En 2018 cerraron 10.322 empresas, 1.015% más que el año anterior

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Según Proyecto Económico, el equipo de economistas que conduce la diputada Fernanda Vallejos (Unidad Ciudadana), en base a datos de la Afip durante 2018 la crisis dejó un saldo de 10.322 empresas menos en el país. “El 96% de las empresas que cerraron son pequeñas y medianas, de hasta 50 trabajadores”, explicaron.

 

De ese modo, el saldo neto de empresas que cesaron su actividad creció 1.015% en 2018 en comparación con el año anterior. “Fueron 28 empresas por día las que bajaron sus persianas; más de 1 empresa por hora”, reza el informe.

 

Entre enero de 2018 y enero de 2019, 139.191 trabajadores registrados perdieron su empleo, el equivalente a 15 nuevos desocupados por hora.

 

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El mayor impacto lo sufrió la industria manufacturera. Este sector explica el 43,8 % de los nuevos desocupados con 61.988 empleos menos. Luego, uno de cada tres nuevos desempleados (33,8%) corresponde al sector de comercio, que perdió 41.714 empleos. Lo siguió el sector de transporte, que sufrió una caída del 12,2%, registrando 17.069 empleos menos. Según el estudio, estos tres sectores concentran casi el 90% del total de empleos destruidos.

 

 

Al basarse en datos oficiales, desde Proyecto Económico alertaron que las cifras solo contemplan la economía formal, a la que habría que sumarle aquellas empresas y puestos de trabajo perdidos en el ámbito de la economía informal. En base a eso, estiman que el número de empresas y empleos perdidos sería superior para el total de la economía.

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Finalmente, el informe alerta sobre la continuidad de la actual política económica y sus consecuencias, que  según sostiene agravarían la mortandad de las empresas y el desempleo durante este año.

 

“Para revertir la dinámica destructiva del tejido productivo nacional y el trabajo argentino se requieren medidas urgentes dirigidas a restablecer un sendero de crecimiento real de los salarios, reactivar el consumo interno, restablecer el crédito, con baja de tasas y estabilidad de las mismas y direccionamiento del crédito hacia la inversión productiva, y recobrar la razonabilidad del precio de las tarifas de servicios públicos tanto para las familias consumidoras como para el sector productivo”, concluye.






Diario EL ECONOMISTA

martes 19 de noviembre, 2019
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