Cambiemos y su reforma institucional

4 de abril, 2019

Cambiemos

Por José Lucas Magioncalda  Abogado y Presidente de Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional

 

Una gran parte de la sociedad se sintió representada por Cambiemos para dejar atrás el manejo kirchnerista de la economía y para reestablecer la institucionalidad, seriamente atacada por la corrupción K y por el autoritarismo imperante de aquellos años.

 

La falta de resultados económicos, al menos por ahora, puede encontrar su explicación en errores del oficialismo, pero también en ciertos cambios abruptos de la política internacional, que implicaron una costosa readecuación de la estrategia seguida por el gobierno. En definitiva, los resultados no están, pero ello no implica necesariamente, que las medidas, a largo plazo, no sean las adecuadas.

 

Por lo dicho, un sector importante de quienes apoyan a Cambiemos quizá no sea tan exigente con la marcha de la economía, como con la cuestión institucional. La pregunta que nos hacemos, entonces, es la siguiente. ¿Es suficiente lo actuado por el Gobierno en la materia?

 

El esquema de coalición imperfecta con el que asumió Cambiemos ya es, por sí solo, un elemento sustancial a la hora de evitar los abusos de poder a los que estábamos acostumbrados, hasta hace poco más de tres años. Más allá de las quejas de algunos de los socios del Presidente, la realidad es que, en más de una oportunidad, hubo iniciativas modificadas no sólo a instancias de la oposición, sino también de los aliados del gobierno. Más aún, muchos de los personajes oscuros del oficialismo que hoy señala la oposición, fueron denunciados en la Justicia por la diputada Elisa Carrió.

 

Nunca en Argentina se habían producido, al mismo tiempo, el procesamiento y la detención de tantos ex funcionarios, altos empresarios y poderosos dirigentes sindicales, como en la etapa de Cambiemos. Y esto tiene dos explicaciones: una de ellas es la presión social, que hizo despertar a jueces y fiscales de Comodoro Py, que por miedo o connivencia no avanzaban contra los delitos del poder político, sindical y económico. Y otra, la aprobación de iniciativas parlamentarias como la ley del arrepentido, que le otorgó una mayor dinámica a las investigaciones.

 

La idea de que los responsables de la corrupción estructural argentina –aún cuando sean familiares y amigos del Presidente de turno- paguen por sus delitos, parece hacerse realidad, pero de ningún modo está asegurada. La corrupción estructural ya está en la búsqueda de nuevos líderes, con capacidad para neutralizar el avance judicial de los últimos años.

 

Ahora bien, la política anticorrupción del Gobierno debe juzgarse, también, por la tarea que lleva adelante la Lic. Laura Alonso. En este sentido, se equivocó el gobierno cuando no dotó al área de la independencia funcional necesaria para investigar las irregularidades de la actual administración. Recién a principios de este año, el presidente Mauricio Macri envió un proyecto de ley al Congreso para fortalecer institucionalmente a la Oficina Anticorrupción (OA).

 

Debió hacerlo al inicio, y si no podía hacerlo, por la circunstancia que fuere, al menos debió designar en el área a un funcionario que no perteneciera al riñón del oficialismo. Pudo optar por alguien que no generara imagen de parcialidad con su permanente prédica partidaria, pero no lo hizo. La ética pública exige ser y parecer. Y en este caso, la Oficina Anticorrupción, no sólo no parece imparcial, sino que no lo es. Las irregularidades del oficialismo, independientemente de que no alcancen la magnitud de las del gobierno anterior, son perseguidas con mayor lentitud y con mucho menos énfasis. En definitiva, no alcanza con hacer un buen trabajo en relación a la corrupción kirchnerista.

 

En la reforma institucional, el Gobierno, tal como lo hizo en un principio con la economía, aplica también el gradualismo, y así lo reconocieron varios dirigentes oficialistas. Ahora bien, el gradualismo económico –según sus defensores- tiende a evitar que, a causa de las reformas, sufran los menos aventajados. Mientras que con el gradualismo institucional, sólo se beneficia a los que siempre sacaron ventaja.

 

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