No es por acá

5 de abril, 2019

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Por Carlos Leyba

 

Manejaba a todo trapo -radio encendida– contramano por Avenida del Libertador. El locutor angustiado informaba: “Un conductor enloquecido corre contramano por la Avenida del Libertador”. El hombre al volante mascullaba: “¿Uno? No, miles que vienen contramano”.

 

Un símil de nuestro Presidente al contestarle a Mario Vargas Llosa: “Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos, pero lo más rápido posible, ¿está bien?”.

 

En febrero los precios aumentaron 3,8% y lo mismo en marzo. A esa velocidad, la inflación anual sería 56%. En el cuarto trimestre de 2018, la caída anual del PIB fue de 6,2%. Esa es la causa del incremento de la pobreza en la que vivían, en el segundo semestre de 2018, 14,3 millones de argentinos.

 

Los porcentajes cuentan (32%). Pero lo relevante es el número de personas. De esos pobres 3 millones no tienen ingresos para las necesidades alimenticias. Escándalo moral. ¿Dónde están los pobres? En el norte del país (Noreste, 40,4% y Noroeste, 34,5%). El conurbano bonaerense es el teatro de la degradación que producen la pobreza en hacinamiento y la dependencia de la vida suburbana.

 

Mientras tanto los ciudadanos de la CABA pueden observar a diario “las obras” para “embellecer”: nuevas veredas en la Avenida Santa Fe, en las laterales como la calle José E. Uriburu o en Avenida Corrientes, un paseo peatonal. ¿Haciendo lo que hay que hacer? Es cierto. Es keynesiano romper veredas y ponerlas nuevas. ¿Pero cuál sería el rendimiento social de ese dinero aplicado en el NOA o el NEA que tienen un ingreso de la décima parte del de la Ciudad de Buenos Aires.

 

¿Qué es el federalismo? ¿Qué es el bien común? Estamos cavando abismos territoriales.

 

¿Seguimos en esta dirección, pero más rápido?

 

¿Quiénes son los pobres? La mitad de los menores de 14 años viven en la pobreza. La pobreza de los adultos mayores es proporcionalmente más baja. Pero el colectivo joven es básicamente pobre. Es decir nuestro futuro empieza en el territorio de la pobreza. ¿Es por acá?

 

El colectivo de los jubilados es parte del de los adultos mayores; y éste último básicamente, de acuerdo con las estadísticas, no exhibe grandes porcentajes de pobreza por ingresos.

 

Frente a esta dicotomía, ¿qué está haciendo el PRO? ¿Un tiro para el lado de la Justicia? ¿Sensata administración? Veamos porque no es por acá. La demagogia del kirchnerismo jubiló sin aportes y sin prueba de trabajo previo -sin discriminar por patrimonio, ingresos familiares, condiciones de vida, etcétera– a 3,7 millones de adultos mayores.

 

Una decisión solidaria para con todos aquellos que, habiendo trabajado en negro gran parte de su vida, no hubieron podido tener, sin esta norma, un ingreso mínimo en su vida pasiva. Bien por ello. Pero al no haber discriminado por condiciones económicas, el kirchnerismo hizo posible la jubilación de los que nunca trabajaron por haber vivido de rentas o ingresos superiores de sus cónyuges. Así se generó una injustificable transferencia de ingresos de aproximadamente $120.000 pesos por beneficiario al año. Muchos estiman que esos beneficios injustificables alcanzan a 2 millones de jubilados sin aportes. Entonces, estamos hablando de $240.000 millones que una sociedad, con el 32% de pobres, paga por un beneficio injustificable a los que no los necesitan. Un verdadero escándalo.

 

¿Cómo revertirlo? Le fue propuesto a diputados de Cambiemos y un ministro un método que permitiría ahorrar gran parte de esos recursos, sin violentar el derecho adquirido por los beneficiarios. ¿Cómo?

 

Simple. Exigir, previo al cobro, una declaración jurada de patrimonio e ingresos propios de cada jubilado por este régimen y una descripción de las condiciones en que vive…expensas del edificio, personal doméstico, ingresos y patrimonio del cónyuge.

 

Los que disponen de ingresos que multiplican varias veces el haber jubilatorio y que tengan “conciencia moral”, que condenan la corrupción política, y que nunca o casi nunca trabajaron, tal vez por “solidaridad” o por vergüenza, no presenten –debería ser un trámite personal a cara descubierta– su declaración ante Anses ahorrándose ellos un momento de vergüenza, bridando un gesto de solidaridad y generando una masa de recursos que puede ser equivalente a US$ 6.000 millones anuales.

 

Una campaña publicitaria, previa a la exigencia de la presentación, puede despertar conciencia, solidaridad y vergüenza. Sólo con una resolución.

 

Los que entiendan que no disponen una posición económicamente holgada, con la sola presentación realizada personalmente –cualquiera sean ingresos o patrimonio- seguirán cobrando regularmente. La no presentación sólo interrumpe los pagos. Nadie pierde la condición de jubilado.

 

Muchas conciencias optarán por no presentar la Declaración si previamente se ha hecho una campaña moralizante.

