Ya hubo 6 blanqueos desde el regreso de la democracia y podría venir otro pronto  

15 de abril, 2019

afip blanqueos

Por Ramón Frediani Economista

 

 

Desde el inicio de la democracia en 1983, siempre que se enfrentó una grave crisis y la recaudación tributaria fue insuficiente, el Estado recurrió a un blanqueo o amnistía tributaria. Por cuestión de principios, es razonable oponerse a él, pero por más que se rechace la idea, nuestra Historia muestra que todos los gobiernos –salvo uno- finalmente los implementaron.

 

Así, hubo 6 blanqueos desde 1987 aunque fueron tres en el período 2008-2016, a un promedio de uno cada 2 años y medio. Adicionalmente, y aunque no fueron blanqueos propiamente dichos, hubo además dos jubileos fiscales indirectos gracias al  aplicado por Domingo F. Cavallo mediante un seguro de cambio a los pasivos empresarios en dólares en 1982 cuando era Presidente del BCRA y luego la pesificación de las deudas bancarias en dólares que nuevamente licuaron pasivos empresarios realizada por el expresidente Eduardo Duhalde  y su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, a principios del 2002.

 

Obviamente, los blanqueos son rechazados con el argumento de que terminan legalizando la evasión fiscal y premiando a los evasores (delincuentes fiscales), en vez de brindar premios a los contribuyentes cumplidores, pero la realidad es que cuando los impuestos son elevados no sólo no desaparece la evasión, sino que aparecen fuertes incentivos para practicarla en gran escala y de manera generalizada.

 

En Argentina, con 163 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal (fuente Iaraf), a los que se suma el “impuesto-inflación”, la presión fiscal es confiscatoria y está matando a la gallina de los huevos de oro: el trabajo formal y la inversión productiva en el sector privado. El crecimiento del PIB depende de las inversiones y éstas del ahorro, pero si los impuestos fagocitan al ahorro, el resultado es lo que tenemos: crecimiento anémico o incluso negativo del PIB. Lo muestra la Curva de Laffer, dirían los economistas académicos: a impuestos más allá de un nivel razonable, la obvia respuesta es más evasión. No es maldad ni rebelión fiscal. Es sólo una elemental cuestión de supervivencia.

 

La excepción fue Néstor Kichner, que gracias a que disfrutó de superávits gemelos no tuvo necesidad de blanqueos. Por el contrario, todos los demás gobiernos democráticos desde 1983 a hoy concretaron el sueño del blanqueo propio. Así, Raúl Alfonsín y su ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille, lo hicieron en febrero de 1987 (Ley Nº 23495); Carlos Menem y Cavallo en abril de 1992 (Ley Nº 24.073); Fernando De la Rúa y su ministro (también Cavallo) lo aprobaron ya tarde, 49 días antes del helicóptero, mediante el DNU 1387 del 1º de noviembre de 2001, firmado además por Patricia Bullrich y Hernán Lombardi, ministros en aquel entonces de Seguridad Social y Turismo y Cultura respectivamente; Cristina Kichner lo hizo dos veces, en  diciembre de 2008 (el ministro de Economía era Carlos Fernández) mediante la Ley Nº 26.476 y en mayo de 2013 (Ley Nº 26.860, con Hernán Lorenzino en el Mecon), uno en cada mandato. Más recientemente, Mauricio Macri-Alfonso Prat Gay en mayo de 2016 (Ley Nº 27.260).

 

La palabra “blanqueo” no se menciona en esas normas legales, pues está desprestigiada al implicar el otorgamiento de un jubileo a delincuentes fiscales. Por ello y para no tener cargos de conciencia, cuando el Estado los aprobó se cuidó en asignarle denominaciones almidonadas y edulcoradas, propias del tecnicismo fiscal, para hacerlos digeribles ante la opinión pública y maquillarlos como decisiones políticamente correctas.

 

Así, el de Alfonsín se denominó Régimen de Normalización de Impuestos. El aprobado por Menem-Cavallo se llamaba Modificación del Impuesto a las Ganancias y exteriorización de Tenencia de Moneda Extranjera. Los instrumentados por Cristina Kichner en el 2008 se lo denominó Programa de Normalización Tributaria y el del 2013, Programa de Repatriación de Capitales. A su vez, el de Macri en el 2016, se denominó Plan de Exteriorización Voluntaria de Capitales.

