La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto de financiamiento político que permite que las empresas privadas puedan aportar dinero a las campañas y bancariza esas colaboraciones, con el objetivo de que no haya fondos provenientes de actividades ilícitas.
El plenario legislativo aprobó en general el proyecto por 148 votos contra 69, con lo cual cumplió con el requisito constitucional de la mayoría absoluta, que en Diputados implica 129 votos.
El proyecto fue aprobado con el respaldo de Cambiemos, el massismo, y Alternativa Federal mientras fue rechazado por el kirchnerismo, Red por Argentina y la izquierda. El oficialismo con Adrián Pérez a la cabeza, negoció arduamente con los distintos bloques de la oposición, en busca de poder dar un marco normativa a la campaña que se aproxima
Uno de los puntos centrales es que los aportes privados deberán estar bancarizados para que se conozca la identidad.
Tal como contó este diario, en la votación en particular la CC ARI (que integra el interbloque del oficialismo) se expresó en contra de permitir el aporte de empresas, aspecto de la norma que durante el verano había obstaculizado el llamado a sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo Nacional, dada la falta de consenso dentro del propio Cambiemos.
El proyecto establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades y campañas electorales.
Uno de los puntos centrales es que los aportes privados deberán estar bancarizados para que se conozca la identidad de las empresas que realicen sus contribuciones. En ese sentido, la iniciativa fija que las personas jurídicas podrán aportar dinero con un tope del 2 % de los gastos autorizados por la ley.
La ley reduce en un 50% la obligación de ceder espacios gratuitos en la televisión por suscripción a los partidos.
Además, determina que no podrán realizar donaciones los entes estatales, los contratistas del Estado ni aquellos que exploten juegos de azar.
Otro artículo clave es el que reduce en 50% la obligación de ceder espacios gratuitos en la televisión por suscripción a los partidos políticos. En el año 2020 las empresas podrán computar a cuenta de impuestos nacionales el 50% de la cesión gratuita.
En el inicio del debate, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, defendió la bancarización del aporte privado al afirmar que “la actual ley esconde la hipocresía, porque permitía al aporte de las empresas a través de sus gerentes ya que habilitaba a las personas físicas, pero no jurídicas, cuando es mejor que sepamos cuales son las empresas que aportan a las campañas políticas”.
Por su parte, el titular de del bloque del FPV, Agustín Rossi, dijo: “En el 2009 hicimos grandes cambios porque se incorporaron las pasos, y pusimos el sistema de comunicación audiviovisual al servicio de los partidos políticos”, y señalo que “es inconveniente abrir la
puerta al financiamiento privado”.
En la misma línea que Tonelli, el diputado radical Diego Mestre, afirmó que con la ley de modificación de la ley de financiamiento de partidos políticos se cumplirá con el objetivo de “evitar donaciones anónimas, ni cuál es el destino de los aportes, ni en que se gasta el dinero”.
Pero desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López ratificó el rechazo de esa fuerza política a autorizar el aporte privado al expresar que “siempre hemos hablado de la autonomía que debe tener la política respecto de otros factores de poder”.
Sin embargo, destacó que esta iniciativa que “esta ley iguala las reglas para todos los espacios políticos”. La ley que fue harto debatida, había tenido muchas dificultades para obtener su primera media sanción en la Cámara Alta, en donde el bloque del peronismo presidido por Miguel Pichetto, no lograba ponerse de acuerdo.
