Tras la fuerte suba en las alícuotas en el impuesto a los Bienes Personales que impuso el Gobierno Nacional en diciembre, ayer implementó, mediante un decreto, beneficios impositivos sobre este tributo y con diferentes opciones para estimular a los contribuyentes a que traigan al país los fondos que tienen en el exterior.
De acuerdo con la normativa, los fondos que sean repatriados antes del 31 de marzo y que representen al menos el 5% del total de los bienes en el exterior serán beneficiados con una baja de un punto porcentual de la alícuota y además podrán utilizarse para adquirir valores destinados a la inversión productiva. Así lo indicaron ayer fuentes del Ministerio de Economía. Según datos oficiales, los fondos registrados en el exterior ascienden a unos US$ 70.000 millones.
Los tributaristas coinciden en que la medida es positiva y que podría tener un buen efecto en convencer a los contribuyentes a que traigan al país los fondos que tienen radicados en el exterior. “Lo que hizo el Poder Ejecutivo fue buscar las alternativas más 'vendibles' de colocación de la repatriación del 5%, con lo cual hoy por hoy parecería ser bastante atractiva la posibilidad de repatriar para pagar un porcentaje menor”, indicó ante El Economista Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados.
Siguiendo al especialista, la normativa abre tres caminos para el inversor a la hora de pagar menos impuestos: vender en el Mercado Unico y Libre de Cambios (Mulc); invertir en Fondos Comunes de Inversión (FCI); la suscripción de un fideicomiso financiero administrado por el Bice. Sasovsky advierte que la primera opción significaría perder el 30%, al tiempo que remarca el “amplio abanico de oportunidades” que se abre con los FCI, lo que además ayudaría a este tipo de instrumentos que se vieron afectados a partir del reperfilamiento que se implementó en agosto.
“La opción de liquidar las divisas en el Mulc no es una alternativa que resulte atractiva, teniendo en cuenta la gran brecha que existe entre el valor real del dólar con el oficial (que termina resultando más onerosa que la propia alícuota agravada)”, afirmó el abogado tributarista Diego N. Fraga, socio de Rctzz Abogados, en diálogo con este medio.
Para el caso de los fideicomisos del Bice, Fraga señala que habrá que esperar a su instrumentación para considerar si resulta atractiva. En cambio, según su opinión, la posibilidad de invertir el dinero en FCI “permitirá un menú de opciones más interesante para el que repatrie. De esta manera, el dinero repatriado podrá ser canalizado hacia inversiones productivas de distinto tipo, según el fondo y los activos subyacentes de que se trate”.
Por su parte, el tributarista Ricardo Paolina, socio de Lisicki, Litvin & Asociados, coincide en resaltar que “resulta alentador la posibilidad de invertir en FCI abiertos o cerrados sujetos al control de la Comisión Nacional de Valores, como lo fueron los fondos de inversión en inmuebles que surgieron a partir de la ley de blanqueo de capitales que se implementó en 2016”.
“Un aspecto positivo de esta modificación es la libertad de disposición de los fondos repatriados, ya que no deben mantenerse en una cuenta especial inmovilizados hasta el 31 de diciembre al permitir su colocación en caja de ahorro o plazos fijos en dólares por periodos cortos. De esta manera, en casos de incertidumbre económica, el contribuyente podría disponer de los fondos pagando el impuesto omitido más los intereses”, explicó Paolina ante El Economista.
Sin embargo, Fraga advierte que, para el caso de los FCI, “un inconveniente con el que se topa esta opción es el escaso tiempo que existirá para la repatriación, que limitará la posibilidad de creación de nuevos fondos de inversión” y agrega que posiblemente los más conservadores preferirán dejar su dinero repatriado en una caja de ahorro o en un plazo fijo de una entidad financiera hasta el 31 de diciembre de 2020.
“Más allá de eso, algunos contribuyentes preferirán negarse a la repatriación y tributar la alícuota diferencial para evitar los riesgos que supone ingresar una parte considerable del patrimonio”, advierte Fraga, que en ese sentido remarca que “es necesario que el Gobierno emita señales hacia el avance en el diseño de un régimen tributario previsible y que asegure que se va a respetar la propiedad privada”.
