El EuroParlamento evalúa la política verde del Mercosur

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Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista

 

El pasado miércoles 18 el Parlamento de la Unión Europea (UE) decidió verificar la consistencia que hay entre el texto del borrador de Acuerdo Birregional de Libre Comercio (ALC) que esa región negoció con el Mercosur y los enfoques contenidos en el Pacto Verde Europeo o PVE (el “European Green Deal” en inglés), emitido por la Comisión de la UE que ahora preside Ursula van der Leyen. El texto de 24 páginas fue enviado el 11 de diciembre a todos los órganos rectores del gobierno comunitario, de lo que se deduce que la tarea de medir la compatibilidad sanguínea de ambos enfoques tiene enorme prioridad para la dirigencia política del Viejo Continente. De esa consistencia parece depender la futura vida del ALC adoptado, con exceso de pompa y circunstancias, el último 28 de junio. La verdad es que la integración birregional también está en jaque por la subyacente y explícita resistencia política de Europa a competir con la agricultura del Mercosur.

 

Tal movida no debería ser dogmáticamente ignorada u objeto de una lectura superficial por parte de los gobiernos del Mercosur. El comunicado de prensa del Euro-Parlamento anticipó, en lenguaje muy directo, que el debate se habrá de concentrar en el escenario que prevalece en la convulsionada región amazónica, lo que incluye poner sobre la mesa las ideas que en su momento hizo públicas el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

 

Para Europa, la región amazónica es tratada como una especie de patrimonio biodiverso de la humanidad. El Papa Francisco (Laudato Sí) se ocupó con profundo detalle de las cuestiones vinculadas con la necesidad primordial de cuidar los jardines de la tierra sin hacer pie en las cuestiones de soberanía. Otros observadores se conforman con definir el debate como la necesidad de preservar el gran pulmón del planeta. Cualquiera sea la conclusión de tales ejercicios de análisis, se trata de una región esencial para la vida terrestre, cuya soberanía es un derecho legítimo de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Surinam, Francia (Guayana Francesa) y Guyana. El problema reside en definir cual es el vínculo entre soberanía y el deterioro del patrimonio global (los denominados global commons), ya que el Cambio Climático destruye el planeta sin gestionar visa de residencia.

 

Obviamente el nexo que la Comisión de la UE y el Parlamento Europeo definieron sobre el tema, está legítimamente relacionado con el débil aunque masivo respaldo al proceso lanzado en el marco del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, donde se mezclan las inquietudes de tenor climático y ambiental, con obvias disputas económicas y políticas derivadas del costo del ajuste y de sus efectos tangibles sobre la inversión y el comercio.

 

Meses atrás, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo que su país no suscribiría un acuerdo de librecomercio con naciones que no adhieran lealmente al proceso generado por el Acuerdo de París sobre Cambio Climático (en ese entonces aún no existía el PVE). Tras cartón hubo un cruce de mensajes entre el propio Macron y el Presidente Bolsonaro, que incluyó un lamentable intercambio de insultos y ataques personales.

 

Por separado, los agricultores franceses y alemanes protagonizaron algunos desmanes de gran importancia con el fin de expresar su total rechazo a la firma del aludido ALC birregional, por considerar que los del Mercosur son países agrícolas de elevada competitividad que no aplican las mismas reglas y complejos requisitos que se habrán de exigir a los productores europeos (en mis columnas anteriores cuestioné frontalmente la veracidad de tal supuesto, por cuanto los exportadores deben satisfacer las reglas de acceso que establece el mercado importador, a menos que puedan demostrar que tales disposiciones son restricciones no arancelarias y por lo tanto ilegales bajo la ley internacional).

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Paralelamente, la UE viene librando una fuerte batalla destinada a proteger la vida de las abejas en su función de agente vital de polinización y, por ello, del patrimonio biodiverso, tema de igual prioridad para la política verde del Viejo Continente y para los productores y exportadores del Mercosur, que se verán forzados a llevar a cabo programas de reducción del uso de plaguicidas, lo que puede originar un irresponsable descontrol de plagas. Según estudios comunitarios, desaparecieron total o parcialmente un millón de las ocho millones de especies catalogadas en esa región.

 

Y, por si a todo esto le faltase pimienta, la posición francesa de rechazo al ALC birregional encontró, como ya advertimos a partir del segundo semestre de este año, el sucesivo respaldo de Austria, Irlanda (país del que proviene el actual Comisionado de Comercio de la UE), Luxemburgo, y quizás Italia y Polonia.

