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Criptoactivos, ¿ha llegado la hora de su regulación?


9 de septiembre, 2019



Por Florencia Figueras, Agustín De Marco, Marisa Valotta y María Eva Fernández (*)

 

El 6 y 7 de junio, integrantes de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires fuimos protagonistas de la segunda edición del programa “Cambio de Roles”, donde conocimos in situ el funcionamiento del Poder Legislativo mediante la simulación de todas las etapas de tratamiento de un proyecto de ley. El mismo versó sobre la regulación de las criptomonedas, las cuales se revelan como la “moneda del futuro”.

 

El creciente desarrollo de las criptomonedas implica desafíos regulatorios únicos a nivel nacional e internacional. Como integrantes de la carrera de Ciencia Política creemos que “hacer política” es involucrarse, pensar, crear y proponer soluciones para resolver los problemas de las sociedades del mundo. Por tal motivo, el reto actual consiste en la instauración de un marco regulatorio y una política de supervisión que no quebrante los sistemas vigentes y aminore los riesgos, siempre con la finalidad de proteger a los usuarios.

 

El uso y difusión a escala mundial de las criptomonedas es innegable. Ha llegado para quedarse y ello responde a las ventajas de su utilizaciòn: las transacciones se realizan “entre direcciones” en vez de personas identificadas y no es requisito estar bancarizado ni revelar la identidad para operar. Tampoco responde a una autoridad monetaria central, dado que todos los usuarios intervienen en red, influyen y colaboran en su desarrollo. No existen fronteras para su intercambio, tampoco hay días inhábiles u horarios de cierre para realizar las operaciones.

 

El fenómeno de las criptomonedas data de 1998, año en el que se difundió por primera vez el concepto de moneda virtual. En aquél entonces, el objetivo principal era rehuir del control de una autoridad monetaria central, mediante de transacciones virtuales cifradas de altos niveles de seguridad. Su expansión in crescendo respondió a la profunda crisis económica del año 2009. Actualmente, se reconocen más de 1.600 tipos de monedas virtuales, según lo indica CoinMarketCap.

 

Sin embargo, para quienes son ajenos a la materia informática, es un sistema difícil de monitorear. Cada usuario utiliza una billetera virtual con la cual opera. Cada transacción queda registrada públicamente en una cadena de bloques (blockchain), lo cual permite verificar su validez. Dicha “verificación” proviene del consenso de múltiples usuarios. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuál será el nuevo rol que asuman los Estados como entes de control frente al avance de los criptoactivos?

 

De acuerdo con lo descripto, puede revelarse que asistimos a un cambio de paradigma. El creciente avance de nuevas tecnologías ha cambiado inexorablemente la forma de comercializar. El impulso de la industria fintech es un ejemplo de ello.

 

El Estado debe enfrentarse a los desafíos y adaptarse a las nuevas condiciones de mercado que se mueven a gran velocidad. Estar a la vanguardia y fomentar el desarrollo de sectores con alto impacto nos posicionará de mejor manera y será nuestra carta de presentación. La economía del conocimiento está instalada y Argentina dio un paso importante aprobando en el mes de mayo del corriente por unanimidad en el Senado: el “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.

 

El conocimiento cambia la manera de ver el mundo y da lugar a otras perspectivas. Se trata de una oportunidad de cambiar la generación de recursos con más posibilidades de desarrollo para todos. Estas actividades hicieron que el empleo entre 2007-2017 creciera 65% más que en el resto de la economía y que las ventas también aumentaran en el mismo periodo 70% frente a un crecimiento general del 12%.

 

La Economía Digital se presenta como una gran oportunidad y, a la vez, como un gran desafío para el cual los principales países del mundo, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, se están adecuando con iniciativas de regulación. La cuestión es proveer un soporte jurídico objetivo por fuera de todo marco interpretativo. Se trata de una realidad que, por fuera del ámbito virtual, tiene un impacto concreto en una economía cada vez más globalizada.

 

En consecuencia, ¿una potencial regulación sobre el uso de los criptoactivos proporcionaría beneficios o ventajas sociales? La utilidad social de los criptoactivos no puede justificarse solamente sobre la base de las transacciones generadas. Debe existir una real y efectiva prevención para que su utilizaciòn no sea destinada a costear los mercados ilegales tales como el tráfico de drogas, armas, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Esto nos lleva al innegable compromiso de asegurar el interés general e insertarse propiamente en las vanguardias de la economía del futuro.

 

Por el momento, Argentina no ha adoptado una posición determinante. Si queremos colocarnos a la vanguardia, es preciso entender que regular no es prohibir, sino constituir un marco normativo en pos de un bien común. Es imprescindible tener un Estado presente que establezca las reglas de juego necesarias para hacer frente a los fenómenos sociales relevantes y de creciente impacto, en este caso, sobre el uso las criptomonedas.

 

Ofrecer un marco regulatorio de las monedas digitales es concomitante con un ulterior desarrollo técnico y tecnológico, tendiente a superar el rezago del sistema financiero local con respecto a las tendencias de carácter global.

 

Dicha regulación debiera hallarse inserta en un proceso de implementación de política pública que releve estratégica y programáticamente los pormenores del fenómeno en cuestión, sopesando correspondientemente los beneficios obtenidos y perseguidos. Independientemente de ello, la regulación en materia estatal se nos revela necesaria e ineludible, no solo desde los beneficios que ello puede aportar a la economía y a la sociedad en su conjunto, sino también desde la contingencia que hace al uso y expansión de la criptomoneda como recurso.

 

(*) Estudiantes de Ciencia Política (UBA)

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