Por Guido Lorenzo Director Ejecutivo de LCG
Las necesidades financieras para 2019 parecen estar cubiertas. El Gobierno ha logrado mostrar una buena renovación de Letras para el período inmediato posterior al cambio de mandato presidencial y eso le da aire al Programa Financiero de 2019, aunque podría verse comprometido vía peor resultado fiscal si parte de las rentas del FGS se destinan al programa de créditos Argenta en lugar de mejorar el resultado del Sector Público No Financiero.
Más allá de ese detalle, la renovación por encima de lo esperado de las letras de corto plazo da aire al programa financiero del 2020, también, si permite trasladar recursos y empezar con mayor caja el año entrante. Sin embargo, el perfil de la deuda de Argentina tiene debilidades. En primer lugar se está acortando: el plazo promedio de vencimiento ya se encuentra en 7,2 años mientras que hace dos años rondaba los 8 años.
Por otro lado, los servicios totales de la deuda representa 85% de los ingresos tributarios, es decir, $85 de cada $100 que recauda el Estado se destina al pago de deuda o servicios de la misma, con la dificultad de subir impuestos en una economía que está ahogada ya. Adicionalmente la deuda pública en moneda extranjera como porcentaje de las exportaciones sigue creciendo debido a la escasa dinámica de la demanda global.
En ese contexto, el próximo Gobierno deberá afrontar, en 2020, vencimientos de capital con el mercado e intereses por aproximadamente US$ 30.000 millones, que deberá cubrir con el superávit primario, nueva deuda en el mercado y desembolsos del FMI.
Los desembolsos del FMI serán por apenas US$ 3.900 millones, que ya están estipulados, y difícilmente se pueda acceder a mayor financiamiento mientras que el superávit primario, en caso de cumplir la meta del 1% del PIB, será por US$ 4.000 millones.
La necesidad de Argentina de acceder nuevamente a los mercados es desafiante (cerca de US$ 22.000 millones en 2020) y es condición necesaria para que el país no entre nuevamente en un estrangulamiento de la cuenta corriente. Creemos que el mayor crédito internacional producto de la baja de tasas por parte del BCE y la Fed podría ser beneficioso para los países emergentes. Sin embargo, no será fácil seducir nuevamente a los inversores de que el país es solvente.
La solvencia deberá mostrarse en el esfuerzo fiscal, pero también en el crecimiento del país. Dos años seguidos con caída de la actividad y un 2020 aún incierto podría ahuyentar a los inversores. La posibilidad de compatibilizar ajuste fiscal con crecimiento es dificultosa.
Precisamente, más que el esfuerzo fiscal, el mercado empezará a notar la anemia en la tasa de crecimiento de la actividad si esta no se recompone. De ahí que el mercado pide reformas estructurales. Aunque el propio mercado tampoco sepa muy bien cuáles son esas reformas, habrá que dar señales: reforma laboral, previsional, relación Nación-Provincias, tributaria y otras. Cualquiera suena market friendly.
La señal de mayor solvencia hará que pueda haber liquidez y eso genera mayor chances de transitar a una economía con equilibrios macroeconómicos, sin sobresaltos y estabilidad. Finalmente, el mercado, más que nombres de candidatos, necesita señales de reformas de mediano plazo.
