Por Romina Gayá Consultora en comercio de servicios e Investigadora Adjunta del IICE-USAL
A nivel mundial, los sectores vinculados con la economía del conocimiento son considerados estratégicos por su dinamismo y potencial de crecimiento, así como por la creación de empleo de calidad. Así, cada vez más países -entre ellos muchos de América Latina- están implementando distintos esquemas de apoyo a este tipo de actividades.
En Argentina, luego de que la ley de promoción de la industria del software contribuyera al desarrollo del sector durante los últimos 15 años, en 2019 se aprobó casi por unanimidad (solo votaron en contra dos diputados de izquierda) la ley que crea el Régimen de Promoción de Economía del Conocimiento. Este esquema fue muy bien recibido por el sector privado, tanto por las empresas de software y servicios de informática -porque implicaba la continuidad de un esquema de incentivos para el sector- como por las de otros sectores como audiovisual, biotecnología, nanotecnología, industria 4.0, entre otros.
Entre los principales beneficios previstos por esa ley se destacan la reducción de la alícuota de impuesto a las ganancias de 30% a 15%, la eliminación del problema de doble imposición (por la posibilidad de descontar del pago de impuesto a las ganancias las retenciones sufridas en el exterior en concepto de impuesto a la renta, aun en ausencia de acuerdos para evitar la doble tributación), un mayor monto mínimo no imponible (MNI) para el cálculo de los aportes patronales y un bono de crédito fiscal proporcional al MNI.
El cambio constante en las reglas de juego no es bueno para nadie y es una pésima decisión quitar previsibilidad a un sector estratégico.
Pocos días antes de la entrada en vigor del régimen de promoción, la "ley de solidaridad" prácticamente eliminó uno de los principales beneficios al reducir el MNI aplicable en 2020 de $26.000 a $7.000 pesos aproximadamente.
Como si esto fuera poco, ayer se publicó en el Boletín Oficial de una resolución que deja sin efecto la reglamentación de la ley de economía del conocimiento y suspende los plazos de análisis de las solicitudes de adhesión al régimen de promoción.
Esta situación deja al sector ante una enorme incertidumbre, pues no queda claro cómo y cuándo se reglamentaría la ley (podría suceder pronto, demorar mucho tiempo o bien no suceder nunca) e incluso se comenta que se podría comenzar a discutir un nuevo marco legal.
El cambio constante en las reglas de juego no es bueno para nadie y parece una pésima decisión quitar previsibilidad a un sector estratégico, particularmente en un momento en que Argentina necesita desesperadamente atraer inversiones, generar empleo y expandir sus exportaciones. Es más, dado que se trata de actividades donde en general se requieren pocas inversiones en capital físico, la incertidumbre podría no solamente frenar nuevos proyectos, sino también motivar a muchas empresas instaladas aquí a buscar nuevos destinos para sus inversiones.
