“La profundización de la crisis tras las PASO, que erosionó la recaudación por el enfriamiento de la actividad y las políticas orientadas a apuntalar el consumo en un contexto de caída de los ingresos reales, deterioraron el balance primario de Hacienda”, sostienen desde Ecolatina, en un informe publicado hoy. El resultado es que la posición fiscal del Gobierno se ha vuelto a deteriorar. Incluso considerando los ajustadores acordados con el FMI (una especie de “permitidos”), el 2019 finalizará con un rojo operativo en torno al 0,7% del PIB.
Ese deterioro impactará en 2020. “El Gobierno entrante contará con pocos grados de libertad para elegir su política fiscal: con los mercados privados de crédito cerrados, una negociación con el FMI pendiente y una baja demanda de pesos, difícilmente podrá recurrir al endeudamiento y la emisión para relajar su restricción”, dice Ecolatina. En otras palabras, Alberto Fernández o Mauricio Macri deberán achicar nuevamente el déficit.
La tentación natural en Argentina es aumentar los ingresos tributarios antes de tocar el gasto. Sin embargo, no hay demasiada agua en esa pileta. “Una suba de las retenciones o un incremento en el impuesto a los Bienes Personales (representa apenas 0,4% de la recaudación tributaria nacional) no será suficiente”, dice el trabajo de Ecolatina.
“Resultará también necesario atender la dinámica de algunos gastos para que su evolución no se convierta en un peso que el Estado no pueda afrontar. Considerando que las erogaciones en jubilaciones, asignaciones y pensiones son inflexibles -estas partidas se actualizan automáticamente por inflación siempre que no se realice un cambio en la fórmula de cálculo de movilidad- y que la obra pública ya se encuentra en niveles muy bajos -pasó de 2% del PIB en 2016 a la mitad en 2019-, los subsidios económicos, que actualmente representan en torno a 2% del PBI, surgen como una variable clave para el rumbo de las finanzas públicas”, dicen desde Ecolatina.
Aquí aparece un dilema, dice Ecolatina, entre ajustar y desinflar. “Dos de cada tres pesos que salen por esta partida corresponden a subsidios energéticos, que pagan parte del costo de generación, transporte y distribución de electricidad y de la extracción e importación de gas. Por este motivo, la decisión que se tome sobre este gasto no será neutral en términos de precios”, dice la consultora. ¿Más “tarifazos” (e inflación) o mayor deterioro fiscal (por mayores subisidios)?
Algo similar ocurre con los gastos indexados que ajustan por la inflación pasada. Si la inflación baja, ese renglón del gasto sube en términos reales. Si la inflación sube (2019 terminará cerca de 60%), en cambio, se licúan.
“El problema entonces, es que la consolidación fiscal y el ataque a la inflación son objetivos contrapuestos”, amplían desde Ecolatina.
Tras el reciente salto cambiario, los costos medios de generación eléctrica saltaron 35%, en tanto que el precio afrontado por los consumidores permaneció sin modificaciones. Si se reanudaran los aumentos, el próximo Gobierno tendrá que enfrentar el dilema de validar fuertes aumentos tarifarios (correspondientes al semestre en curso y el próximo) y el IPC podría rondar, aun con estabilidad cambiaria, el 4% mensual.
“Al poco tiempo de asumir, el próximo Gobierno se presentará ante el desafío de reconocer una mayor inflación, con los elevados costos sociales y políticos que esto implica, u optar por aumentar los subsidios económicos, alimentando el desbalance fiscal”, dice Ecolatina y advierte que la posibilidad de contener la inflación “pisando” las tarifas “sólo será válida en lo inmediato (porque) un atraso significativo no es sostenible fiscalmente”.
