Por Eduardo R. Ablin Embajador
Estados Unidos (EE.UU.) inició en febrero de 2018 una agresiva política comercial al implementar “salvaguardias” de carácter global a la importación de paneles solares (US$ 8.500 millones de importaciones en 2017) y lavarropas (US$ 1.800 millones de importaciones), aplicando aranceles extraordinarios del 30% y 20% respectivamente, en el marco de normativa claramente prevista en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En marzo, dicha tendencia se profundiza, al imponer “erga omnes” aranceles sobre aceros (25%) y aluminio (10%) ?invocando normativa unilateral de dudosa conformidad con la OMC? : a) en materia de seguridad (Sección 232 de la Trade Expansion Act 1962) y b) investigaciones previas desarrolladas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio 1974)
Aún cuando la República Popular China (RPC) no se encontraba entre los principales proveedores de tales productos a EE.UU. (US$ 2.500 millones en 2017, último año hasta entonces con estadísticas completas disponibles), asumió el liderazgo contestatario al interpretar con alto grado de verosimilitud que la medida equivalía a una salvaguardia encubierta, sin límite temporal ni compensación, recurriendo por ende al Esquema de Solución de Diferencias (ESD) de la OMC.
Arrogándose por ello el derecho a exigir una compensación en caso de confrontarse una salvaguardia no declarada, respondió imponiendo aranceles retaliatorios (15-25%) sobre productos importados de EE.UU. por valor de US$ 3.000 millones (chatarra de aluminio, carne porcina congelada, vino y champaña embotellados, alcohol etílico, frutos secos y una extensa lista de frutas frescas, deshidratadas o congeladas).
A partir de allí, las medidas unilaterales de EE.UU. se concentraron específicamente contra la República Popular China (RPC), acorde con un claro diseño concebido con su respectivo calendario, sintetizado en la siguiente secuencia.
Inician ante la OMC un caso bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 ?normativa unilateral destinada a prevenir abusos contra empresas de EE.UU. ?alegando prácticas discriminatorias para la inversión en el territorio de la RPC, al señalar que la normativa china obliga a inversores extranjeros a asociarse con empresas locales, a las que deben transferir tecnología sensible sin costo ni compensación, estimando perjuicios sufridos por US$ 48.000 millones.
Restringen la inversión de empresas de origen chino en sectores tecnológicos clave de EE.UU., imponiendo aranceles extraordinarios sobre importaciones desde la RPC de productos del sector aeroespacial, así como vinculados al área de tecnología de la información y comunicaciones.
En abril anuncian la imposición -en dos tramos denominados Lista 1 (US$ 34.000 millones) y Lista 2 (US$ 16.000 millones)? de aranceles (25%) sobre 1.334 mercancías chinas hasta un valor de US$ 50.000 millones? reaccionando la RPC anunciando aranceles del 25% a ser aplicados sobre 106 productos de EE.UU. por valor equivalente, incluyendo habas de soja, automóviles y productos químicos.
El embate de EE.UU. contra el superávit chino en el intercambio bilateral induce al presidente Xi Jinping a visitar a su par Donald Trump en su residencia de Florida, donde acuerdan establecer un “Plan de Acción de 100 días” con el propósito de resolver las múltiples diferencias comerciales.
No obstante, el Departamento de Comercio difunde una investigación señalando que la importante empresa de telecomunica
ciones china ZTE ha infringido las sanciones unilaterales aplicadas por su país a la provisión de materiales sensibles a Irán, por lo que la multa, al mismo tiempo que se le prohíbe durante siete años sostener relaciones comerciales con empresas de EE.UU.
Como contrapartida, la RPC anuncia aplicación de “derechos antidumping” de casi 180% al sorgo proveniente de EE.UU.
En mayo ambas partes acuerdan suspender provisionalmente la aplicación de las medidas respectivamente anunciadas, comprometiéndose la RPC a incrementar sus importaciones desde EE.UU., que aceptan reconsiderar sanciones a ZTE.
En conversaciones de alto nivel en Beijing EE.UU. exige que la RPC reduzca superávit bilateral en US$ 200.000 millones en el plazo de dos años.
En junio, el presidente Trump amenaza con imponer aranceles sobre otros productos de origen chino por valor de US$ 200.000 millones (Lista 3), con el objeto de “frenar la competencia desleal y el robo de propiedad intelectual”.
Continuando su accionar EE. UU. anticipan que la Lista 1 se reducirá a 818 productos, previéndose su puesta en vigencia durante julio, al mismo tiempo que confirman la confección de la Lista 2, integrada por 284 bienes.
Por su parte, la RPC revisa su listado inicial de 106 productos con un arancel punitivo del 25% equivalentes al valor de la Lista 1, expandiéndolos a 545 para su puesta en vigencia en julio. Asimismo, anticipa una segunda lista de 114 productos por valor de US$ 16.000 para equiparar la Lista 2 anunciada por EE.UU.
Desde entonces la RPC adopta el criterio de responder con retaliaciones de carácter simétrico en términos de valor y nivel a los aranceles impuestos por EE.UU., política que continuaría posteriormente hasta el límite factible.
Al mismo tiempo subordinó con la secuencia de medidas y contramedidas su calendario de respuesta en cada ocasión a la previa puesta en vigor de los aranceles adicionales punitivos por parte de EE.UU.
