Por Diego Sadrinas Politólogo (UBA)
Hay un tema que volvió a cobrar protagonismo en la Argentina durante 2019: el costo de la política. Esa idea asociada a que los funcionarios políticos y sus respectivas burocracias perciben sueldos y dietas sumas considerables que no guardan relación con los salarios del sector privado y que, a la vez, la ciudadanía percibe que no están justificadas en función del trabajo que realizan los servidores públicos.
Digo que volvió a ser tema de conversación debido a que no es la primera vez que se habla del dinero que mueve la política. Es prácticamente un ciclo repetitivo cuyo inicio son las crisis económicas (recurrentes en Argentina), continúan con el debate en torno a los costos políticos, apoyados en la idea de que el ajuste lo paga siempre la sociedad y nunca la “casta” política” y, por último, cobra protagonismo el discurso de la antipolítica que considera a la misma innecesaria y como el lugar del pecado original, es decir, el lugar desde el cual se origina la corrupción y que termina perjudicando al conjunto de la sociedad.
Es interesante analizar y problematizar la política argentina y sus costos pero no solo desde los números duros y concretos sino también desde lo simbólico: hay que tener en cuenta que es preciso diferenciar a los miembros de los tres poderes del Estado al momento de hacer las críticas: por un lado está el Gobierno (Presidente, ministros, secretarios y directores nacionales); por otro lado, los miembros del Poder Legislativo (diputados, senadores y asesores, entre otros) y por último, el Poder Judicial, compuesto por los jueces y la amplia burocracia judicial.
Las crisis económicas suelen poner de manifiesto el descontento social lógico de todos aquellos que sufren y luchar por llegar a fin de mes. Casi de manera prácticamente instantánea emerge el discurso de bronca contra los sueldos de la política: casi siempre, el descontento está dirigido hacia el Gobierno y el Congreso. El poder judicial siempre queda en un segundo plano: si bien es cierto que en los últimos años hay mayores críticas dirigidas a la ineficacia de los jueces, no se cuestiona sus salarios ni el de sus colaboradores. Ante esta situación es preciso derribar algunas posturas fuera de moda.
Los legisladores sesionan muy pocas horas. Medir la productividad por la cantidad de sesiones es inexacto porque la cantidad, si bien es un indicador a tomar en cuenta, no es el único: debe considerarse la cantidad de reuniones de comisiones que es donde se “cocinan” los proyectos. Es decir, muchas veces para que un proyecto llegue al recinto tuvo un trabajo en comisión en la que hubo infinidad de reuniones de las que participan los diputados y senadores y también invitados vinculados a la temática en cuestión. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la productividad legislativa (si es que hablar de productividad es apropiado para la lógica política) puede medirse por la cantidad de sesiones pero también debe contemplarse el trabajo en comisión.
Los legisladores no dan quórum o se van antes de las votaciones incumpliendo con sus deberes. Ese tipo de comentarios están a la orden del día e implica dos cuestiones: por un lado, un desconocimiento o apreciación equivocada de la política o, cuanto menos, asociado a la idea antipolítica que considera a la
misma innecesaria. Pero esta crítica es infundada y errónea porque dar quórum y estar en el momento de las votaciones son herramientas legitimas que tienen los partidos políticos por medio de sus diputados y senadores para hacer política: negociar o gestionar sus interés en pos de la aprobación de leyes que les permitan alcanzar sus objetivos para los cuales fueron electos.
Por otro lado, queda de manifiesto el desconocimiento del funcionamiento interno del Poder Legislativo ya que la HCDN como el HCS tienen sus respectivos reglamentos en donde se establecen las pautas y todo aquello que está permitido y prohibido: en ningún artículo de estos reglamentos se establece la obligatoriedad de dar quórum o de estar presente al momento de la votación. Es más: ausentarse al momento de la votación es una moneda de cambio entre los partidos políticos y, en muchas ocasiones, la ausencia ha permitido la sanción de leyes trascendente porque esa persona que se retiró hubiera votado en contra y, entonces, negocia ausentarse para de este modo alcanzar la mayoría necesaria y al mismo tiempo el diputado no queda “pegado” a esa nueva ley.
Otra cuestión a tener en cuenta son los riesgos de la proliferación de los discursos de odio vinculado a la antipolítica: ese tipo de discursos vienen siendo cada vez más recurrentes desde países con distinta idiosincrasia. Eso explica, en parte, la fragilidad e inestabilidad mundial que tienen estas naciones con líderes fuertes y en cierto modo antisistema como Donald Trump, Vladimir Putin, Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Evo Morales. Ellos representan distintos espectros del arco ideológico político y, sin embargo, contribuyen directa o indirectamente a la consolidación de esta idea respecto de la futilidad de la política lo cual implica una crítica directa a la democracia.
Si empieza a asentarse en el inconsciente colectivo la idea de que la política es el origen de todos los problemas y males de la sociedad, no faltará mucho para que se impregne la idea que cuestione a la democracia y la tilde de inútil para promover la vida y el progreso social.
Los gestos son importantes como el de algunos intendentes que recientemente se congelaron y rebajaron parte de sus salarios. También, la actitud de los diputados y senadores nacionales, que a partir de una resolucion emitida por los presidentes de ambas cámaras inmovilizaron sus sueldos por 180 dias, el mismo plazo que se estableció para los haberes previsionales. Pero no olvidemos que son eso, actitudes que buscan generar empatía entre los representantes y los representados. Los problemas de fondo (desempleo, recesión e inflación, entre otros), siguen estando pendientes y es un error creer que pueden ser solucionados cuestionando la herramienta central con la cual se opera, es decir, la política porque siempre los problemas de la política se solucionan con más política, y nunca con menos.
Por último y no por ese menos importante, hay que recordarles a todos aquellos que predican el discurso de la ineficacia de la política que Argentina tiene en su Constitución Nacional, el artículo el 22. Dice lo siguiente: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”. Por lo tanto, la idea de eliminar la política es una forma de atentar contra el centro de gravedad de nuestra Nación. Más prudente sería elaborar propuestas concretas tendientes a mejorar nuestro sistema de representación haciendo más eficientes los balances de poder y control para, así, tender hacia el progreso del conjunto social.
