Por Julia Segoviano Economista de LCG
Atender las demandas sociales latentes no será tarea fácil. La administración saliente dejará un saldo de casi 40% de pobreza y 8% de indigencia. La abstracción del número a secas no refleja la dramática situación que esto implica dado que, llevado a los hechos, es un importante aumento de personas viviendo en la calle o apenas cubriendo las necesidades básicas de alimentación. Asimismo, los que mantuvieron sus empleos, también han visto caer su ingreso real de manera brusca y prolongada. En ese sentido, la paciencia y el humor social son reducidos y las expectativas se encuentran altas, razón por la cual no hay mucho margen para ignorar ciertos reclamos.
El Gobierno entrante ha hecho hasta el momento mucho énfasis en la prioridad que dará a reactivar el mercado interno, el empleo y el poder adquisitivo de los salarios. Si bien aún se desconoce el plan económico que se llevará a cabo, así como tampoco hay certezas sobre los que serán los protagonistas, algunas declaraciones permiten concluir a qué tipo de políticas serán más proclives para atender las demandas.
Es muy probable que el crédito a tasas subsidiadas reaparezca para incentivar al entramado industrial, cuyas pymes se encuentran actualmente en una situación particularmente delicada, dado el alto nivel de endeudamiento que se suma a un escaso (o casi inexistente) dinamismo de la actividad. Para eso, podrían estar pensando en reactivar desde el BCRA una línea de créditos destinados al mercado productivo. En años anteriores, estas políticas han servido para promover de manera efectiva la actividad interna, y, de hecho, hace meses que se reclaman desde el sector industrial.
Se necesitan estrategias que perduren a lo largo de los años y trasciendan a las gestiones. Urgen reglas de juego claras y coherentes en la economía argentina.
Por otro lado, casi que se descuentan aumentos en las jubilaciones y pensiones que otorga el Estado (como la Asignación Universal por Hijo). Asimismo, también se espera que la política tarifaria sea modificada una vez más, debido al aumento evidenciado en los últimos años, que también erosionó el poder de compra de los salarios.
Sin embargo, la pregunta que es necesario hacerse redunda en cual es el margen que tiene el próximo Gobierno para responder a las múltiples necesidades de los distintos actores de la economía. Lamentablemente, los últimos dos gobiernos empiezan su mandato de manera no convencional: negociando el pago de deuda con los acreedores externos a partir de la imposibilidad por parte de Argentina de cumplir con los compromisos asumidos.
El resultado de estas negociaciones es consecuencia de un proceso arduo y prolongado, en el cual se pueden tomar dos posiciones. La primera es pararse en buenos términos con los acreedores, y aceptar las condiciones de superávit que exigen (dado que, para evaluar la capacidad de pago, los tenedores de bonos observan la situación fiscal del país). La segunda postura implica una negociación algo hostil, en la cual no se aceptan las condiciones impuestas, y se priorizan la búsqueda del crecimiento económico y la estabilidad social.
En la medida en que el Gobierno entrante entienda que es necesario crecer antes que pagar, y para ello, entrar en un sendero de expansión del gasto mediante emisión (desatendiendo la convergencia fiscal), la compleja situación con los acreedores podría extenderse, reforzando, en ese caso, la imposibilidad de acceder al financiamiento internacional. Aquí comienzan los trade-off que la próxima gestión deberá afrontar, entendiendo como el más importante a la reactivación de la actividad contra la reestructuración amigable de la deuda.
Otro de los frentes a atender será el de la política tarifaria. Es probable que Alberto Fernández priorice el poder adquisitivo de los salarios y mantenga (o aumente) los subsidios destinados a la energía. Esta medida también permite anclar los precios de la economía. Sin embargo, nuevamente existen contrapartidas en esta decisión. No sólo afecta a la convergencia fiscal, sino que puede provocar desincentivos a invertir en el sector y una menor producción local, afectando asimismo al frente externo de la economía.
Por esa razón, es necesario un correcto diagnóstico esta vez para definir qué tipo de crecimiento es el deseado y cómo es posible reactivarlo. Las políticas fiscales expansivas deben financiarse de alguna manera, pero todos los canales enfrentan una situación delicada. El financiamiento externo no necesariamente es malo, pero un endeudamiento insostenible lo es, y nos coloca nuevamente renegociando la deuda. La emisión monetaria tampoco es mala por definición, pero la que no se controla ni se convalida con la demanda de dinero puede resultar peligrosa. No es menor en este punto considerar que la próxima gestión partirá de altos niveles de precios, y asumirá con una inflación de alrededor de 55% anual. Tampoco son malos los impuestos por definición, pero sí lo son los esquemas tributarios regresivos y los ingresos fiscales malgastados.
En este sentido, los senderos cortoplacistas que apunten a tener un “verano económico” durarán cada vez menos y serán inútiles para salir del estancamiento que atraviesa el país hace años. Se necesitan estrategias que perduren a lo largo de los años y trasciendan a las gestiones. Urgen reglas de juego claras y coherentes en la economía argentina.
