Por Enrique Pizarro
Esta semana, el Presidente electo, Alberto Fernández, afirmó durante una entrevista que no solicitará los desembolsos restantes por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo crediticio. Su argumento fue que “la solución no es seguir endeudándose”. Los tramos restantes del crédito suman la importante cifra de US$ 11.000 millones.
Para cuantificar, ese monto representa, por ejemplo, para el próximo año, un quinto de los vencimientos de la deuda total; un cuarto de los vencimientos de la deuda pública relevante; la mitad de los vencimientos en moneda dura; la totalidad de los Letes reperfilados; más o menos, 3% del Producto Interno Bruto (PIB) actual; aproximadamente, 85% de las reservas netas actuales del Banco Central.
“Yo no tomaría esa declaración como algo en firme hasta no conocer el resto de las definiciones del próximo Gobierno”, comentó a El Economista Miguel Zielonka, director de Econviews. “Los vencimientos de deuda del año que viene son muy abultados, y si no hay un acuerdo con los bonistas ni con el FMI, Argentina no tiene capacidad de pagar, aunque tuviera voluntad. Así las cosas, descartar los únicos fondos disponibles bajo ciertas condiciones no parece una decisión razonable”, afirmó.
Para Zielonka, el escenario más probable es que no resigne el crédito pendiente con el Fondo. “Lo veo más como una estrategia de negociación y de comunicación a los actores locales: votantes, miembros de la alianza, etcétera. No olvidemos que aún sin aumentar el financiamiento del FMI, Argentina precisa conseguir más plazo para los vencimientos de 2022 y de 2023, por lo cual, de todas maneras, va a tener que diseñar un nuevo acuerdo con el organismo”, aseguró.
El economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, coincide en que las declaraciones del Presidente electo tienen un costado económico y otro político. “Por el lado económico, creo que Fernández está intentando ganar autonomía para decidir qué aspectos de la política fiscal tocar y a qué ritmo hacerlo. Para el año que viene, por lo menos por ahora, hay que tener un superávit fiscal primario de un punto del PIB y con recortes en ciertas líneas y con ciertos impuestos que se pueden endurecer”, señaló el especialista en diálogo con este medio.
En términos políticos, Rajnerman subrayó que la postura del próximo Presidente juega un rol muy importante, teniendo en cuenta que durante su campaña electoral buscó marcar una diferencia entre FMI y Macri contra el Frente de Todos, y posiblemente estas declaraciones corresponden a mantener, por el momento, esa línea argumental mirando a sus electores. “Creo que la pelea contra el FMI cumple un papel simbólico. No es lo mismo resignar US$ 11.000 millones de otros espacios”, remarcó.
“Pedirle al FMI que active los tramos restantes del crédito implica aceptar condicionalidades (metas fiscales, monetarias y reformas) que el propio Presidente electo no desea implementar por ahora y que podrían traerle problemas políticos (al menos en la etapa inicial de su Gobierno)”, describió ante El Economista Matías Carugati, a la vez que destacó que rehusar de ese crédito tiene implicaciones considerables si se tiene en cuenta que durante los primeros meses del próximo año la administración entrante tendrá que pagar más de US$ 25.000 millones en vencimientos al sector privado.
“Con reservas insuficientes para cubrir ese agujero, las alternativas pasan por pedir prestado al FMI (lo que Fernández descartó); hacer un ajuste fiscal más fuerte de lo esperado (lo que Fernández prometió que no va a hacer); o negociar con los acreedores privados una extensión y/o quita en la deuda. Esto último será lo que defina el panorama fiscal y, en definitiva, macro”, trazó Carugati.
“Fernández parece estar apuntando a un programa económico con una consolidación fiscal más lenta y un mayor financiamiento con emisión. No obstante, esta combinación parece difícil de digerir para el FMI y podría ser incompatible con nuevos desembolsos. En este marco, las últimas declaraciones de Fernández sugieren que prefiere que su programa económico no esté condicionado por el Fondo, incluso cuando esto signifique menos financiamiento disponible. Con los primeros vencimientos de capital recién en 2021, el próximo Gobierno podría esperar al menos hasta la segunda mitad del año que viene para sentarse a negociar con el FMI”, indicó a este medio el economista jefe del Grupo SBS, Adrián Yarde Buller.
De acuerdo con Carugati, ambas partes tienen incentivos para negociar. “De todos modos, hay riesgos de que la negociación salga mal. Buscar un alivio financiero significativo puede extender las negociaciones más allá de lo que aguanten las reservas. Y obtener un pequeño alivio financiero para cerrar rápido un acuerdo puede significar que el problema se posponga (y se agrande) en un futuro no tan lejano”, afirmó.