 

¿A qué viene este detalle propositivo? Es que el informe sobre pobreza nos anoticia que hay 2 millones de argentinos que, con esta política, han caído debajo de esa línea de supervivencia mientras la “molicie” de esta administración ha sido incapaz de reducir el gasto público cortando la sangría de las jubilaciones mal otorgadas por el kirchnerismo. Las jubilaciones en 2018 son 45% del gasto de la Administración, más o menos 12% del PIB. No es para demorar.

 

El Gobierno no ha tenido la cordura de obligar a todos los beneficiarios de jubilaciones por discapacidad desde, digamos, 2003 a presentarse en los hospitales públicos para que una comisión, de dos profesionales y un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, ratifique la condición de discapacitado. La sola no presentación debería suspender ese beneficio. Son miles los que difícilmente sean discapacitados y que están recibiendo esos beneficios sin justificación.

 

Bajar racionalmente el gasto público implica suspender lo que no es prioritario. Y también revisar bolsones de pequeñas corrupciones como lo son esos beneficios que no debieron haberse otorgado; y esas “inversiones de lujo” que corresponden en la lista de prioridades a otros tiempos.

 

Hay muchas formas de la demagogia y sin duda cambiar veredas en la “Gran Ciudad”, a costa del erario público, es una de ellas. No es una prioridad social.

 

Pero esa molicie de pensar en términos de prioridades es la que santifican el método de las impulsar tasas de interés que, bien medidas, apuntan al 90 por ciento anual como herramienta para “parar la inflación”. A las pruebas me remito. Es un método para transferir utilidades extraordinarias a los bancos, el sector que mas dinero ha ganado en estos años a pesar de que, en Argentina, los bancos no prestan plata al sector privado.

 

El método de las tasas no elimina las consecuencias de los actos de Gobierno, que es el gran promotor de la inflación a través de las tarifas, los precios regulados, que el Gobierno impone de manera “monopólica”.

 

Viaje y pague. La opción es a pie, bicicleta o colectora. Monopolio. Pague y siga participando. La luz tiene el precio que el gobierno establece. Monopolio, alternativa vela. Gas, tarifa pública, alternativa, digamos, leña.

 

Todas las tarifas de los servicios públicos corren por la matriz de insumo producto. La decisión inicial se agiganta en sus repercusiones. Las tarifas, necesarias o no, son un impulsor inflacionario directo (lo que impacta en la canasta familiar) e indirecto (lo que impacta en la producción e todos los bienes y servicios).

 

Como todos los ajustes impositivos, los de bienes o servicios regulados, impactan en la inflación. Un mal que hoy, aquí y ahora, nos carcome. Por eso es imprescindible saber si esos aumentos son realmente necesarios. Para establecerlo es la obligación de las autoridades conocer el costo de producir esos bienes y servicios; y en particular lo relacionado directamente con la energía.

 

El Gobierno “no lo sabe” (no quiere saber) y no audita (no quiere auditar) los costos de las empresas concesionarias que extraen las fuentes principales de energía, el gas y el petróleo.

 

Este Gobierno y el kirchnerismo tienen en común que nada hicieron para auditar esos costos. En Bariloche, en los días previos al G20, se decía que el costo del gas en boca de pozo en Vaca Muerta era de US$ 3 el MMBTU. Entonces, Juan José Aranguren dijo que los US$ 7,50 el MMBTU con los que, siguiendo a Axel Kicillof, él había iniciado el sendero de precios.

 

“No era un subsidio” sino un “estímulo” (Clarín). Como las jubilaciones o los discapacitados, en materia energética, no ha sido el PRO el originante de lo escandaloso sino el kirchnerismo. Pero Mauricio lo ha continuado. No es por aquí. Es para el otro lado.

 

Macri maneja a contramano. Nos va a estrellar y más rápido, peor. Los consultores, periodistas, articulistas alineados con el PRO apuestan a la recuperación de la actividad en los primeros meses del año que, suponen, producto de la recuperación del salario. Puede que ocurra. Pero las componentes de la demanda global no auguran crecimiento.

 

El consumo público (la política es bajarlo), el privado (con masa salarial estanca será estanco), la inversión pública (la política debería bajarlo), la inversión privada (no hay razón alguna para que suba) y las exportaciones que pueden crecer sólo por el sector primario (o la industria del sector) y difícilmente se muevan el resto de las exportaciones industriales.

 

Nada indica que haya segmentos de la demanda global creciendo para la recuperación. Pero además el rebote de la economía está sometido a la filtración de la fuga de dólares (US$ 27.000 millones en 2018) que corre a guarecerse, no de la lluvia de inversiones –que no llegó–, sino de la tormenta de la desconfianza que puede agravarse.

 

Y como si fuera poco, la reducción nominal de la cantidad de dinero, como estandarte de la política macro, agrava el efecto de una inflación inercial que la estrategia del gobierno no sólo no desarma, sino que la multiplica.

 

No es por acá Mauricio. Estás de contramano y si acelerás, chocás más pronto.

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