Por Alejandro Sampaolesi FCE de la Universidad Católica de La Plata
Aun cuando la literatura económica presente marcadas limitaciones en cuanto al entendimiento de las interacciones entre el medio ambiente y la actividad económica, existe una creciente necesidad de sentar las bases para la elección de aquellos instrumentos de mercado óptimos de política ambiental para la economía de Argentina.
Dicha tarea debería contemplar no sólo las consecuencias inmediatas de tales instrumentos sobre las características reinantes de la economía, como los desequilibrios macroeconómicos, la mala asignación de los recursos productivos, la estanflación y/o los altos niveles de pobreza, sino también sus consecuencias en el mediano y largo plazos sobre el nivel de competitividad internacional, la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) y las decisiones de localización de las firmas.
Básicamente, las autoridades pueden elegir entre dos tipos de instrumentos de mercado: impuestos ecológicos (o ecotasas) y licencias negociables, para complementar los instrumentos de política más tradicionales como la intervención directa y la reglamentación (denominadas “medidas de comando y control”).
Si analizamos el caso de los países desarrollados, encontramos que no existe un único instrumento de mercado para alcanzar un determinado objetivo en materia ambiental. Entre los fervientes defensores de las ecotasas encontramos, entre otros, países como Dinamarca, Noruega y Suecia, donde los impuestos ecológicos sobre las emisiones de dióxido de carbono tienen una participación cada vez mayor dentro de los ingresos tributarios. Por otro lado, Estados Unidos ha sido el primer país en utilizar un sistema de licencias exitoso para controlar las emisiones que contaminan el aire, porque tener la posibilidad de contar con un sistema de control de emisiones diferente para pequeñas y grandes empresas per
mitió que ambas puedan participar en el mercado de licencias.
En ese contexto, encontramos que existen diferentes opiniones respecto a la viabilidad de ese tipo de instrumentos en países en desarrollo. Los que están a favor argumentan que estos países deberían beneficiarse de las experiencias de los países desarrollados mientras que los detractores sostienen que la falta de sistemas de monitoreo y control, en la mayoría de estos países, dificulta la transferencia de experiencias y lecciones de un contexto a otro.
Tomando los aspectos dinámicos de tales instrumentos, encontramos que los efectos de los impuestos ecológicos sobre el nivel de competitividad internacional representan uno de los aspectos más controversiales dentro de la literatura económica. La mayoría de los trabajos empíricos, al menos para los países desarrollados, no pueden confirmar la existencia de una relación inversa entre competitividad y ecotasas. Además, de acuerdo a la teoría revisionista de Porter, nuevos estudios muestran no sólo que esta relación no existe, sino que también un circulo virtuoso puede generarse (por ejemplo, la política ambiental puede fomentar la competitividad internacional de aquellos sectores más contaminantes por medio del incremento de sus gastos en investigación y desarrollo, R&D y, por ende, de la generación de tecnologías verdes). Esto es diferente en el caso de los países en desarrollo dado que, como estos generan muy pocos avances tecnológicos, la existencia de dichos círculos es muy poco probable. Asimismo, debido al rol de país pequeño que los mismos enfrentan con respecto a los mercados internacionales de sus bienes transados, carecen de incentivos para modificar los términos del intercambio o generar políticas comerciales estratégicas por medio de la política ambiental.
En cuanto al análisis de los efectos de la política ambiental sobre las decisiones de IED, podemos decir que los trabajos empíricos fracasaron en demostrar que las políticas ambientales laxas (bajas tasas ecológicas) puedan determinar la entrada de inversiones reales en países en desarrollo. Lo cual acentúa el argumento de que la participación de los costos ambientales en los costos operativos de la firma es muy pequeña como para afectar las decisiones de inversión o que el deterioro de la calidad ambiental se ve reflejado en mayores salarios. Lo cual implica que, si los trabajadores reciben salarios más altos para vivir y trabajar en áreas contaminadas, los costos que enfrentan las firmas no variarían. Por otro lado, parece bastante improbable que solo las regulaciones ambientales puedan decidir la entrada de inversiones. En ese sentido, además de la remuneración al capital natural, deben considerarse otros aspectos tales como, entre otros, el riesgo cambiario, el retorno del capital físico y el tamaño del mercado doméstico en las decisiones que toman las firmas para invertir en el exterior.
