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Argentina frente al Gigante chino

Héctor Rubini 25 noviembre de 2019

Por Héctor Rubini Economista de la USAL

La complementariedad comercial entre Argentina y la República Popular China se intensificó a partir de las cartas de intención suscriptas en 2004 entre los presidentes Néstor Kirchner y Hu Jintao. Desde entonces, Argentina se consolidó como exportadora de proteínas vegetales para la producción china de proteínas animales y China, como proveedor de bienes manufacturados.

En materia de inversiones, ni el acercamiento chino para financiar obras en nuestro país ni la base “espacial” en Neuquén han movido el amperímetro de nuestra economía, pero esto despertó una desconfianza en Washington que nunca desapareció del todo.

Desde principios de la década pasada ha sido cada vez más evidente que el Partido Comunista de China aspira a consolidar a su país como potencia tecnológica y militar. Su prioridad se ha focalizado en la presente década en la expansión y modernización de su infraestructura, la creciente calificación y mejora de sus recursos humanos, y la innovación y el desarrollo tecnológico en informática, telecomunicaciones, exploración espacial, nuevos materiales y armamento. Pero todo ello sin descuidar el acceso permanente a materias primas escasas en el continente para mejorar el bienestar de más de 1.400 millones de habitantes. Sin recursos, no hay desarrollo económico ni poder militar alguno.

El núcleo para la expansión económica es el proyecto “Made in China 2025”, terminado en 2015 por el equipo del premier Li Keqiang, que se propone expandir la presencia de bienes y servicios chinos en el exterior, y reducir la proporción promedio de los componentes de origen extranjero en las manufacturas y servicios chinos de 60% a 30% en una década.

Un proyecto que se enmarca en la iniciativa de “La Ruta y la Franja de la Seda”: una red de comunicaciones terrestres (la “ruta”) y marítimas (“el cinturón”) para asegurarse el control del acceso y el transporte de mercaderías con el resto del mundo. La propuesta, alineada con el concepto de “armonía” propuesto en 2005 por Hu Jintao para su política exterior, se enmarca en el proyecto de Xi Jinping de consolidar a China como una hegemonía económica y militar mundial. “Armonía” es un concepto entendido como “orden” y “buena convivencia”, pero subordinados a las prioridades y metas del Partido Comunista Chino y sus fuerzas armadas.

La “ruta” es una red de autopistas, y vías férreas modernizadas para comunicarse con países limítrofes y otros, para mejorar e intensificar el tráfico terrestre desde el este de China hasta la península ibérica y Gran Bretaña, y desde el sur de China hasta el norte de Rusia. La “franja” es una red de puertos y aeropuertos nuevos o mejorados en terceros países interesados en comerciar o recibir inversiones con China. En varios casos, junto a la instalación de bases militares chinas. Una suerte de corredor comercial blindado, que asegure el comercio con otros países en caso de conflictos bélicos. Algo que es visto, y no sólo por los asesores más anti-pekíng de Donald Trump, como una amenaza, y no como una estrategia potencialmente defensiva del Gobierno oriental.

El acceso de terceros países a esa iniciativa es con fondos prestados por bancos chinos. Además, en 2014 China sumó el aporte de países asiáticos y europeos (incluyendo a Rusia, Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido) para crear el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras. Uno de los principales, sino el principal “financista” de esta iniciativa.

Los contratos tienen, en general, cláusulas que otorgan a empresas chinas el acceso a recursos naturales, áreas geográficas u otras concesiones en casos de impago del gobierno deudor. Venezuela, por caso, desde hace dos años debe enviar a China petróleo crudo (ante la falta de divisas) para cancelar su deuda en default. Otros gobiernos con dificultades para pagar sus deudas con contrapartes chinas son los de Laos, Mongolia, Kirguistán, Pakistán, Montenegro y Djibouti. En este último país ya en septiembre de 2018 se observaba una nueva base militar china.

El Gobierno de Kenia, a su vez, si no puede pagar los créditos obtenidos de China para construir una nueva red ferroviaria, deberá ceder a los chinos no sólo el control de la red ferroviaria sino también de Mombasa, el mayor puerto de Africa Oriental. Previamente, en 2017, Sri Lanka debió ceder por 99 años al Gobierno chino, vía un contrato de concesión, el control del puerto de Hambantota al no poder pagar una deuda de poco más de U$S 8.000 millones. Ecuador, a su vez, no tiene claro qué hacer con una represa hidroeléctrica en el área selvática, mal construida por un consorcio chino, con riesgo cierto de desmoronamiento, un inventario de daños ambientales hasta ahora indeterminado y una deuda de U$S 6.500 millones.

En otros casos, como Rumania o Bosnia-Herzegovina, varios proyectos han quedado sólo en los papeles. En Tanzania, la construcción de una zona económica especial, una red de carreteras y un puerto de aguas profundas a cargo de un consorcio binacional continuó luego de que los socios tanzanos se quedaron sin fondos. Las contrapartes chinas quedaron a cargo de las obras en tierra, y con la propiedad de los mismos. La construcción del puerto, debió detenerse. En el caso de Malasia, el primer ministro canceló en 2018 el endeudamiento con China para proyectos ferroviarios y gasíferos por U$S 22.300 millones al ser oportunamente advertido que no eran necesarios ni financiables. El gobierno de Myanmar, a su vez, para evitar un sobreendeudamiento insostenible debió reducir en agosto pasado las obras proyectadas con la firma china CITIC en el puerto de Kyauk Pyu de U$S 7.300 millones a U$S 1.300 millones.

Nuestro país no ha tomado ningún compromiso con China en el marco de esa iniciativa. Algunas afirmaciones en los últimos días a favor de dicha opción no parecen responder a ningún análisis costo-beneficio. Sería deseable que la nueva administración evite apresurarse con lecturas superficiales y acríticas sobre la visión de China para el largo plazo. Cristopher K. Jonhson, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, la sintetizó en una certera frase, dos años atrás: “Mao hizo que China fuera independiente y se levantara, Deng Xiaoping los hizo ricos y Xi los hará fuertes”.

En esa visión, ni América Latina ni Argentina son prioridad alguna, salvo para subordinarse a las prioridades del gobierno chino. Si algo es evidente, es que la iniciativa de la “Ruta y la Franja” no es ningún Plan Marshall para países en desarrollo. Guste o no, ni China, ni EE.UU., ni el FMI, ni nadie, en el exterior regala nada a nadie. No entenderlo, bien puede ser el germen de errores estratégicos innecesarios y altamente costosos, en la relación bilateral con el Gigante Chino.

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