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Sin responsabilidad previsional, no hay sustentabilidad fiscal

2 de julio, 2019

sistema previsional

Por Jorge Colina Idesa

 

El 2019 será el año en el que las cuentas públicas cerrarán con déficit primario cero, o bien, se estará muy cerca de lograrlo. Pero están lejos de ser cuentas públicas sustentables aún. El principal factor de desestabilización fiscal es el sistema previsional.

 

Esto se explica porque el gasto previsional es el más importante de las cuentas públicas, Argentina ya tiene un excesivamente alto gasto previsional y lo único cierto hacia el futuro es que ese gasto seguirá creciendo por envejecimiento de su población y por los múltiples defectos que tienen las reglas previsionales argentinas.

 

El gasto previsional alcanza al 45% del gasto primario (excluyendo los intereses de deuda) y se ajusta automáticamente por inflación. Este nivel representa el 9% del PIB. Una proporción muy alta desde el momento en que Argentina tiene apenas 11% de su población con edades superiores a los 65 años. Para tener una referencia, Australia tiene el 16% de la población con edades superior a 65 años y su gasto previsional es de menos del 5% y Japón que es el país más envejecido del mundo, con 27% de la población por encima de los 65 años, gasta 10% del PIB, o sea, casi igual que Argentina.

 

El gasto previsional alcanza al 45% del gasto primario (excluyendo los intereses de deuda) y se ajusta automáticamente por inflación. Este nivel representa el 9% del PIB. Una proporción muy alta desde el momento en que Argentina tiene apenas 11% de su población con edades superiores a los 65 años.

 

Argentina además, recién está empezando a envejecer. Según proyecciones del Indec, a partir del 2020, la cantidad de jóvenes menores de 20 en Argentina va a dejar de crecer. Esto significa que tomando los próximos diez años (2020 a 2030), Argentina se mantendrá en 14,5 millones de jóvenes menores de 20 pero los mayores de 60 años de edad habrán pasado de 7,1 a 8,7 millones de ancianos. O sea, habrá 1,6 millones más de ancianos cuando la demografía dejó de producir jóvenes. A partir del 2030 los problemas del envejecimiento se agravarán, pero sin ir tan lejos en el tiempo lo que se quiere mostrar con estos números es que el problema del envejecimiento es actual.

 

Todas estas cifras son evidencias de que el sistema previsional es una “bomba de tiempo” y, para colmo, los que definen sus reglas agravan la situación.

 

¿Cuáles reglas? El Gobierno anterior cometió un acto extremadamente irresponsable que fueron las moratorias previsionales. Si bien había un problema concreto a resolver que era atender a un segmento de ancianos en situación de vulnerabilidad sin beneficio previsional, en lugar de diseñar una pensión no contributiva focalizada en esta población, en el 2005 modificó con un Decreto de Necesidad de Urgencia una vieja ley para permitir que cualquier persona mayor de 60 pueda simular haber sido trabajador autónomo y hacer como que paga los aportes adeudados con una moratoria a través de una jubilación que se otorga con el pago de la primera cuota. Así se otorgaron de manera indiscriminada 3,5 millones de jubilaciones sin aportes.

 

Algunos le llaman a esto “inclusión previsional”. Pero cuando se mira con detenimiento, surge que más apropiado es el nombre de “derroche con inequidad previsional”. De los 3,5 millones de jubilaciones sin aportes, 800.000 están duplicadas con otra jubilación o pensión, con lo cual estas personas están recibiendo con ambos beneficios un haber medio del orden de los $28.000, cifra similar al haber medio de las personas que se jubilaron haciendo aportes ($30.000).

 

De las 2,7 millones de adultos mayores que reciben un solo beneficio por moratoria, muchos viven en hogares que no son pobres porque tienen un cónyuge con jubilación y otras fuentes de ingresos. Lo grave vendrá cuando muera el cónyuge porque el sobreviviente también duplicará la cobertura (ya que a su jubilación por moratoria se le sumará la pensión por sobrevivencia).

 

El costo de las moratorias asciende a 2,7% del PIB y según estimaciones su impacto durará hasta 2050, cuando se proyecta que fallezca la última persona que recibió una moratoria. Costo que no se reducirá en el corto plazo por efecto de que la cobertura se duplica cuando muere un anciano. Las autoridades de la Anses en lugar de abordar este tema estableciendo que las jubilaciones por moratorias sean incompatibles con la obtención de un segundo beneficio previsional, extendió las moratorias por tres años.

 

Esto no sólo que socava el objetivo de déficit primario cero sino que entra en flagrante contradicción con su propia Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) la cual, apropiadamente, consiste en una pensión equivalente al 80% de la jubilación mínima para personas de cualquier sexo que lleguen a los 65 años sin aportes y no tengan otro beneficio social. La PUAM es un buen diseño previsional sancionada en el 2016 que venía a reemplazar las moratorias.

 

Dejando a un lado las moratorias, lo otro que también se debe revisar son los regímenes especiales –políticos, jueces, diplomáticos, docentes no universitarios y universitarios, investigadores y científicos, Poder Judicial, Luz y Fuerza, Río Turbio–, varios creados también a partir del 2005, que jubilan personas antes o pagan jubilaciones superiores al régimen general. O sea, jubilaciones de “privilegio”.

 

En suma, las moratorias y los regímenes especiales demuestran que las improvisaciones, el oportunismo y el electoralismo en la definición de las reglas previsionales son extremadamente costosas desde el punto de vista fiscal y lo peor de todo es que comprometen el esfuerzo de generaciones e incluso aquellas que todavía no nacieron.

 

Sin responsabilidad previsional, no hay sustentabilidad fiscal.

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