 

Pero si tales cambios de denominación eran insuficientes, adicionalmente y para vestirlos de inmaculada santidad se le atribuyó un destino noble a lo recaudado por el blanqueo. En el de Alfonsín el destino de los fondos era para la capitalización del Banco Hipotecario (estatal en aquel entonces) para conceder préstamos para vivienda económica a sectores de clase media y el de Menem-Cavallo, el propósito era incentivar el destino de lo blanqueado para su depósito en el Banco Nación para préstamos a la actividad productiva. Recaudó el equivalente a 2% de la recaudación total de los ejercicios 1992-1994. El de De la Rúa eximía de todos los impuestos nacionales a los incrementos patrimoniales no declarados si se destinaban a la compra de acciones para fortalecer el mercado de capitales.

 

Respecto a los de Cristina, el primero blanqueó fondos por U$S 4.700 millones, el 96% ya existentes en el país y la AFIP recaudó U$S 280 millones. El segundo –prorrogado 9 veces hasta el 31 de diciembre de 2015- fue justificado con el argumento de repatriar capitales para la compra de títulos públicos (Cedin y Baade) para promover en el país inversiones inmobiliarias y energéticas vía YPF. La AFIP recaudó U$S 633 millones. En el de Macri, la justificación fue destinar los fondos recaudados a la Reparación Histórica de los haberes de los jubilados y tuvo una recaudación record para la AFIP de U$S 6.800 millones.

 

Dada la velocidad de los acontecimientos, este último nos parece lejano en el tiempo y da la sensación que las adversidades acumuladas desde abril de 2018 pueden llevar a diseñar otro, aunque no en 2019 por falta de tiempo, pero sí con altas posibilidades en el 2020 o 2021 ante la magnitud de vencimientos de deuda -ya sin auxilio del FMI- que deberá enfrentar el Estado. Basta recordar que cada blanqueo además del incremento momentáneo en la recaudación fiscal deja, a futuro, mayores bases imponibles.

 

Hacia más atrás en nuestra historia fiscal no hay blanqueos porque ese “trabajo sucio” lo hacía la licuación de los tributos gracias a la alta inflación que promedió más del 200% anual durante la década 1975-1985. Además, en aquellos años la presión fiscal era baja, había pocos impuestos, bajas alícuotas y si bien ya existía economía informal y escasa recaudación, el Estado aún era manejable pues  representaba no más del 25% del PIB y el nivel de deuda externa era casi inofensiva: U$S 30.000 millones antes del golpe militar de 1976. Es decir, aún no había surgido la necesidad de implementar blanqueos. Hoy, el panorama es totalmente distinto. El gasto público consolidado está arriba del 40% del PIB, tiene más del doble de personal que en aquellos años y debe soportar una deuda pública total en moneda nacional y extranjera de U$S 332.192 millones al 31 de diciembre pasado.

 

Según metas comprometidas con el FMI, en 2019 el déficit primario debe ser cero y alcanzar superávit primario del 1% anual entre el 2020 y el 2023. Christine Lagarde ya abrió el paraguas ante la oscuridad de los nubarrones y recientemente sugirió a Nicolás Dujovne tomar medidas para incrementar los ingresos tributarios, tarea difícil en medio de una recesión profunda que disminuye las bases imponibles y encuentra a los ciudadanos con menos dinero en los bolsillos. Prueba de ello es que mes a mes cae la recaudación de la Afip en moneda constante.

 

Los últimos 3 blanqueos fueron realizados en un lapso de 7 años y medio, promediando uno cada dos años y medio. Desde el último de Macri-Prat Gay pasaron casi 3 años y hoy el Estado sufre una gran sequía de recursos. Es posible que las autoridades que asuman el 10 de diciembre, presionadas por las circunstancias y aún contra sus mejores intenciones, se vean obligadas por la realidad a implementar otro jubileo tributario para cumplir con las metas anuales de superávit fiscal del FMI. Basta un dato: según el último informe de la Secretaría de Finanzas, los vencimientos de capital e intereses sumarán U$S 130.000 millones en 2020-2023.

Dejá un comentario