Dudan de que las medidas del Gobierno reactiven el consumo

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Uno de los objetivos que planteó el Gobierno es reactivar el consumo, sobre el cual se viene observando una importante contracción durante los últimos años. En ese sentido, implementó medidas como el otorgamiento de bonos de suma fija para jubilados y perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), además de los bonos de enero y febrero a modo de adelantos a cuenta de las paritarias para los trabajadores del sector privado. Sin embargo, Ecolatina pone en duda que el Gobierno logre su objetivo.

 

De acuerdo con el análisis de la consultora, la lógica del Gobierno es que la transferencia de recursos a los sectores más bajos dinamizará su consumo en los primeros meses del año. Esta intención de “poner plata en el bolsillo de la gente” de menores ingresos se basa en que este segmento es el que tienen mayor propensión a consumir.

 

 

“La mayor incógnita es acerca del efecto neto de esta política de ingresos. Si bien elevar el ingreso de sectores que consumen una gran parte del mismo fomenta el consumo, el congelamiento de ingresos que recae sobre parte de los jubilados y el aumento impositivo al cual se enfrentará la clase media y alta (que tampoco experimentarán una mejora real de sus ingresos), son factores que ponen en duda si la política de ingresos emprendida es suficiente para reactivar el consumo y evitar que otros sectores reduzcan su gasto compensando los estímulos al mismo”, planteó Ecolatina.

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Por otra parte, la consultora señala que el plan del Gobierno dista de ser generalizado: los trabajadores independientes o asalariados no registrados, una parte significativa de la masa salarial, no tendrán ningún beneficio. “En estos casos, la paulatina mejora de la actividad y la desaceleración de la inflación serán los mecanismos que puedan darle aire a estos trabajadores en los próximos meses”, indicó en un informe.

 

El Gobierno quiere reactivar el consumo, pero no está claro que pueda lograrlo con la fuerza deseada.

 

Durante los dos últimos años, la pérdida de los ingresos reales fue generalizada y tuvo su correlato en el consumo, el cual acumula una caída superior a 10% (en términos desestacionalizados) desde el pico del primer trimestre de 2018. De acuerdo con el análisis, la sostenida depresión de la demanda interna es uno de los factores que demora la recuperación de la actividad económica.

 

“El retroceso del salario real en los últimos dos años fue indudablemente una de las razones que explica la derrota de Cambiemos en las elecciones pasadas. Las turbulencias cambiarias de 2018, que tuvieron su pico en abril y agosto de dicho año, así como la depreciación del peso tras el resultado de las PASO, fueron factores que aceleraron la inflación”, destacó el informe, al tiempo que subrayó que siempre que las subas de precios sean imprevistas, no alineadas con los aumentos salariales pautados, el principal resultado es el deterioro del poder adquisitivo.

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En ese sentido, señaló que si bien durante los últimos años se instauraron las cláusulas de renegociación ante una inflación efectiva mayor a la esperada (como ocurrió en 2018 y 2019), la suba de salarios terminaron corriendo detrás del alza de los precios. “Por caso, el salario real de la economía cayó en promedio 6,3% en 2018 y exhibirá una contracción media superior a 8% en 2019, producto de una inflación mayor a la esperada”, precisó.

 

El análisis destaca que, por supuesto, el deterioro no fue homogéneo: el poder de compra promedio de los trabajadores registrados (-6,2% en 2018 y -8% en 2019) fue menor que el de los informales (-6,3% y -13%), quienes no son alcanzados por las negociaciones paritarias y encuentran dificultades para mejorar sus condiciones en un contexto recesivo e inflacionario.

 

En tanto, los menos deteriorados fueron los ingresos de los perceptores de la AUH y de los jubilados (en torno a 5% en 2018 y casi 2% en 2019), quienes lograron acotar la caída del poder adquisitivo gracias a la fórmula de movilidad, que otorgaba ajustes trimestrales, lo cual fue anulado por el nuevo Gobierno mediante la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que fue aprobada en diciembre el Congreso.

 



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