Por Jorge Colina Economista de Idesa
La oposición con mayores chances de quedarse con la presidencia de la Nación lanzó un programa al que denominó "Argentina Contra el Hambre". Lo definió como la "primera política de Estado del Siglo XXI".
Si bien no hay documentos escritos, los anuncios giran en torno a un conjunto de medidas.
Una gran convocatoria a un Consejo Federal contra el hambre, integrado por organizaciones sociales y religiosas, empresas, universidades y medios de comunicación para trabajar juntos con el Gobierno Bacional y los gobiernos provinciales y municipales.
La creación de un Observatorio Nacional contra el hambre para monitorear y hacer el seguimiento de peso y talla y lo que se está comiendo en Argentina.
Garantizar el acceso a la canasta básica a precios razonables.
Con respecto al Consejo Federal, sería la segunda política de Estado del Siglo XXI. Porque la primera fue el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales junto con sus brazos operativos a nivel local que fueron los Consejos Consultivos del Plan Jefas y Jefes de Hogar creados en la crisis del 2002.
Estos consejos tenían la representación de los gobiernos nacional, provincial y municipal y representantes de organizaciones sociales y religiosas, sindicatos y cámaras de comercio e industrias. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sigue vigente y funcionando y los Consejos Consultivos implosionaron debido a las enormes disputas que tenían los grupos piqueteros en su interior por la distribución de los planes Jefas y Jefes de Hogar.
Un Observatorio Nacional para hacer seguimiento de peso y talla y lo que se come en Argentina es una función que ya deberían estar cumpliendo los sistemas de salud públicos, cuya gestión corresponde a las provincias y municipios, pero que ninguno lo tiene hecho.
Garantizar el acceso a la canasta básica a precios razonables es lo que se viene intentando hacer desde el 2007, cuando la inflación pasó a ser un problema y se la quiso esconder detrás de las deformaciones estadísticas del Indec, desde las épocas del exsecretario de Comercio Moreno que luego devino en el todavía vigente Precios Cuidados.
En suma, es más de lo mismo con el agravante de que ya ha demostrado su rotundo fracaso con la pobreza por encima del 30% de la población en lo que va del siglo XXI.
Si hay que buscarle una posible innovación a este plan es cuando dice “garantizar que el programa sea federal, con participación de las provincias y municipios”. En realidad, para que el programa sea federal no hay que promover la participación de provincias y municipios, sino hacer que cada nivel de gobierno haga lo que le corresponde.
A la Nación, le corresponde garantizar una macroeconómica sana para que haya crecimiento con estabilidad de precios. Esta es la condición de base para que los pobres no se multipliquen y las familias que ya son pobres puedan pensar en prosperar en base a su esfuerzo. Para eso la Nación, en lugar de pensar en el hambre, debe pensar en el equilibrio fiscal y el ordenamiento monetario.
Las provincias y municipios son los que se tienen que encargar de la política alimentaria. La prueba más concluyente en este sentido lo dio la Corte Suprema con su tan controvertido fallo mandando a compensar a las provincias por la disminución de coparticipación ocasionada por la Nación al reducir el IVA de los alimentos. La historia es que la Nación, para abaratar alimentos y combatir el hambre, disminuyó el IVA. La Corte manda a devolver el IVA a las provincias afectadas por la caída de la coparticipación de esta medida, ya que dicha disminución en los recursos provinciales les impide a las provincias cumplir con sus cometidos constitucionales básicos que ?dice explícitamente el fallo? “?importan a la esfera prestacional de derechos fundamentales: alimentación, vivienda, salud, protección de la niñez y ancianidad, etc.?” (sic).
Es claro. Para combatir el hambre hay que cumplir la regla federal. La Nación debe concentrarse en garantizar la estabilidad macroeconómica y las provincias y municipios deben concentrarse en la política alimentaria. Para esto, tienen la coparticipación y los impuestos provinciales y municipales que le cobran a población.
