Hace falta una reforma laboral para proteger a los trabajadores

6 de junio, 2019

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Por Jorge Colina IDESA

 

En Argentina, cuando se habla de la necesidad de la reforma laboral automaticamente se levantan voces afirmando con énfasis que no. Que por el contrario, si hay que revisar la legislación laboral y/o los convenios colectivos de trabajo deben ser para sumar exigencias a las empresas privadas a fin de proteger más a los trabajadores. Aquí conviene detenerse y hacer una panorámica del mercado laboral argentino.

 

Según datos oficiales, el total de la fuerza laboral urbana en Argentina se estima en 18,5 millones de personas. De éstas, 1,5 millones están desempleadas. Quiere decir que los ocupados urbanos son 17 millones. Pero dentro de los ocupados urbanos hay 5,5 millones de informales, entre trabajadores “en negro”, cuentapropistas informales y trabajadores de servicio doméstico que no hacen aportes a la seguridad social. Quedan entonces 11,5 millones de ocupados con aportes a la seguridad social. Pero de éstos, la mitad son empleados públicos, monotributistas, autónomos y servicio doméstico con aporte a la seguridad social. Al final queda que los que son empleados urbanos en relación de dependencia en empresas privadas con aportes a la seguridad son algo menos de 6 millones. O sea, apenas el 30% de la fuerza laboral está asalariada “en blanco” en una empresa privada.

 

Cuando se mira en retrospectiva, aparece que desde el año 2012 hasta el 2019 la cantidad de asalariados “en blanco” en empresas privadas se mantiene estática en el orden de los 6 millones. Lo que sí creció mucho en las ocupaciones con aportes son los empleados públicos, que aumentaron en medio millón, y los cuentapropistas y el servicio doméstico con aportes, que aumentaron en otro medio millón. Es decir que, no sólo que se tiene apenas un tercio de la fuerza laboral como asalariado registrado en empresas privadas, sino que además hace siete años que este número está estancado, mientras el empleo público, el monotributismo y el servicio doméstico con aportes crecieron en 1 millón.

 

Si con la legislación laboral y los convenios colectivos actuales se tiene al 70% de los ocupados fuera de las empresas privadas significa que estos dispositivos, en lugar de proteger a los trabajadores argentinos, los desprotege. El primer paso para proteger a los trabajadores de la supuesta voracidad de la patronal es que la mayoría esté en relación de dependencia dentro de las empresas, no afuera en el desempleo, la informalidad, el cuentapropismo, el servicio doméstico y el empleo público.

 

El problema de la legislación laboral y los convenios colectivos de trabajo no es que protegen en exceso a los trabajadores y, por ello, las empresas son renuentes a tomar trabajadores en relación de dependencia. El problema es que la Ley de Contrato de Trabajo y la mayoría de los convenios colectivo de actividad vienen de la década de los ’70s con muchos vicios de aplicación que fueron distorsionando los dispositivos de protección. Se ha llegado a un punto en el que, aun tomando al 30% de la fuerza laboral que tiene un empleo en relación de dependencia, los “protegidos” no son los trabajadores sino los intereses espurios: léase jueces, abogados y burocracia de los juzgados laborales, sindicales de cúpula que preservan poder y dinero gracias a la centralización de la negociación colectiva, activistas sindicales que toman beneficios de la conflictividad, entre otros.

 

De esta forma, las empresas privadas en Argentina se muestran renuentes a tomar empleados en relación de dependencia no porque estén en contra de que el trabajador despedido sin causa tenga una razonable indemnización, que tenga un salario mínimo o que tenga una representación sindical dentro del establecimiento. Las empresas no toman empleados en relación de dependencia porque no quieren que una indemnización por despido se convierta en un juicio millonario (donde cobran varios y el trabajador se lleva la menor parte), los salarios de convenio no tengan relación con la productividad laboral de los trabajadores y los delegados sindicales prioricen el conflicto antes que el consenso.

 

¿Hace falta una reforma laboral? Sí, pero no para desproteger a los trabajadores sino para recuperar la protección de ellos. Primero, haciendo que puedan tener un empleo en relación de dependencia en una empresa. Segundo, para que las instituciones laborales los protejan a ellos y no a los intereses espurios.

 

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