Sería arbitrario perseguir por relocalización, dicen los tributaristas

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La titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, confirmó ayer que el organismo está llevando adelante un trabajo de fiscalización “muy fuerte” sobre los grandes contribuyentes que hicieron cambio de domicilio a países vecinos durante el año pasado, y anticipó que se utilizarán datos del último blanqueo de capitales “para hacer una política tributaria más progresiva”.

 

“El año pasado, aumentó enormemente la cantidad de personas que hicieron cambios de domicilio y los estamos evaluando”, sostuvo Marcó del Pont durante una entrevista radial. “Hay una cantidad de parámetros e indicadores que estamos tomando para ver si eso tiene un objetivo genuino”, explicó.

 

De acuerdo con la funcionaria, se encuentran analizando 17 casos de cambio de su radicación que se dieron durante el año pasado, mientras que, según detalló, el ritmo habitual era de entre dos y tres casos por año. Dicho ritmo se habría acelerado a partir de agosto, tras el triunfo del kirchnerismo en las PASO, que según especialistas desde entonces las consultas para cambio de radicación se aumentaron exponencialmente.

 

“Los recientes cambios en el impuesto sobre los Bienes Personales actuaron como un disparador en algunos contribuyentes que decidieron reubicarse en otros países”, indicó ante El Economista Diego N. Fraga, socio de Rctzz Abogados. “Es razonable que la Afip controle si los cambios de domicilios son reales, pero en la medida en que se cumpla con los requisitos establecidos por la ley, este organismo no tendría nada para objetarle a esos ex contribuyentes”, afirmó.

 

Según el especialista, incluso serían válidos tales cambios si los motivos obedecen a la actual alta presión impositiva del país, aspecto en el cual la Afip “no debería poder inmiscuirse”. “En Argentina, afortunadamente, no existe un ‘exit tax’, por lo que resultaría arbitrario que se persiga a quienes han tomado la compleja decisión de mudarse con su familia y sus negocios hacia otras plazas más amigables en materia fiscal si cumplieron con las condiciones exigidas por la ley”, explicó.

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“La Afip tiene amplias facultades para determinar los impuestos que se deben abonar. Sin embargo, dichas facultades no la habilitan a indagar sobre los ‘objetivos genuinos’ o la motivación que lleva a una persona a cambiar su residencia”, afirmó ante este medio el tributarista Ricardo Paolina, socio de Lisicki, Litvin & Asociados. “Por el contrario, la Afip tendrá que limitar su accionar a verificar si efectivamente una persona que solicitó la baja de los impuestos con motivo del cambio de residencia cumple con los requisitos exigidos”, detalló.

 

Siguiendo su explicación, una vez cumplido los requisitos indicados, el Fisco no tendrá muchas facultades para cuestionar la falta de pago del impuesto. “Como se puede apreciar, se descarta cualquier accionar discrecional de parte de la Afip vinculados con la determinación de la residencia de las personas, ya que existen parámetros objetivos de medición, con lo cual aquellas personas que cumplan los requisitos determinados no deberán preocuparse por las facultades de verificación que tiene el organismo”, aclaró.

 

Según Fraga, existe un punto importante que probablemente dé lugar a discusiones legales y es el de la vigencia de uno de los cambios introducidos por la Ley 27.541 en la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales: esta normativa estableció, con efecto desde el período fiscal de 2019, que el sujeto del impuesto se debe regir por el criterio de “residencia” (utilizado en la ley del impuesto a las ganancias), quedando sin efecto el criterio de “domicilio” (el cambio se produce inmediatamente, sin la necesidad de permanencia que exige el criterio de la residencia).

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“En mi opinión, la aplicación de esta norma resulta inconstitucional respecto de aquellos sujetos que mudaron su domicilio antes de la entrada en vigencia de la ley, pues dejaron de ser contribuyentes antes de que rija esta última, con derechos adquiridos. Cualquier pretensión de gravarlos con el impuesto sobre los Bienes Personales como si fuesen residentes podría ser repelida con razonables argumentos en la Justicia”, indicó.

 

También, según indicó Fraga, generará litigiosidad “la supuesta pretensión de la Afip de avanzar contra los trusts irrevocables, desconociendo la existencia legítima de esa figura que implica un desapoderamiento de los bienes similar al de una donación”.

 

Uruguay

 

De acuerdo con Paolina, en el caso puntual de Uruguay, que es uno de los lugares preferidos por los argentinos para radicarse, el convenio para evitar la doble tributación establece una secuencia de parámetros a analizar. El primero está relacionado con determinar el lugar de residencia permanente: si existe una residencia permanente en ambos países, entonces corresponderá analizar el centro de intereses vitales.

 

Esto se refiere al lugar donde se generan los negocios, identificando los distintos países de donde provienen las rentas. Si tampoco puede resolverse por este medio, corresponderá analizar el lugar donde el contribuyente permanece más días en el año. Por último, si no fuera posible esto, corresponderá considerarlo residente según su nacionalidad.

 

A principios de enero, el Presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo que buscará atraer a empresarios extranjeros para que se radiquen en ese país y se enfocará principalmente en los argentinos, a quienes espera captar 100.000 en cinco años. El plan se llevaría a cabo mediante beneficios impositivos y flexibilización de regulaciones para el ingreso de capitales.

 



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