Todavía no hay acuerdo sobre el texto del “nuevo Nafta”

3 de abril, 2019

Trump Nafta

Por Jorge Riaboi  Diplomático y periodista

 

Cuando el 30 de noviembre de 2018 los líderes de Canadá, Estados Unidos y México suscribieron en Buenos Aires (como acto paralelo a la reunión del G20) el acuerdo bautizado con las siglas inglesas Usmca o castellana T-MEC, aquello que todos conocemos como el “nuevo Nafta”, destaqué que el texto final sólo habría de quedar definido al salir humo blanco en los parlamentos de los tres países (esas señales no sólo dependen de acotar los respectivos tiempos y decisiones políticas sino que están sujetas a una fuerte interacción con la sociedad civil de cada país).

 

La cocina legislativa tiene la facultad de aprobar o rechazar lo actuado y funciona con sus propios códigos o puntos de vista. Hasta el momento el proceso de ratificación avanzó con exasperante lentitud, motivo por el que subsisten dudas acerca de cómo y cuándo se aprobarán los estándares laborales que finalmente intenta demandar Estados Unidos a México; acerca de cómo y cuándo será cumplida la palabra del presidente Donald Trump en lo que respecta a eliminar los aranceles especiales de importación que decidió aplicar unilateral e ilegalmente en 2018 a sus socios regionales y a casi todo el resto del comercio global del acero y aluminio; sobre cuál será el alcance y cómo serán expresados los mecanismos de solución de diferencias inversor-Estado y, por encima de todo ello, las características del gran capítulo destinado a llevar a la práctica (enforcement) cada uno de los compromisos que se pactaron.

 

Ninguno de estos objetivos o aspiraciones son fáciles, ni parecen estar bien reflejados en las disposiciones que hoy figuran en el texto suscripto a fines del año pasado. El seguimiento político y profesional de estos temas puede ser bastante aleccionador para los negociadores oficiales y los opinantes free-lance, dedo en alto, que florecen en la sociedad civil y en las tribunas del periodismo.

 

El impulso central que originó la reforma del viejo Nafta es muy simple: el actual jefe de la Casa Blanca quería y quiere reglas que permitan digitar, con enfoque mercantilista, el enjuague del persistente déficit del intercambio regional de su país con Canadá y México. La palabra competitividad no figura en las prioridades de su agenda. Si lo anterior no sucediera, Washington amenaza con decirle adiós al proceso de integración que existe en América del Norte. Lo demás, incluida la legalidad del asunto, le importan tres bledos (en la página 150 del Larousse Ilustrado de 1989 se explica lo que es el bledo querido Mundstock).

 

En estas horas, Trump le fue diciendo a la gente de su Congreso que la ratificación parlamentaria del acuerdo debería iniciarse en mayo y concluir, a más tardar, en julio próximo, antes del receso legislativo. Y aunque nadie se opone en demasía a esas metas, todos quieren arreglar un poquito las costuras sueltas en esos y otros temas.

 

Tampoco conviene omitir una mirada política a lo que está sucediendo en México y Canadá, donde la vida rutinaria se está complicando bastante. El Primer Ministro Justin Trudeau se metió sin ayuda en una trampa política que le puede costar el puesto y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que llegó a la presidencia con muy amplio respaldo y un equipo de Gobierno de sólida apariencia, no da indicios de contar con una clara visión para desarrollar algunos de los objetivos de su gobierno, como sucede con el sensible capítulo energético al que se alude brevemente en los siguientes párrafos.

 

La primera víctima de los soliloquios presidenciales que tienen por escenario la Casa Blanca, es la verdad. Ejemplo de ello es que no existe un déficit comercial digno de mención entre Estados Unidos y Canadá. Lo que sí es cierto, es que los legisladores de ambos partidos mayoritarios no están cómodos con los trazos más significativos de toda la política comercial que emerge de Trump, caracterización también aplicable a las organizaciones de la sociedad civil que representan a los productores y operadores del intercambio regional y multilateral, muchos de ellos severamente perjudicados por sus incontrolables reacciones. Un testimonio de por dónde vienen las cosas, son los notables progresos que se advierten en el proyecto de ley destinado a devolver más control y autoridad al Congreso con la finalidad de administrar la Sección 232 de la Ley de Comercio de 1962, la invocada por el Presidente y sus apóstoles para elevar el arancel de importación del acero y el aluminio, o para llevar a cabo el peligroso intento de aplicar un elevado arancel a las importaciones de automóviles por razones de Seguridad Nacional, lo que sería una obvia declaración de guerra contra la Unión Europea y Japón (más Corea del Sur), con cuyos gobiernos Washington tiene o ansía suscribir, según el caso, acuerdos bilaterales de comercio e inversiones. Los legisladores también le suelen recordar al habitante de la Oficina Oval, que debería eliminar ya mismo el aludido arancel a la importación de acero y el aluminio.

