Por Héctor Rubini Economista Universidad del Salvador (USAL)
El ajuste fiscal en curso viene acompañado de una serie de medidas que apunta a delinear la secuencia descripta en junio pasado por el economista Alvarez Agis: “congelar la distribución del ingreso” en el primer año, y si después la economía vuelve a crecer, mejorarla. Si la fase inicial se consolida, la segunda, de una renegociación rápida de la deuda, abriría paso a un plan fiscal con foco en la distribución progresiva del ingreso y en incentivos sectoriales al crecimiento. Su contenido, todavía es desconocido y nada se ha anticipado públicamente.
Sólo el BCRA ha definido un aparente compromiso con la estabilidad de precios, pero subordinado a financiar las necesidades del Tesoro. Necesidades por ahora inciertas, al menos hasta que no se resuelva la reestructuración de la deuda, y luego el Poder Ejecutivo envíe su proyecto de Ley de Presupuesto 2020 al Congreso de la Nación. Pero si no hay acuerdo este año no se enviaría.
El objetivo de redistribución progresiva se focaliza por ahora en el aumento en la Asignación Universal por Hijo, y las subas de suma fija para asalariados y los jubilados y pensionados de más bajos ingresos. El paquete de aumentos de impuestos, más el abandono de la indexación “heredada” de las jubilaciones, excede, como observamos la semana pasada esas erogaciones. Es un resultado neto contractivo que las autoridades intentan suavizar con otras medidas intervencionistas: a) doble indemnización por despidos por 180 días, b) congelamiento de tarifas públicas por 180 días, c) congelamiento de precios de combustibles al menos hasta el próximo 1° de febrero (no se descarta su prórroga), d) congelamiento de peajes de rutas nacionales y bonaerenses hasta que se concluya la revisión del marco regulatorio en la materia, e) prórroga al menos hasta fin de enero de las cuotas de créditos UVA hasta que el BCRA reglamente un nuevo régimen, f) aumento limitado de los alimentos beneficiados por el no pago de IVA hasta fin de diciembre pasado. A su vez, la suba de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarias, que aumenta el retraso de los precios internos respecto de los internacionales. Un paquete que se complementará con pautas de subas de suma fija de salarios y jubilaciones con un sendero futuro todavía incierto.
El esquema apunta a sentar las bases para un giro hacia un sendero de más baja inflación. Sin embargo, su sustentabilidad futura depende, de mínima, de dos variables no directamente manejables por el gobierno: el exceso de demanda de bienes y servicios (reflejado en el saldo deficitario de la cuenta corriente de la balanza de pagos), y el de moneda extranjera (reflejo, a su vez, de un crónico exceso de oferta de pesos). Revertir el primero exige un tipo de cambio real presente alto y con tendencia a la suba.
Revertir el segundo exige un tipo de cambio nominal esperado ya alto y con tendencia estable o a la baja. Conciliar una cosa con la otra exige, crecimiento de la oferta de bienes a mayor velocidad que su demanda y crecimiento de la demanda de dinero a mayor velocidad que su oferta. Ninguna de las dos cosas está asegurada, al menos hasta ahora.
Lo que se requiere es entender cómo se reducirán las trabas al crecimiento y cuán coherente sería eso con un sendero de inflación futura permanentemente a la baja. Esto último es lo mínimo para “desdolarizar” activos y neuronas de manera sostenida, pero que requiere no menos de dos décadas. También para evitar subas de costos que se traduzcan a incrementos de precios que terminen atrasando el tipo de cambio real y forzando un cierre mayor de la economía por la inevitable pérdida de competitividad. A su vez, una reestructuración productiva sólida y sostenible exige medidas fiscales más amigables para la inversión de largo plazo. En otras palabras, reversión del “impuestazo” actual, pero que probablemente exija cierta reducción del gasto público corriente, hoy políticamente inaceptable.
Sin un sendero claramente definido, la suerte futura depende, también de otros factores no totalmente controlables por las autoridades: a) concluir la negociación de la deuda en pocos meses y sin dejar al país bajo acciones judiciales y amenazas de embargos de acreedores externos, b) lograr reajustes salariales y jubilatorios que no generen conflictividad, quiebras de empresas, y juicios cruzados, y c) lograr con el sector empresarial conciliar las pautas salariales con subas de precios moderadas que no empeoren su posición de liquidez ni su futuro como empresas. Caso contrario, la secuencia de “congelar ingresos” primero, para después reconvertir la producción, crecer y redistribuir, y con inflación a la baja y sin efectos
negativos en la asignación de recursos, suena a un mero ejercicio de voluntarismo.
Bloquear la movilidad de capitales y de divisas, y congelar precios e ingresos puede frenar una dinámica de caída de actividad y de reservas del BCRA con inflación y suba del tipo de cambio. Pero a esto puede seguir la percepción de inflación y devaluación reprimida hasta el día después de los controles. A favor de las autoridades juega la viabilidad de sentar a la mayoría de los actores sociales en un intento de acuerdo social para políticas de estado a futuro. Pero el manejo de la coyuntura se puede complicar si la cuestión de la deuda no se resuelve en este año y si las percepciones de riesgo y las tasas de interés no bajan de manera contundente. Algo que, no es fácil de lograr si el foco de la política oficial es reducir los beneficios empresariales y redistribuirlos a trabajadores y no trabajadores. Si el único objetivo es aumentar salarios para sostener la demanda agregada, desincentivando a la producción local vía suba de impuestos, tarde o temprano se acelera la inflación, conduciendo a un nuevo aumento de tasas de interés y caída de tipo de cambio real. Resultado: caída de la inversión, y reversión de las mejoras iniciales en las exportaciones netas.
Lo que se requiere, por tanto, es un programa económico coherente y sostenible. La restricción de divisas y las necesidades de acumulación y renovación del capital físico y humano juegan un papel central, al igual que los incentivos y desincentivos para la inversión y el empleo de trabajadores. Pero también un marco institucional jurídicamente percibido como seguro, no sujeto a los cambios de gobierno, o a la discrecionalidad y humores del Presidente de turno. Todo dependerá de las decisiones que se tomen en el primer semestre del año, que probablemente sea el que marque con claridad buena parte del rumbo de la economía argentina al menos hasta las elecciones legislativas del año próximo.