 

En el mundo se da por cierto que la integración con el Viejo Continente supone reverenciar sin derecho al pataleo la hegemonía de la UE y abrir obsequiosamente el mercado propio a los bienes, servicios, derechos de propiedad intelectual y a la aceptación a sobre cerrado de verdades conceptuales reveladas sobre desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, de “buenas prácticas agrícolas”, de sanidad y medio ambientales (la religión verde) o de economía circular que se definen en Bruselas como si fueran dogmas papales. Con esta modalidad no hay auténtica negociación comercial entre socios; sólo hay un tira y afloje sobre los detalles del contrato de adhesión. ¿Era ese el borrador de ALC equilibrado que deseaban adoptar los gobiernos del Mercsour? Si así fuera, sería muy educativo obtener una explicación de la racionalidad política y económica de semejante genialidad con referencia al acuerdo, no acerca de la obsoleta discusión entre barras bravas sobre apertura o cierre de mercados, tema sobre el que muy pocos de los predicadores tienden a saber con fundamento de qué demonios están hablando. ¿Conviene tener un ALC con la UE? Bien negociado, no sólo conviene sino resulta indispensable.

 

Quienes creyeron entonces, o quienes suponen ahora que el ALC entre la UE y el Mercosur era o es un debate sobre apertura o cierre de mercados hacen la señal de la cruz ante una vinería, no ante una iglesia o un templo secular. La propia líder del equipo negociador de Bruselas, la ex comisionada de Comercio Cecilia Malmström, reconoció que las concesiones agrícolas otorgadas a nuestra región fueron “muy modestas” (definición que suena optimista). A ello se agrega una opinión como la que emitió, el 12 de diciembre último, John Clarke, director de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Agricultura de la Comisión de la UE.

 

Al referirse al acuerdo birregional con el Mercosur, Clarke dijo, sin anestesia “pienso que, en cierto modo, zafamos milagrosamente, y nos llevamos de arriba un verdadero asesinato” con ese proyecto de acuerdo. “En mis peculiares 30 años como negociador comercial yo nunca vi ese rango, esa armonía, esa panoplia de medidas destinadas a mitigar el impacto de una concesión comercial (…) “Si (bien sus disposiciones y concesiones) pueden originar algunos desafíos para nuestra comunidad agrícola en los sectores de carne vacuna, aves, azúcar, arroz y etanol, el tema está cubierto porque hemos adoptado una serie de pasos, una serie de medidas con el fin de mitigar esas dificultades”. Pero medido en cifras, el argumento de Clarke no es muy serio, por cuanto el mayor acceso al mercado de la oferta extranjera del Mercosur, dista de representar un genuino riesgo o peligro competitivo para un mercado de la magnitud absoluta y relativa de la UE.

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Desde tal perspectiva, la dogmática improvisación que reinó entre los sectores que hicieron fuerza por firmar cualquier cosa con tal de firmar, debería ceder paso al hecho de que es el propio lado europeo quien confirma, sin tapujos, que se hicieron un festival con el Mercosur.

 

El actual enfoque del Viejo Continente que se rige centralmente por el Pacto Verde (PVE) es un proyecto de asignación de objetivos y roles orientado a conseguir que, en 2050, la UE obtenga un crecimiento neto igual a cero o neutral en las emisiones que provoca el Cambio Climático. Ello supone la implantación del Plan sectorial llamado del “Programa Campo al Tenedor” (Farm To Fork Program); de programas destinados a suministrar energía limpia y segura; o de los concebidos para movilizar a la industria y al transporte a fin de que sean parte de un crecimiento limpio y económicamente circular; así como el montaje de investigación y desarrollo consistentes con la antedicha economía circular, ideas cuya viabilidad real es discutible, pero que me apresuro a calificar como muy bien inspiradas.

 

De registrarse diferencias de ambición entre los planes de descarbonización de la UE y los de sus socios comerciales, existiría el propósito de Bruselas de aplicar medidas compensatorias en frontera, como una especie de tasa o impuesto ad hoc para que resulte económicamente punitorio eludir las acciones destinadas a realizar la tarea de mitigación climática; al mismo tiempo para castigar o evitar la “gotera” o “leakage”. Con ello se intentaría eliminar el riesgo de desestimular la inversión y el desplazamiento de comercio europeo. Lo que no está tan claro es, según dice el texto de PVE, que tales mecanismos unilaterales resultan automáticamente consistentes con la presente legalidad OMC. La situación se asemeja al mercantilismo y unilateralismo de facto que practica Estados Unidos para bajar el déficit comercial de su balanza de pagos, enfoque que choca de frente con la mayor parte de las reglas del Sistema Multilateral de Comercio.

 

La UE también se propone llevar estas ideas a todos los foros influyentes o contractuales disponibles, como el Grupo de los 7 (G7), el G20 y la OMC lo que, debería saberlo, no supone garantía de aprobación. En ese contexto, es sugestivo que las autoridades comunitarias no incluyeran en la agenda un ejercicio público y previo de consistencia entre el PVE y el futuro del multilateralismo comercial.

 

En tal perspectiva es necesario reiterar que, si bien la reserva legal que hace últimamente la UE en todos los ALC que suscribe con el fin de resguardar su soberanía para legislar a solas sus política públicas, tal picardía no implica adquirir el derecho a piedra libre para exportar su “virtuoso proteccionismo”.



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