Siguiendo el argumento recién enunciado, podemos sostener que los efectos de las políticas ambientales laxas son muy pequeños como para afectar las decisiones de localización de las firmas. Además, en la medida en que los estándares ambientales estén armonizados en un particular nivel de contaminación, las firmas no obtendrían beneficio alguno si decidieran relocalizarse en otra región.
Tras el análisis precedente podemos concluir que la política óptima debería contemplar los siguientes aspectos.
Primero, en la medida que los principales socios comerciales de la economía argentina sean países en desarrollo, la posibilidad de desarrollar tecnología está fuera de sus alcances y, por lo tanto, la chance de generar competitividad internacional por medio de impuestos ecológicos.
Segundo, tomando el tamaño relativo de la misma en los mercados internacionales, esta carece del poder para modificar los términos del intercambio o de usar políticas ambientales como políticas comerciales estratégicas.
Tercero, la entrada de inversiones extranjeras reales, así como las decisiones de localización de las firmas, es función de la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazos más bien que el resultado de las políticas ambientales.
Las implicancias y conclusiones anteriores muestran que la política ambiental solo puede actuar sobre la estabilidad del sector público. Por lo tanto, el instrumento óptimo debería ser el menos perjudicial en términos de estabilidad macroeconómica. En este aspecto, a partir de la restricción interna (desempleo) y externa (deuda externa) que presenta la economía argentina, se puede concluir que un sistema de licencias transferibles es más ventajoso que un sistema de ecotasas. En el que una de sus principales ventajas sería evitar el uso de la política ambiental para resolver otro tipo de distorsiones de la economía generadas por la no competitividad de determinados sectores productivos o por la existencia de impuestos distorsivos. Otra importante ventaja estaría dada por la imposibilidad de aplicar dichas tasas para corregir los desbalances comerciales que pueda presentar la economía (por ejemplo, sería ingenuo creer que tasas ambientales que fomenten las exportaciones de determinados bienes o sectores puedan compensar las fallas asociadas al mal uso de la política macroeconómica o a la mala asignación de los recursos productivos).
Además, el uso de licencias transferibles implicaría un menor costo de implementación, dado que la autoridad económica no necesitaría conocer los costos de producción de las firmas para determinar el nivel óptimo de las ecotasas, una mayor disciplina del sector público, dado que no se podrían usar los recursos provenientes de las tasas ambientales para financiar al sector público, y, finalmente, evitar la posibilidad de que el sector formal financie al sector informal en materia ambiental, dado que debido al incremento del sector informal de la economía, en términos del PIB, mayores tasas implicarían que el sector formal soporte los costos ambientales asociados al aumento en el nivel de producción del sector informal.
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Faurié vs. Greta
“Hemos tenido una actitud proactiva”, expresó, ayer, el canciller de Argentina, Jorge Faurie. Desde Nueva York, realizó las declaraciones en respuesta a la denuncia que realizó el lunes un grupo de jóvenes, encabezado por la sueca Greta Thunberg, en la Cumbre de Acción Climática. “Argentina es un país que contamina muy poco en comparación con el resto del mundo y causa menos del 0,7% del calentamiento global”, dijo Faurie.
Más enfático fue el exGreenpeace, y hoy diputado nacional por Cambiemos, “Cali” Villalonga. Sobre los dichos de Greta, tuiteó: “Totalmente arbitrario: desconoce lo más básico en cuanto a reparto de responsabilidades climáticas; desconoce el papel jugado por cada uno de esos países en torno a las negociaciones climáticas y releva de responsabilidades a los peores jugadores. Disparate”. Recordó que Argentina está en el puesto 23° entre emisores. “Estamos ingresando en una etapa de litigiosidad inmensa y de consecuencias impensadas. En la medida en que los impactos del cambio climático se vayan consolidando, los juicios serán infinitos”, agregó Villalonga.
