Por Pablo Maas
En medio de la incertidumbre provocada por el Brexit y una inesperada guerra comercial con Estados Unidos, la economía europea no está pasando precisamente por uno de sus mejores momentos. El PIB de la Eurozona creció apenas 0,2% en el tercer trimestre de este año comparado con el precedente y poco más del 1% comparado con el mismo período del año anterior. La actividad de la industria manufacturera cayó por octavo mes consecutivo en octubre y Alemania, el principal motor del continente, está al borde de la recesión.
El malestar en el bloque va en aumento y ahora la Unión Europea (UE) está presionando para alcanzar la postergada unión fiscal. A comienzos de octubre, la OCDE propuso introducir una reforma impositiva que de concretarse puede alterar sustancialmente los destinos de varios países. La propuesta, que tiene el apoyo de la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, sostiene que éstos tienen el derecho de cobrar impuestos por una proporción de las ganancias globales de las multinacionales, en particular de gigantes digitales como Facebook, Amazon o Google, independientemente de su localización.
Hasta ahora, los europeos cobran impuestos a las empresas radicadas físicamente en cada uno de sus países, una norma que data de la vieja era industrial. Pero las empresas digitales pueden saltar las fronteras y tributar en países con una fiscalidad más benévola a sus intereses. Uno de estos países es Irlanda, cuya economía se ha expandido enormemente en la última década y que en la Argentina es de tanto en tanto invocada como un ejemplo a seguir. Irlanda es la sede mundial de decenas de grandes multinacionales farmacéuticas y tecnológicas, que se benefician de su baja tasa de impuestos corporativos del 12,5% y registran sus ventas y exportan desde allí. La tasa nominal es 12,5%, pero la tasa efectiva del impuesto a las ganancias puede llegar a ser de apenas el 2% o 3%, motivo por el cual muchos europeos acusan a Irlanda de practicar el “dumping fiscal”. El Gobierno irlandés lo niega.
Las masivas inversiones de las multinacionales en un país que los críticos describen casi como un paraíso fiscal, catapultaron el crecimiento de la economía irlandesa hasta transformarla en la de mayor ingreso per cápita de Europa, con excepción de Luxemburgo. El producto por persona alcanzó en 2018 a U$S 78.000, por encima del promedio de la eurozona, de U$S 41.000. Los irlandeses son un 50% más ricos que los británicos, franceses y alemanes. Sorprendente para un país que fue por siglos uno de los más pobres de Europa y que en 2010 debió tomar deudas por 85.000 millones de euros para rescatar a sus bancos de la crisis de 2008-2009.
Según un informe de Global Britain, un think-tank conservador británico pro-Brexit, el milagro económico irlandés de la última década no es más que un espejismo. Su extraordinaria performance reciente no es un resultado de la austeridad fiscal, crecimiento de la productividad o alguna ventaja competitiva especial. Obedece, más bien, a una ingeniería financiera que transformó al país en una “bandera de conveniencia” para los negocios, que distorsionó los otros mercados europeos.
Irlanda exporta el 120% de su PIB cada año, cuatro veces más que el Reino Unido y Francia y dos veces y media más que Alemania. La industria farmacéutica, que emplea a 25.000 trabajadores en el país, lidera las exportaciones, con U$S 53.000 millones en 2017. En comparación, dice el informe, Gran Bretaña emplea a 78.000 personas en su poderosa industria farmacéutica, la tercera en el mundo medida por su inversión en I+D, pero exporta apenas U$S 30.000 millones.
La mayor empresa establecida en el país por volumen de ventas es Apple Irlanda, con U$S 120.000 millones. Esto equivale a más de un tercio del PIB del “tigre celta”. Para corregir este tipo de distorsiones, la oficina de estadísticas de Irlanda elaboró en 2017 una nueva serie para el Producto Bruto Nacional (PBN) que excluye las actividades globales de las grandes multinacionales establecidas en su territorio. Medido solo en sus flujos internos, el PIB de 2017 no fue de 394.000 millones de euros sino 181.000 millones. Con estas nuevas cifras, el superávit comercial de 89.000 millones de euros se transformó en un déficit. Y la ratio de 68% deuda/PIB pasó a 106%.
Las autoridades fiscales irlandesas, dice el informe, conceden generosas deducciones impositivas a las multinacionales radicadas allí, incluyendo pagos por marcas, patentes, pagos de intereses por préstamos y honorarios gerenciales efectuados a filiales hermanas en otros países, que contribuyen a reducir el monto de ganancias antes de impuestos a pagar en Irlanda. El resultado son tasas efectivas de menos del 3%.
Previsiblemente, muchos gobiernos europeos están inquietos por la pérdida de ingresos fiscales, inversiones y empleos que se canalizan hacia Irlanda y se han propuesto nivelar el campo de juego fiscal. Pero estas negociaciones ya han tomado varios años. En julio, Francia perdió la paciencia e introdujo un impuesto a los servicios digitales del 3%, que grava a las grandes tecnológicas por las ventas que realizan a sus residentes. Varios países europeos, el último de ellos Italia, han manifestado su intención de seguir el camino de Francia.
Angel Gurría, el secretario general de la OCDE, advirtió que, si las propuestas fiscales que están bajo estudio no se implementan para 2020, más países van a actuar unilateralmente, lo que tendría un impacto negativo en la ya estancada economía europea, creando un mosaico de impuestos corporativos.
Las reformas que impulsa la OCDE podrían costarle caro a Irlanda. Suiza, otro país con bajos impuestos, ya calculó un costo fiscal de U$S 5.000 millones al año. Ueli Maurer, el presidente y ministro de finanzas suizo, dijo ayer que las presiones internacionales son motivo de gran preocupación para su país. Las nuevas iniciativas fiscales, reconoció durante una entrevista con el diario Neue Zuercher Zeitung, “ya no pueden ser bloqueadas, de modo que nosotros, junto con otros países similares, estamos tratando de limitar el daño”.
