Basterra negociará con el campo y se desinfla la tensión (por ahora)

El titular de Agricultura recibió al bloque rural tras cerrar el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior


En el marco de la tensión entre el Gobierno y el sector del campo por la posible suba de retenciones a las exportaciones, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se reunió ayer con los representantes de las entidades que conforman a la Mesa de Enlace, que desde hace varios días se encuentra expectante ante el probable incremento de tres puntos porcentuales que le aplicarían a la soja y analizando las posibles medidas a tomar.

 

Sin embargo, el extenso encuentro (de casi tres horas) de ayer aflojó un poco las tensiones entre las partes. Por lo menos, por el momento. Según indicaron los referentes del bloque rural al término de la reunión, el Gobierno accedió a revisar la eventual medida y negociar con el sector. Por lo tanto, de acuerdo con los representantes de la entidad, dicho incremento de retenciones aún no está confirmado.

 

Además, indicaron que, en principio, no se prevé que el presidente Alberto Fernández anuncie la eventual suba de tasas en los derechos de exportación a la soja el 1 de marzo durante la apertura de sesiones en el Congreso. Esto, sin embargo, está en duda.

 

“Por ahora, no es una decisión tomada”, aseguraron a la salida del encuentro el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Cheme, y hablaron incluso de que podría haber bajas en algunas alícuotas.

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En ese sentido, señalaron la apertura de una negociación con el Gobierno, por lo que la entidad le pidió paciencia a los productores.

 

“No va a haber ningún anuncio hasta que no terminemos de concretar el análisis de los números producto por producto”, aclaró Cheme a la prensa tras el encuentro en la sede de la cartera agropecuaria, del que también participaron Carlos Iannizzotto y Daniel Pelegrina, titulares de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), respectivamente.

 

En ese sentido, Chemes aseguró que salieron de la reunión “un poco más tranquilos” respecto a antes de ingresar a la misma. No obstante, Chemes aseguró que, en caso de no llegar a un acuerdo en los próximos días con los números que “necesitan”, tomarán “medidas de emergencia”.

 

“Este ministro (Basterra) y otros más nos dijeron que la solución viene por las exportaciones. Entonces no entendemos por qué aumentar las retenciones. Seguiremos insistiendo (para lograr una baja), porque entendemos que hay una discriminación injusta hacia el sector y que hay muchos y mejores mecanismos de recaudación como el impuesto a las ganancias que, asimismo, es un aporte coparticipable”, afirmó Pelegrina.

 

Lo anunciado ayer no implica que el Gobierno haya descartado la decisión de llevar adelante el incremento previsto: por el momento, lo concreto es que revisará la medida en los próximos días y negociará con el sector. La semana que viene, tienen previsto una nueva reunión entre las partes para seguir negociando el esquema de retenciones.

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El encuentro de ayer se produjo luego de que el miércoles, la cartera que conduce Basterra dispusiera cerrar hasta nuevo aviso el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior para este sector, lo cual incrementó la expectativa de un inminente aumento de tres puntos porcentuales en los derechos de exportación de soja para ubicar su alícuota en 33%.

 

Perjudicial e innecesario

 

Los cálculos indican que la eventual suba de retenciones a la soja implicaría un conflicto que no traerá grandes beneficios al Estado: según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), la recaudación que implicaría esta medida, con exportaciones promedio de US$ 15.500 millones del complejo sojero, la elevación de los tres puntos porcentuales de retención generarían sólo US$ 465 millones de recaudación extra.

 

De esta manera, con recursos estimados en poco más de $ 3,9 billones para este año, que serían unos US$ 56.000 millones (estimando el tipo de cambio a $ 70 por dólar), el impacto de esta medida que afecta al sector sería de apenas 0,8% sobre la recaudación de 2020.

 



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