La anunciada intención del próximo Gobierno de desdolarizar las tarifas energéticas, confrontará con los parámetros estipulados en los contratos de abastecimiento de energía eléctrica de fuentes de generación renovables (conocidos como PPA, por su sigla en inglés), advirtieron funcionarios del equipo saliente.
Voceros de la Secretaría de Energía recordaron que la remuneración de los proyectos eólicos y solares adjudicados en las distintas rondas del programa RenovAr, y que se encuentran en construcción o ya en operación, “está definida en dólares estadounidenses, al igual que la deuda contraída para su ejecución”.
Según los funcionarios consultados, esa remuneración “no constituye una tarifa” ya que la actividad de generación, a diferencia de lo que ocurre con la distribución y el transporte de energía eléctrica, no es un servicio público sino una actividad de interés general.
Por otra parte, los técnicos de Energía consideraron “fundamental” definir como se estructurará una eventual desdolarización de tarifas, y cuál será su impacto en los ingresos que recibe Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).
El riesgo en esta materia, alertan, sería incurrir en “desbalances que en el pasado colocaron al mercado eléctrico mayorista en una delicada situación financiera, que luego derivó en un progresivo deterioro de la calidad del servicio”.
También advirtieron que “al margen del intento de pesificación tarifaria, las futuras autoridades del sector energético deberán tomar decisiones sobre los proyectos renovables que no pudieron conseguir el financiamiento necesario para su desarrollo, tras las turbulencias macroeconómicas iniciadas en el otoño de 2018”.
