Por José Florito Coordinador del programa de Protección Social de CIPPEC
En los últimos veinticinco años, Argentina no logró perforar un piso de 25% de pobreza. Las frecuentes crisis económicas aumentaron, sistemáticamente, la cantidad de personas que no tienen ingresos suficientes para acceder a la llamada Canasta Básica Total, cuyo valor, medido por el Indec, es el umbral a partir del que se considera que una persona es pobre.
Sin embargo, el universo de las personas en esta situación de vulneración de derechos es mucho más complejo y heterogéneo que lo que el concepto de “ser pobre” puede capturar. Incluye a los que perdieron su trabajo y tienen problemas para obtener otro; a quienes fueron fuertemente afectados por la situación macroeconómica adversa; y a los que tienen muy pocas posibilidades de salir de la pobreza, incluso ante situaciones de crecimiento económico. Esta diversidad, invisibilizada bajo el rótulo de “pobreza”, llama a pensar políticas públicas específicas para abordar situaciones diferentes.
En los últimos 25 años, Argentina no logró perforar un piso de 25% de pobreza. Las frecuentes crisis económicas aumentaron, sistemáticamente, la cantidad de personas que no tienen ingresos suficientes para acceder a la CBT.
Para priorizar a los que están más expuestos a los efectos negativos de la pobreza, es necesario considerar la situación de las personas que viven en lo que se llama “pobreza crónica”. Estos no tienen ingresos suficientes en la actualidad, pero también padecen vulneraciones específicas que hacen improbable que salgan de la pobreza en períodos de bonanza económica: trabajos precarios y en la informalidad; gran volatilidad de los ingresos; mayores responsabilidades de cuidado; déficits de vivienda y acceso al hábitat; entre otras.
Según un estudio del CEDLAS, CIPPEC y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), casi la mitad de esta población está compuesta por niños y adolescentes menores de 15 años. Esto tiene graves consecuencias para el ejercicio de sus derechos y posibilidades de realización plena, además de alimentar la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Es necesario actuar de forma inmediata con una estrategia articulada que priorice tres ejes clave.
En primer lugar, mejorar las condiciones de trabajo a través de políticas que tiendan a la inclusión de los trabajadores informales al régimen de protección social. Esto incluye la universalización de transferencias de ingreso, especialmente la Asignación Universal por Hijo (AUH), y el fortalecimiento de su poder adquisitivo.
En segundo lugar, es fundamental avanzar en una mirada integral del proceso de desarrollo humano que incluya componentes educativos y sanitarios desde la primera infancia: fortalecer la calidad y la cobertura de los jardines y espacios de crianza, enseñanza y cuidado; ampliar la disponibilidad de escuelas con jornada extendida; y pensar en estrategias innovadoras de retención y revinculación con el nivel educativo secundario son medida en esa dirección. A la vez, esto también incluye mejorar las condiciones del hábitat de la población en situación de pobreza crónica, con foco en el acceso a servicios básicos, espacios de recreación y transporte público, e integración social a través de la ciudad.
Finalmente, un tercer eje es el de consolidar una estructura gubernamental que opere, mediante mecanismos de coordinación interministerial y federal, de forma integrada, para dar respuestas sólidas y sustentables a la situación. Esto también incluye medidas que fomenten y fortalezcan la representación de los intereses y de la voz de los ciudadanos en situación de pobreza crónica, para que puedan incidir sobre las políticas públicas que afectan su vida en un marco de verdadera equidad.
