Por Pablo Mira Docente e investigador de la UBA
Las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno proponen un alto el fuego en materia de ajuste macroeconómico para desatar un poco el consumo y promover alguna recuperación del crecimiento. En medio de una recesión profunda y con amplia capacidad disponible, normalmente estas políticas deberían tener un impacto positivo sobre el gasto y la producción. Pero esto es Argentina y las condiciones para un aumento de la demanda son algo más restrictivas.
En particular, hay varias razones para dudar de que las resoluciones impacten en la economía en su conjunto de manera decisiva para acabar con la recesión.
En primer lugar, si bien es razonable asumir que una liberación presupuestaria será gasto de consumo inmediato entre los más vulnerables, la repercusión sobre las capas más altas (que son pocos pero suman mucho gasto) requiere de otras condiciones, entre las cuales la principal es confiar en un entorno estable en materia cambiaria.
Una segunda potencial traba para que este grupo consuma proviene de las altas tasas de interés, que en algunos casos pueden tentar al ahorro y demorar la compra de bienes y servicios.
En tercer lugar existe un conjunto de actores, en particular los deudores hipotecarios, cuyos presupuestos se han deteriorado en el último año y medio y se encuentran en una situación delicada como para iniciar una ronda de consumo sostenido.
Finalmente, la devaluación real redujo el poder de compra sobre bienes durables, que suelen ser las estrellas de la reedición del gasto por parte de las capas medias-altas.
Este es un buen ejemplo de la dificultad de lograr efectos concretos de las políticas de demanda agregada en países inestables. En contextos más afianzados, es posible establecer una conexión mucho más definida entre las políticas de ingreso o fiscales expansivas y el gasto del público. Las estimaciones sugieren que, si bien en economías estables el “multiplicador” de estas políticas de estímulo es bajo, sigue siendo positivo, especialmente cuando son aplicadas durante una contracción de la economía.
Esto no es lo que sucede en Argentina, donde la política macroeconómica debe asumir la operación de varios mecanismos en un mismo sentido para asegurar la recuperación. De alguna manera, es la misma incertidumbre que se presenta sobre la macroeconomía local a la hora de evaluar los efectos de la buena cosecha: sus consecuencias dependerán fundamentalmente de lo que el shock positivo signifique para la evolución del tipo de cambio, específicamente si logra o no apaciguar las expectativas cambiarias durante un tiempo suficiente para que las decisiones de gasto se definan y se sostengan en el tiempo. Sin este componente parte de la ganancia de la cosecha podría irse, al menos en el corto plazo, por la canaleta de la fuga de capitales. En el pasado distante del stop-go, la cosecha producía un alivio inmediato en familias y empresas, dando lugar al “go” con alguna certeza. Hoy ya no es el caso, de modo que es muy difícil establecer el impacto concreto que tendrás las medidas definidas la semana pasada.
Argentina enfrenta en la actualidad un dilema de impacto asimétrico de sus políticas económicas. Mientras que el ajuste macroeconómico promueve sin ambigüedades una contracción generalizada de la actividad, los alivios fiscales y de ingresos tienen repercusiones positivas mucho más dudosas. Esto obliga a la política macroeconómica a andar con pies de plomo y a priorizar la estabilidad del dólar a cualquier otra decisión, dejando la capacidad de fuego de los hacedores de política muy limitada y subordinada a los conflictos cortoplacistas asociados con el tipo de cambio.
