Alivio para Paolo Rocca en la Justicia

16 de abril, 2019

Paolo Rocca

El escenario judicial para Paolo Rocca, CEO de Techint, se despejó ayer luego de un cierre de 2018 que le había dejado disgustos, como un pedido de prisión preventiva que fue descartado a fines de diciembre en el caso de los cuadernos. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó ayer su procesamiento en el expediente que se inició con las anotaciones del exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. El tribunal consideró que su jerarquía dentro del holding no implica que necesariamente estuviera enterado del pago de coimas que admitieron Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, directivos de la empresa. Con ese argumento, anuló el procesamiento que pesaba sobre Rocca.

 

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi escribieron en su fallo que correspondía revocar el procesamiento que el juez federal Claudio Bonadio había dictado contra Rocca. El magistrado, según recordaron los camaristas, señaló al procesarlo que “no podía desconocer la existencia de los pagos efectuados por el grupo económico al cual pertenecía”. Son los pagos de coimas, admitidos por Betnaza y Zabaleta (en indagatoria, el primero, y como arrepentido, el segundo) en este expediente, realizados a Baratta en 2008 para aliviar la situación de Sidor en Venezuela.

 

Según señalaron Bruglia y Bertuzzi en su fallo, el principal responsable del pago de las coimas fue Luis Betnaza.

 

Para Bruglia y Bertuzzi, el razonamiento de Bonadio al procesar el año pasado a Rocca fue erróneo. “En cuanto a la jerarquía de Rocca, si bien éste ocupaba una elevada posición dentro del holding, lo cierto es que -a diferencia de otras estructuras empresarias- la especial dimensión y diversificación de este grupo económico es lo que obsta en este caso a inferir que el nombrado haya intervenido en orden a las exigencias de dinero a las que aludieron los coimputados, ordenando que se efectivizaran esos pagos”, evaluaron en su dictamen de ayer los camaristas.

 

Al justificar su decisión de revocar el procesamiento de Rocca, los camaristas remarcaron la autonomía de decisión que tendrían Betnaza y Zabaleta para pagar ocho sobornos a Baratta. “Es de destacar que ni la empresa radicada en Venezuela, ni las asentadas en este país son meras sucursales de una misma compañía. Sino que ellas constituyen, por sí mismas, sociedades de gran magnitud, con sus directivos y esquemas empresarios propios”, destacaron los jueces, quienes agregaron que Betnaza y Zabaleta “no eran meros dependientes que limitaban su obrar al ciego cumplimiento de una orden”.

 

Según señalaron Bruglia y Bertuzzi en su fallo de ayer, el principal responsable de impulsar el pago de las coimas fue Betnaza. Así lo dejaron explicitado al escribir que el ejecutivo “ocupaba un espacio nuclear dentro de Techint (director corporativo del grupo), de suficiente gravitación como para diagramar el curso de los acontecimientos”. Además, subrayaron que “en esta misma línea se ponderan los dichos del propio Betnaza, que lo ubican como artífice de los pagos”.

 

“Ante la conducta desplegada por otros actores en el desarrollo de estos eventos ilícitos, la responsabilidad de Rocca, cimentada fundamentalmente en su posicionamiento jerárquico dentro del holding, carece del sustento necesario y suficiente para vincularlo a este proceso”, concluyeron los camaristas.

 

La situación judicial de Rocca terminó de despejarse con el fallo de ayer. En diciembre del año pasado, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo habían pedido su prisión preventiva, pero esa solicitud fue descartada casi a fin de año por el fiscal general, Germán Moldes, quien había dejado vivo el procesamiento que finalmente ayer también cayó.

 

Centeno, De Vido y Abal Medina

 

Además del fallo de Cámara, ayer el autor de los cuadernos, Oscar Centeno, aportó un manuscrito al juez Bonadio y declaró ante él que no tuvo participación en los delitos y que no los denunció antes porque estaba presionado.

 

Si bien la decisión de la Cámara Federal sobre Paolo Rocca fue la más importante, en el fallo de ayer también se incluyeron varias definiciones sobre exfuncionarios kirchneristas involucrados en la trama de corrupción del caso cuadernos. Son los casos del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

 

En el caso de De Vido, Bruglia y Bertuzzi confirmaron la prisión preventiva del exfuncionario. La misma suerte corrió su mano derecha en el ministerio durante los años del kirchnerismo, Roberto Baratta. Para el exsecretario de Baratta, Nelson Lazarte, en cambio, los jueces decidieron la liberación.

 

Para Abal Medina también hubo alivio: los camaristas lo excluyeron del delito de asociación ilícita del que se lo acusaba y solo lo acusaron por cohecho pasivo, un delito más leve. Martín Larraburu, su secretario, recibió el mismo beneficio.

 

También quedaron confirmados los procesamientos de Carolina Pochetti, viuda del exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y de Isidro Bounine, exsecretario de Cristina Kirchner, a quien le revocaron la prisión preventiva.

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 Aval para el juicio oral

 

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi pidieron ayer que se eleven “cuanto antes a juicio oral” las etapas de la investigación de la causa de los cuadernos que tengan concluida la investigación. Respaldaron, de ese modo, el rumbo que tomó la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli, que está enfocada en confeccionar el pedido de elevación a juicio oral.

 

El fallo con el que la Cámara Federal revocó el procesamiento de Rocca también incluyó varios párrafos en los que los magistrados justificaron la necesidad de que la causa vaya a juicio oral, al menos por tramos. “Los imputados con situación procesal ya resuelta en ambas instancias se pueden contar por decenas, así como los hechos que se han tenido por acreditados”, subrayaron. “Es también muy significativa la cantidad de imputados que permanecen en estado de detención, situación ésta que amerita una rápida elevación a debate”, afirmaron los jueces.

 

Tras remarcar que “es necesaria una pronta respuesta jurisdiccional que permita la concreta aplicación del derecho”, plantearon que “resulta indispensable proceder cuanto antes a la elevación a juicio oral de la totalidad de las etapas/tramos que ya se encuentran concluidas”.

 

Bruglia y Bertuzzi se pronunciaron, con su pedido de elevación a juicio oral, en el mismo sentido que ya lo hizo en los hechos Stornelli, quien solicitó la designación de dos fiscales para encarar el proceso oral.

 

La elevación a esa instancia del expediente, además, implicaría una forma de blindar la investigación de Stornelli, acosado por una causa que tramita en el Juzgado Federal de Dolores por presunto espionaje ilegal, expediente a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien lo declaró en rebeldía por no haberse presentado en reiteradas ocasiones a indagatoria.

 

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