 

Varios de los representantes demócratas y la AFL-CIO (el sindicalismo) le piden a Trump que introduzca en el nuevo Nafta una reforma que permita iniciar acciones judiciales por parte de cualquier ciudadano que detecte eventuales incumplimientos de los estándares laborales que sean parte de ese Acuerdo regional. Y cuando los negociadores estadounidenses responden que no será fácil reabrir el texto para lograr ese objetivo, éstos dicen que el gobierno ya demostró en las renegociaciones previas del viejo Nafta, aún vigente que, cuando se lo propone, puede.

 

Respecto del alcance de las nuevas reglas sobre solución de diferencias, la idea subyacente es restringir el temario a la protección de los inversores en casos de violación de las reglas sobre trato nacional, nación más favorecida y expropiación directa. Para algunos, ese contorno legal supondría un paso atrás respecto del escenario que surge de las actuales disposiciones del Nafta, hecho que no facilita la iniciación de disputas en la materia.

 

La revista Americas Quaterly del pasado 28 de marzo trae una columna de la economista mexicana Valeria Moy, quien relata algunas de las desventuras de AMLO en sus afanes por limpiar y expandir el sector energético. Mientras las 6 plantas que refinan la materia prima original para generar combustibles trabajan al 36% de su capacidad, los flujos de nafta importada, que son más competitivos que los propios, abastecen el 75% del consumo nacional. Todas las evaluaciones coinciden en que ese sector está afectado por una rampante corrupción y monumentales desequilibrios financieros, o distorsiones costumbristas como la pinchadura de caños para robar combustibles y una operación de Pemex, la empresa estatal predominante, de niveles catastróficos. Lo llamativo del caso específico de las refinadoras, es que en sólo cuatro meses de gestión, el titular del Palacio Nacional cambió por lo menos cuatro veces de libreto haciendo uso intensivo de la noción de ensayo y error que solía invocar con generosidad el Presidente Mauricio Macri.

 

El Gobierno de AMLO comenzó por anunciar que sanearía la economía y las finanzas de las seis refinadoras existentes y sumaría otras seis plantas. Después indicó su intención de incorporar una sola planta nueva a la producción de combustibles, la de Tabasco (Dos Bocas), en base a un proceso de licitación. Finalmente parece que el oficialismo se propone sanear las seis plantas existentes y crear una sola pero por concurso privado, o sea sin licitación, alegando la disposición de participar evidenciada por firmas de alto prestigio y gran experiencia. Al conocerse la lista de las empresas que se convocaron para cotizar en el aludido concurso privado, cuatro de ellas coincidían con las que estuvieron involucradas en recientes y resonantes escándalos de corrupción. Durante la negociación del nuevo Nafta con Washington, el representante mexicano, Jesús Seade, había anticipado el deseo de AMLO de preservar el sector energético como un caso de tratamiento especial y estratégico.

 

La sanidad del proceso de liberalización regional y global del comercio no es indiferente a los resultados de la actividad económica. Según una estimación realizada por la OCDE, TiVA y Bloomberg Economics, los efectos de una crisis combinada que nazca del Brexit (una anárquica salida del Reino Unido de la Unión Europea), un eventual descalabro en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos y el disparatado aumento de los aranceles de importación de autos por parte de Washington, podría costar una caída del 2 % del PIB a Canadá; 1,5% a Estados Unidos y 4,3% a México (tal sería el efecto exclusivamente en las tres naciones del Nafta). Al mismo tiempo, esa contracción golpearía en 4% a la economía alemana; 4,3% a China; 2,9% a Corea del Sur y 10,4% al Reino Unido, por sólo mencionar los principales actores. Las tendencias recesivas en la economía real, la inflación de costos y otros conceptos heterodoxos para quienes acostumbran a mirar obsesivamente sólo los indicadores fiscales y monetarios, destrozarían el actual ciclo de moderada expansión. Los invito a seguir dialogando la semana que viene.

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