contagio financiero además de haber quedado golpeado tras el fracaso del programa con Argentina de agosto de 2001. A mediados de abril, comenzó a quedar claro que la crisis financiera en Uruguay era profunda y que el programa de marzo con el FMI no era suficiente para lidiar con ella.

 

Las autoridades económicas uruguayas comenzaron a planificar un programa para enfrentar la crisis financiera y, para ello, el 1° de mayo se reunieron con el subsecretario para Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos, John B. Taylor –profesor de Economía de la Universidad de Stanford–. Esto creó una línea de contacto permanente entre las autoridades uruguayas y las del Tesoro de EE.UU., la cual tuvo un rol muy importante en la resolución de la crisis. Pero la corrida bancaria se intensificó en mayo y las autoridades uruguayas le plantearon al FMI la necesidad de un nuevo programa, ya que el de marzo había quedado obsoleto. Esto no debe resultarnos sorprendente ya que las crisis financieras son siempre situaciones de mucha incertidumbre en las que el horizonte de planeamiento temporal se reduce significativamente y la situación puede imponer incluso más de un cambio en cortísimo plazo.

 

Luego de una misión encabezada por el subdirector gerente del FMI, Eduardo Aninat, se formalizó en junio un nuevo programa. Este requería que el BCU deje primero flotar su moneda. Uruguay lograba así destrabar mayores fondos frescos. El programa aprobado el 25 de junio, como porcentaje del PIB (19%), era el más grande otorgado por el FMI a país alguno.

 

Sus condicionalidades eran un superávit primario que debía converger a 4% del PIB en el 2004, reformas para inducir un mayor crecimiento económico y la creación del Fondo de Fortalecimiento del Sistema Bancario (FFSB), que buscaba incrementar la confianza en el sistema financiero. Por su intermedio se le aportaría liquidez y eventualmente capital a instituciones que cumplieran con requisitos mínimos de sostenibilidad bancaria.

 

La carta de intención contenía referencias a la operativa de intervención en el mercado cambiario y a los montos que se podían destinar a apuntalar al sistema financiero. Se especificaba que la intervención en el mercado bancario a fines de julio no podía superar los US$ 50 millones en el mercado de cambios. Además, agregaba que las reservas brutas no podían declinar en más de US$ 300 millones en cualquier lapso de 5 días, obviamente, excluyendo los montos destinados al servicio de deuda. Claramente, la estrategia del FMI no contemplaba la necesidad de tener que inyectar masivas dosis de liquidez al sistema –algo que hasta hoy continúa siendo un problema para el FMI–. Lamentablemente, la salida de depósitos devoró en dos semanas el desembolso inicial del nuevo programa.

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Hacia fines de julio, las autoridades uruguayas se reunieron en Washington D.C. con Aninat, quien les pidió que avancen en una reprogramación de depósitos sin liquidez adicional. Las autoridades uruguayas, no sin razón, temían que ello generaría un colapso en la cadena de pagos y una depresión económica. Aninat les aseguro que no habría aportes adicionales de fondos para el país por parte de la comunidad internacional.

 

Uruguay declaró un feriado bancario e intensificó sus negociaciones con el subsecretario Taylor. La situación era dramática. No se podría levantar el feriado sin reprogramar los depósitos. La cuestión era hacerlo de la forma menos costosa posible. Finalmente, Taylor les comunico que había conseguido recursos adicionales por US$ 1.500 millones y que estos debían aplicarse a sostener la cadena de pagos. Solo debían reprogramarse los depósitos a plazo, pero no las cuentas corrientes ni las cajas de ahorro. Los funcionarios uruguayos quedaron sorprendidos pues Taylor también les anticipó que los fondos adicionales provendrían del FMI mediante un nuevo programa. Asimismo, les informó que, dada la urgencia, sería el Tesoro el que adelantaría los fondos para que estuviesen disponibles rápidamente.

 

El Gobierno uruguayo necesitaba aprobar durante el fin de semana una ley que le permitiese reprogramar los depósitos de los bancos públicos, cerrar el Banco Hipotecario de Uruguay y declarar la quiebra de otros bancos. Los expresidentes Julio M. Sanguinetti y Luis A. Lacalle apoyaron al Gobierno del presidente Jorge Battle en la aprobación de esa ley mientras que el Frente Amplio no lo hizo. Finalmente, cuando todo parecía encaminado, el FMI planteó que la deuda uruguaya no era sostenible y que el país debía restructurarla. Por supuesto, las proyecciones del Gobierno uruguayo eran distintas. Ese tipo de ejercicios son muy sensibles a los supuestos que se toman por lo que nunca son precisos, e implican siempre una ardua discusión entre el país y la burocracia del FMI.

 

El jueves 1° de agosto, Aninat les comunicó a las autoridades uruguayas que la carta del nuevo programa le exigía a Uruguay iniciar acciones inmediatas para restructurar su deuda. Si bien esto no había sido discutido anteriormente, la cuestión finalmente se resolvió recién a la semana siguiente. Uruguay solamente se comprometió a comenzar acciones genéricas y sin metas temporales para reducir su endeudamiento externo. El FMI había pasado a ser su principal acreedor.

 

El 9 de agosto, el directorio del FMI, dando un viraje de 180 grados en relación a su postura de las semanas previas, aprobó un nuevo programa, que permitió superar la crisis bancaria en Uruguay. Quedaba por delante, como había señalado el FMI, el problema del alto endeudamiento del país. De ello, nos ocuparemos en la próxima nota.

 

Referencias

Carlos Steneri (2011): Al Borde del Abismo: Uruguay y la gran crisis del 2002-2003, Ediciones de la Banda Oriental.

Carlos Corach (2011): 18.885 días de política: Visiones irreverentes de un país complicado, Editorial Sudamericana.

 



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