La ética pública como antídoto para el adoctrinamiento escolar

18 de abril, 2019

congreso panoramico diputados

Por José Lucas Magioncalda  Abogado y Pte. Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil

 

El adoctrinamiento escolar se ha transformado en una preocupante práctica que vulnera los derechos de los niños.

 

Las mentiras convenientemente disfrazadas de conocimiento, por razones ideológicas están a la orden del día. Los alumnos reciben discursos de inicio de clases en los cuales, hasta los directivos y supervisores exponen reclamos gremiales que sólo reflejan a una de las partes del conflicto laboral. Reciben, también, de parte de algunos docentes, expresiones agraviantes respecto de funcionarios políticos, de decisiones políticas o económicas, y hasta se dan el lujo de agraviar a otras naciones, sin brindar explicación alguna respecto de las diferencias que nuestro país pueda tener con esos estados. Todo vale para un docente, mientras tenga el aval sindical.

 

Normas internacionales, nacionales y locales prohíben hoy la utilización del Estado, y en particular de la escuela estatal, para influir en la ideología y creencias de los niños. Más aún, el artículo 19 de la Ley 26.061 (Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) dice: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad. Este derecho comprende: a) Tener sus propias ideas (…) según el desarrollo de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos…”.

 

Por su parte, el artículo 14 de la Convención de los Derechos del Niño –que posee jerarquía constitucional– dice: “1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento… (y) 2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades”.

 

Está claro, entonces, que son los padres, y no el Estado, los que tienen a su cargo el acompañamiento de sus hijos en la adquisición de este tipo de valores.

 

El adoctrinamiento se introdujo en las escuelas durante el primer peronismo, a imagen y semejanza de lo que ocurría en los regímenes totalitarios europeos de aquel entonces. Y volvió con el kirchnerismo, pero para quedarse. Lamentablemente, continúa por la injerencia de gremios docentes, aún en distritos que gobierna el oficialismo. La Ciudad de Buenos Aires es, en esta materia, el caso emblemático: una minoría política ejerce control ideológico sobre las escuelas públicas.

 

La Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública, sancionada en 1999, establece en su artículo 41 que “la enseñanza de la ética pública se instrumentará como un contenido específico de todos los niveles educativos”. Esta norma, que jamás se cumplió, podría haber operado como un antídoto frente al adoctrinamiento. Justamente, porque la base de la ética pública implica no utilizar los bienes y servicios que son de todos, y que financiamos con los impuestos de todos, en beneficio de una facción.

 

Ahora bien, lejos de comenzar a aplicar esa norma, el proyecto de nueva Ley de Etica Pública que el Gobierno envió al Congreso, en marzo pasado, borró el mencionado artículo 41. De mantenerse este criterio, menos posibilidades tendrá el Estado para explicar a sus docentes y alumnos la naturaleza ilícita y contraria a la ética del proselitismo escolar.

 

Sin duda que el Congreso debe revertir este gravísimo error, pero con eso no alcanza. Es necesario dejar de diseñar habitantes adaptables a futuras tiranías y comenzar a educar ciudadanos aptos para construir una gran república.

 

Dejá un comentario