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Es necesario barajar y dar de nuevo en materia tributaria

1 de julio, 2019

AFIP

Por Santiago Saenz Valiente Socio Fundador de SSV y Asoc.

 

Es indiscutible que la carga fiscal supera el 35% de nuestro PIB y la competencia desleal por evasión impositiva atenta contra el propio desarrollo económico del país. Entre otros efectos están, la disminución de puestos de trabajos genuinos y registrados, los precios de los bienes poseen un contenido impositivo mayor que valor agregado en las etapas productivas y los pobres quedan afectados sensiblemente al gastar sus magros ingresos.

 

Es necesario barajar y dar de nuevo en materia tributaria. Hay que lograr tener un sistema impositivo y no una yuxtaposición de impuestos distorsivos cuyos principios constitucionales lejos están de respetarse.

 

La actividad privada debe tener espacio suficiente para expandirse y, para ello, la pretendida recaudación debe ser mesurada. Hay que sacarle el pie de encima y crear condiciones óptimas permitiéndole generar riqueza.

 

Desde hace varias décadas, más de la mitad de la población vive del Estado por subsidios o cargos con retribuciones desmedidas que los privados lejos están de poder afrontar.

 

Las distorsiones de los diferentes impuestos resultan insostenibles, además de incrementar en forma exponencial la evasión tributaria. Es un círculo vicioso, donde los cumplidores cada vez pierden una mayor tajada de sus propios réditos por su merecido esfuerzo.

 

Se impone la obligación de encausar el rumbo de la estructura impositiva y respetar los principios constitucionales esenciales. Con un prisma de optimismo, podemos decir que la Reforma Tributaria vigente desde 1/1/2018 dispuso ciertos cambios acertados aunque insuficientes.

 

El rol del Estado es tener a su cargo la seguridad, Justicia, educación, salud y proteger a los ciudadanos vulnerables. La distribución de poderes y servicios de gobierno hay que elegirlos adecuadamente, así como vincular la responsabilidad con el reparto de la recaudación. Esta situación continúa siendo asignatura pendiente en estas latitudes.

 

Desde hace varias décadas, más de la mitad de la población vive del Estado por subsidios o cargos con retribuciones desmedidas que los privados lejos están de poder afrontar.

 

Los gravámenes vigentes (son más de un centenar) no contemplan las bases de nuestra Carta Magna. La capacidad de contribuir es la medida esencial a cumplir, pero es violada al exigirse la carga fiscal sin permitir su corrección por inflación. En muchos casos, se reclama una exacción donde no existe renta real sino ficticia, afectando fuertemente el desarrollo de la actividad. Está claro que la inflación es como el diablo, al mostrar las apariencias y esconder las realidades.

 

La seguridad jurídica es un baluarte que ha sido perdido hace tiempo en materia tributaria.

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El ajuste por inflación impositivo estuvo suspendido desde 1992, y con ello gran cantidad de distorsiones. La reforma tributaria de 2018 lo permitía cuando se excedía un porcentual superior al 33% para el primer ejercicio y, avanzado el 2018 y excedido el parámetro, se reemplazó por el 55% y un índice diferente.

 

También impedir actualizar el costo desde hace más de 27 años ante la venta de inmuebles, lleva a una confiscatoriedad tan manifiesta que los estrados judiciales le otorgan generalmente la razón a los contribuyentes. Además de un dispendio de esfuerzos, se produce una pérdida de ingresos genuinos al estado pues así las operaciones se suscriben a valores alejados de la realidad. Los fondos excedentes alimentan la economía informal.

 

Otra premisa básica no cumplida es la equidad, base de las cargas públicas. Amén de las situaciones particulares en la propia legislación, se disponen normativas que atentan contra este principio. Sin justificativo alguno, la retribución recibida por las empresas unipersonales y los trabajos en forma independiente, son más castigados que los ingresos obtenidos por la relación de dependencia.

