El presidente electo, Alberto Fernández, está negociando con referentes gremialistas y empresarios otorgar en diciembre aumentos en salarios, según trascendió por parte de fuentes sindicales. La medida saldría por decreto e incluirían aumentos en jubilaciones y planes sociales. El objetivo de Fernández es “ponerle plata en el bolsillo a la gente” y de esta manera reactivar la economía desde el comienzo de su mandato.
En ese sentido, se prevé que en los próximos meses se observará un movimiento al alza en materia de consumo. Algunos economistas hablan de un “veranito”, sostenido por los posibles aumentos, en un contexto de cepo cambiario, dólar “planchado”, tasas de interés un poco más bajas, congelamiento tarifario y algún posible estímulo crediticio.
“Es un combo que pondrá pesos a circular en la calle, con la idea de que se reanime la actividad en un plazo relativamente corto”, señaló el economista Matías Carugati, que a la vez señaló que, aunque sigue vigente la incertidumbre que resulta complejo pensar escenarios a futuro, es razonable suponer que Fernández va a querer arrancar su Gobierno con medidas que empujen la actividad por el lado de la demanda.
“El efecto de este paquete va a depender de las definiciones y las acciones que dé el Gobierno entrante respecto a temas cruciales como la inflación, la dinámica fiscal y la deuda. Si el plan general tiene consistencia, puede generar cierta credibilidad como para que el 'cebar la bomba' de la demanda empuje la actividad, aunque no sea más que un mero rebote que permita alivianar las presiones sociales. De lo contrario, posiblemente buena parte de la inyección de pesos termine presionando la brecha cambiaria (a causa del cepo) y la inflación”, explicó Carugati ante El Economista.
Un plan consistente, según Carugati, sería un programa que busque alcanzar un superávit fiscal en un plazo razonable y que, en el marco de las negociaciones por la deuda, despeje las dudas a corto plazo sobre la liquidez financiera del Gobierno. “Si lo fiscal 'cierra', entonces hay margen para reactivar la demanda de dinero. Lo cual es otra forma de decir que la gente no se deshaga rápidamente de los pesos que se inyecten para estimular la actividad”, aseguró.
“Lo que se espera es que con un poco de estímulo, vía tasa y mejora del poder adquisitivo, el consumo masivo debería crecer o desacelerar su caída en forma más inmediata que las ventas minoristas vinculadas a los bienes durables. Ese debería ser el proceso. En ese sentido, la industria de alimentación, bebidas, limpieza y cuidado personal quizás tenga una mejora en los números frente a otro tipo de actividades económicas vinculadas a indumentaria, calzado, herramientas, etc”, indicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, en diálogo con este medio.
Según el especialista en consumo, a pesar de querer aumentar salarios, jubilaciones y planes, recuperar poder el adquisitivo de forma inmediata no será sencillo. “Creo que va a haber búsqueda de cerrar la brecha fiscal con emisión y con incremento de impuestos, lo cual de alguna manera va a generar una reacción negativa por parte del mercado”, advirtió Di Pace, y señaló que todavía no está claro cuáles serán los beneficios impositivos para el sector micro, pequeño y mediano empresario, que fue promesa de campaña.
Por su parte, Santiago Gambaro, economista de la consultora Analytica, comentó ante este diario: “Sin novedades sobre la deuda, no hay espacio para anabólicos. En un contexto en el cual te estás obligado a controlar la nominalidad y encarar un proceso de renegociación de deuda, hay muy poco margen para hacer política de ingreso desde el sector público, y el sector privado tampoco cuenta con holgura con la caída de la demanda doméstica”.
Gambaro señala que “la política fiscal contractiva es vinculante por la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que, salvo un canje demasiado fuerte, cuya quita nos aleje de la necesidad de negociar con el organismo en el corto plazo, los grados de libertad son limitados”.
