Tensión por el BP21: ¿una jugada coordinada entre Kicillof y Guzmán?

DEUDA PBA KICILLOF GUZMÁN


En medio de la tensión por la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respecto a proponer a los acreedores postergar para el 1 de mayo el vencimiento de deuda del bono BP21, el cual estaba previsto para el 26 de enero, Hernán Lacunza entró al ruedo. Según Lacunza, que fue ministro de Economía de esa provincia durante casi toda la gestión de María Eugenia Vidal (hasta que pasó al plano nacional en agosto de 2019, en la recta final de la presidencia de Mauricio Macri), la provincia cuenta con recursos para cubrir los vencimientos de enero.

 

“La deuda actual de la provincia (de Buenos Aires), unos US$ 11.160 millones (flotante incluida), es algo inferior a la de fines de 2015 (US$ 9.400 millones registrados y unos US$ 1.800 millones ‘escondidos’ en las estadísticas públicas: US$ 900 millones con el Bapro (Banco Provincia), US% 600 millones a proveedores, US$ 100 millones a municipios)”, apuntó el exfuncionario desde su cuenta de Twitter.

 

“Con los $ 33.000 millones de caja que dejó el gobierno anterior, la autorización de deuda por $ 67.000 millones y $ 8.000 millones de Letras, más los recursos que proveen la ley impositiva provincial y de emergencia nacional, podrían cubrirse los vencimientos de enero para encarar una negociación integral”, afirmó Lacunza.

 

En tanto, los analistas consideran que la decisión de Kicillof podría ser una estrategia de negociación coordinada con la Nación, cuyo ministro de Economía, Martín Guzmán, hace varios días descartó darle una ayuda financiera, lo cual fue ratificado posteriormente por el presidente Alberto Fernández. No obstante, señalan que el gobernador bonaerense sacaría el mayor provecho (o el total) de dicha estrategia.

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Los analistas consideran que la decisión de Kicillof sería una estrategia, la cual beneficia sólo al gobernador bonaerense.

 

“Si bien fue tras las declaraciones de Guzmán que Kicillof anunció solicitar a los acreedores postergar el pago, todo hace pensar que no fueron hechos aislados, sino coordinados. La provincia ya movió su primera pieza y ahora queda en manos de los acreedores dar el consentimiento o no, teniendo en cuenta para su decisión lo manifestado por Guzmán”, señaló ante El Economista Alejandro Kowalczuk, director de Asset Management de Argenfunds.

 

Kowalczuk considera que la provincia hará todos los esfuerzos necesarios para conseguir el 75% de adhesión por parte de los acreedores para postergar el pago para el 1 de mayo y que los incentivos de tenedores apuntan en el mismo sentido: “habrá consenso para reprogramar el pago, esperar que se cierre la reestructuración de deuda nacional y recién ahí encarar un proceso de reestructuración integral de la deuda de la provincia”, estimó.

 

“Me parece que es más una estrategia (asimétrica) de Kicillof que se la termina imponiendo a la Nación. Si sale bien, Kicillof se lleva la cucarda y el costo del mientras tanto lo paga la Nación. Y como plus, la provincia de Buenos Aires le empieza a marcar la cancha a la Nación en la reestructuración”, comentó en diálogo con este medio Gabriel Caamaño, director de la consultora Ledesma.

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Jorge Bertolino, economista y asesor de inversores, estima que es “bastante obvio” que la postura del gobernador bonaerense se trata de una estrategia y que fue consensuada con la Nación, no una mera iniciativa provincial. “Si la estrategia es buena o mala, ya eso es otra cuestión”, apuntó el especialista.

 

“Mientras haya una negociación entre la provincia de Buenos Aires y las acreedores privados, evidentemente tiene que primar una estrategia de contener el riesgo moral. Es decir, no podría haber negociación entre la provincia y los acreedores mientras exista la expectativa de que pueda haber un salvataje financiero por parte de la Nación. Tiene sentido que en el marco de la negociación se corra la idea del salvataje. Pero los acreedores tampoco son tontos y saben que el Gobierno Nacional se juega mucho y deja caer a la provincia, sobre todo con un vencimiento de US$ 275 millones”, afirmó a El Economista Federico Furiase, director de la consultora EcoGo.

 

Por su parte, Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, consideró: “Políticamente puede ser una estrategia y que ya tenga acordado el canje para aplicar las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), y que esto sea simplemente para criticar a la gestión anterior. Aunque me parece un poco caro en términos de la Nación: la noticia contagió a los títulos soberanos”. No obstante, agregó: “No me queda claro cuál sería el beneficio de decir que no va a pagar”.

 



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