 

Muchas deducciones de gastos directamente vinculados con la obtención y el mantenimiento de la ganancia, tienen montos estáticos hace más de 20 años. Un caso emblemático son los gastos de automóviles para actividades que siendo indispensable su uso, se restringen por todo concepto a un tope de $ 7.200 anuales que, actualizados, deberían ser $ 140.000. Con ello se gravan también rentas inexistentes.

 

Las excesivas retenciones aplicadas en los cobros, anticipos y pagos a cuenta, percepciones de aduana por importaciones y toda otra forma de adelantos, lleva a conformar un crédito en favor del contribuyente. El capital de trabajo que le pertenece a las empresas para su funcionamiento, queda en manos de los fiscos. Su devolución no resulta frecuente y cuando se logra su resarcimiento en ínfimo.

 

Para las Pymes, el principal motor de generación de empleo en Argentina, las ventajas impositivas dispuestas no resultan suficientes. El computo del 10% a cuenta del Impuesto a las Ganancias por compra de inversiones productivas, ha concluido en diciembre de 2018 y no ha sido renovado. La tasa impositiva general del 35% fue reducida al 30% para 2018 y 2019, y 25% desde 2020, pero se trata de un diferimiento que las pequeñas y medianas empresas no puedan acceder, pues los retiros de las utilidades son esenciales parar las familias propietarias. En cambio, las grandes compañías están en condiciones de capitalizar por largo tiempo y beneficiarse así con la reducción de este gravamen.

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Las distorsiones de los diferentes impuestos resultan insostenibles, además de incrementar en forma exponencial la evasión tributaria. Es un círculo vicioso, donde los cumplidores cada vez pierden una mayor tajada de sus propios réditos por su merecido esfuerzo.

 

Desde larga data, mantener trabajadores registrados en relación de dependencia implica un costo inaceptable respecto de lo que reciben los empleados. La consecuencia frecuente es que conste registrado como monotributista, cuando en los hechos no corresponde dicha figura.

 

Las estadísticas sobre la real magnitud de las operaciones informales no resultan confiables, pues las formas de evasión son variadas y complejas. Hay que evitar brindar motivos a los contribuyentes para justificar su evasión. Debe captarse la capacidad de contribuir medida de manera correcta, en lo económico y financiero.

 

Dentro de nuestra propuesta planteamos lo siguiente:

 

Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre los Bienes Personales

 

  • A las empresas, aplicar en forma inmediata de la corrección por inflación de los resultados anuales impositivos y así lograr alcanzar la renta real, con efecto completo en propio periodo fiscal.
  • Admitir la actualización de los quebrantos de ejercicios anteriores.
  • Permitir las amortizaciones actualizadas cualquier sea el periodo de incorporación, sin la necesidad de acceder a un revalúo que incluso exige un impuesto adicional.
  • Para las personas, revisar los mínimos presuntos, así como los gastos deducibles que tengan actualización automática de sus valores y determinar una nueva tabla con franca progresividad para determinar el impuesto.

 

Que los resultados de las operaciones inmobiliarias se determinen en dólares y así alcanzar su resultado efectivo.

 

En Impuesto al Valor Agregado

 

  • Fijar una tasa única reducida al 18%. Esta carga se inició con 13% en 1975 y hoy llega al 21%, afectando fuertemente a los que menos tienen.
  • Eximir a la carne, verduras y alimentos esenciales de esta carga fiscal, disponiendo la devolución de créditos en la etapa primaria.
  • Fijar controles especiales efectivos y expeditivos para devolver con agilidad los saldos en favor del contribuyente y actualizar dichos montos adecuadamente.

 

Obviamente la otra pata de la mesa (los gastos públicos) requieren una revisión constante de su razonabilidad y distinguir cuales resultan imprescindibles de aquellos que no lo son. Su transparencia en relación con la recaudación resulta fundamental.

 

La distribución de la riqueza no puede nunca alcanzarse si antes no se dispone un sensato sistema tributario con escasos impuestos, cuyo cumplimiento de los principios constitucionales se respeten sobradamente para que empresarios y ciudadanos contribuyan.

 

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