Nuevas conversaciones en Beijing determinan que ambas partes negociarán una solución para que ZTE pueda retomar su actividad comercial con firmas de EE.UU.
Al comenzar julio, EE.UU. aplica Lista 1 “sanciones específicas”, que abarca manufacturas chinas de carácter tecnológico ?vinculadas a las industrias aeroespacial y robótica? respondiendo la RPC con aranceles equivalentes sobre importaciones de la contraparte de automóviles, productos agrícolas, de la acuicultura y pesca.
El USTR considera extender del 10% al 25% arancel originalmente previsto para la denominada Lista 3, cubriendo 6.000 bienes por valor de US$ 200.000 millones, que comprenden productos de consumo, químicos, materiales de construcción, textiles, herramientas, equipo electrónico, vehículos y sus partes, alimentos preparados y productos agrícolas.
Asimismo, el Departamento de Comercio incorpora 44 empresas chinas a su lista de control de exportaciones, por considerar que plantean un “riesgo significativo” a la seguridad nacional de EE.UU., ratificando con ello que la guerra comercial ya no sólo apunta al campo del intercambio de bienes, sino que también concierne al control sobre el desarrollo y dominio de las denominadas “nuevas tecnologías”.
La Lista 2 se aplica finalmente al culminar agosto, incorporando productos tecnológicos que afectan principalmente a las industrias electrónica (semiconductores), siderúrgica (productos hierro y acero) química, plástica, petrolera y de transporte (piezas para ferrocarriles y motocicletas eléctricas);
Como contramedida, la RPC introdujo aranceles equivalentes a una lista integrada por productos químicos, equipos médicos y energía, aunque destacándose en particular las habas de soja, segundo ítem de exportación de EE.UU. a la RPC.
Al incorporarse la Lista 3, EE.UU. aplicaba, al finalizar septiembre, aranceles punitivos sobre productos chinos por valor de US$ 250.000 millones, amenazando con extender los mismos al total de sus importaciones desde la RPC, lo que adicionaría en tal caso US$ 300-325.000 millones si se extrapolaban las estimaciones del saldo comercial previsto para 2018.
Al respecto, el Ministro de Comercio de la RPC señaló en la segunda presentación ante la OMC ?rechazando la legitimidad de la Sección 301 de la Ley de Comercio? “que podía confrontarse la mayor guerra comercial de la historia”.
A esta altura, la RPC aplicó por primera vez en su política retaliatoria un criterio proporcional a los intercambios, ya que contramedidas simétricas lineales hubieran superado el total de importaciones originarias de EE.UU. (US$ 130.000 millones).
Así, sancionó con aranceles extraordinarios a bienes por US$ 110.000 millones, ya que imponiendo niveles del 5-25% sólo sobre 5.207 productos alcanzaba a US$ 60.000 (incluyendo carbón, cobre, combustibles, ómnibus y equipo médico).
Finalmente, en septiembre de 2018, Trump decidió limitar la Lista 3 provisionalmente a bienes por US$ 100.000 millones, con 10% de aranceles, previéndose su elevación automática a 25% en enero de 2019 en caso de no encontrarse una solución al conflicto previo a dicho calendario.
Durante agosto, los subsecretarios del Tesoro de EE.UU. y el viceministro de Comercio de la RPC retoman el diálogo directo en Washington por primera vez en varios meses con la intención de desbloquear el conflicto, aunque no se producen avances sustanciales, cancelándose posteriormente las sucesivas reuniones previstas para septiembre ante la decisión de EE.UU. de aplicar la Lista 3.
Entretanto, la RPC anuncia el inicio de otro caso bajo el ESD por la salvaguardia contra la importación de paneles solares, alegando que aún cuando no fue dirigida específicamente contra su país dañaba sus intereses.
Mientras que octubre se caracterizó por un ominoso silencio de ambas partes, a comienzos de noviembre, Trump llevó a cabo una “visita de Estado” a la RPC, en la búsqueda de un entendimiento personal con su par Xi Jinping que permitiera retrotraer los graves retrocesos registrados en el intercambio así como en las vinculaciones tecnológicas.
Al no resultar este paso particularmente efectivo, la Oficina de Industria y Seguridad de EE.UU. (US Bureau of Industry and Security o BIS) profundizó una serie de reglas de control de exportaciones relativas a tecnologías de punta de naturaleza dual aplicable tanto a fines científicos como militares -inteligencia artificial y robótica- que apuntaban indudablemente a impedir su venta a la RPC.
En dicho contexto, el Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin y el Vicepremier chino, Liu He, lograron reabrir las negociaciones introduciendo una tregua para reducir las tensiones a la búsqueda de un acuerdo bilateral en ocasión del encuentro previsto entre los respectivos Presidentes durante la Reunión del G20 en Buenos Aires.
El encuentro entre delegaciones de alto nivel a comienzos de diciembre dio lugar una vez más a la declaración de una tregua de 90 días vigente hasta fines de marzo de 2019, durante la cual se preveía que ambas partes se abstuvieran de adoptar nuevas medidas restrictivas, al mismo tiempo que formularan concesiones alentadoras orientadas hacia un acuerdo bilateral.
* El artículo es el primero de una series de tres y los restantes se publicarán el lunes 13 y martes 14
