Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
La repercusión de proyectos de ley para regular supermercados anticipaba algo que finalmente se anunció el martes: la intención de congelar ciertos precios para “combatir” la inflación. La necesidad electoral se evidenció desde el inicio: sería sobre un conjunto acotado de bienes por 6 meses (hasta que termine el proceso electoral) y acompañado por ciertas líneas de crédito “blando” para el consumo.
Los anuncios de créditos blandos no sorprenden, y su efectividad dependerá del comportamiento de la inflación, el ingreso disponible de trabajadores y jubilados, así como las tasas de interés. Variables, que esta administración ha demostrado que no sabe, no desea, o no puede controlar. La ampliación de Precios Cuidados, negado como instrumento antiinflacionario por este mismo Gobierno, no tiene mucho sentido. En gran parte de los comercios minoristas no se ofrecen a la venta las marcas incluidas en esos programas.
La regulación de góndolas se ha presentado en los proyectos recientes ingresado a la Cámara de Diputados con al menos dos objetivos: regular precios y la relación entre minoristas y proveedores.
La experiencia en otros países es variada, y los resultados muy diferentes. Sin embargo, algo es más que claro: en ningún país las normas sobre la ubicación de productos en góndolas de supermercados han controlado la inflación. Es una regulación para erradicar abusos de poder de mercado de los supermercados respecto de sus proveedores, básicamente pymes y microempresas. El resultado es menor oferta de productos de ese origen, y su sustitución por los de proveedores de mayor volumen de oferta a más bajo precio. Aunque sus promotores lo nieguen, lo coherente con una menor suba de precios al consumidor es la no regulación de espacios en góndola. La experiencia de total desregulación en EE.UU. y su baja inflación (permanente, no transitoria) es más que contundente al respecto.
Con respecto al control y congelamiento de precios, la Secretaría de Comercio ha seguido el criterio de diferenciarse totalmente de los métodos y procedimientos del kirchnerismo. Sin embargo, la Ley de Abastecimiento no fue derogada y el Ministerio de la Producción a través de esa secretaría debe aplicarla. Coordinar una política macro (fiscal, monetaria, cambiaria) con un enfoque preciso y claro para todo el mundo en materia de regulación de precios y también en otros aspectos menos visibles para los medios en estos días. Uno es la deslealtad comercial de grandes cadenas de supermercados respecto de sus proveedores, y de establecimientos industriales respecto de abastecedores de materias primas agrícolas (por caso, el conflicto entre tamberos y usinas sigue sin suerte de solución). Otro, la defensa de la competencia y las regulaciones de prácticas empresariales abusivas. Y otro, la defensa de los derechos de los consumidores respecto de tales prácticas. Objetivos atendibles, pero que poco y nada tienen que ver con reducir la inflación y de manera permanente.
En cuanto a los congelamientos de precios, son efectivos sólo si son generales, sin excepciones, por un período muy corto de tiempo, y sin anuncio previo (no como en el caso de estos días), para evitar desabastecimientos preventivos. El beneficio esperado es el de detener una inflación en aceleración desbocada, más el de enfriar y “normalizar” expectativas.
Con el paso del tiempo, ni la oferta ni la demanda de bienes se mantiene fija, y el set inicial de precios e ingresos relativos no se ajusta a los excesos de demanda y oferta que empiezan a aparecer a diario en toda la economía. Resultado: desabastecimiento, “mercados negros” y creciente proliferación de coimas a inspectores y funcionarios oficiales. En suma: menor producción, rebote inflacionario (o sea, no es solución) y rápida transformación de las reparticiones oficiales en focos de corrupción de diverso tipo. En el largo plazo, desalienta la oferta de bienes, dificulta el crecimiento económico, aumenta la evasión tributaria y se complica el cierre de los déficits fiscales, forzando a festivales de bonos y de emisión monetaria.
Congelar precios es efectivo si también se congelan ingresos, pero habitualmente la intención es la de detener subas de precios, no así de ingresos. Una redistribución de ingresos políticamente simpática, pero insostenible, y que a la larga conduce a menor empleo. Algo que además complica el descongelamiento inevitable: cambian los ingresos y precios relativos, y puede luego reaparecer una indexación de contratos desestabilizante. Máxime si el Gobierno de turno es débil frente a las presiones sectoriales. En ese caso, lo que se espera es un aumento de la emisión monetaria para atender las demandas de los afectados por la caída de su ingreso real ante el nuevo aumento de tarifas públicas y otros precios. Argentina, Brasil y Venezuela, por caso, tienen experiencia de sobra en la materia.
Créase o no, las autoridades han incurrido en la aceptación de un enfoque que no funciona, y con una presentación a la opinión pública bastante desprolija. Un día es tapa de los diarios el anuncio de un congelamiento de precios, y al otro día algunos funcionarios declaran que no habrá precios congelados. Así las cosas, ningún empresario de la industria o del comercio mayorista o minorista sabe por estos días a qué atenerse.
En suma, una improvisación que debilita no sólo la reputación de varios funcionarios, sino la credibilidad en las políticas en curso. Tanto por el retorno de un enfoque estatista que por ahora sólo contribuye a sumar más incertidumbre y desorientación, como por la descuidada estrategia de comunicación observada en estos días.
