Un Estado que trata mejor a los viejos que a los jóvenes

27 de marzo, 2019

casa rosada Gobierno crisis

 

Por Federico Muñoz

 

En el extenso informe referido a la ineficiencia del gasto público en América Latina difundido por el BID, uno de sus apartados hacía hincapié en lo que, según los autores, constituye un rasgo de comportamiento bastante difundido entre los estados latinos: gastan proporcionalmente mucho más en la población de edad avanzada que en los niños.

 

En concreto, el reporte plantea que en América Latina, el gasto público per cápita en jóvenes de entre 10 y 25 años promedia los US$ 1.000 anuales, mientras que el gasto público dirigido a los mayores de 65 años ronda los US$ 4.000 anuales promedio. Según los autores, esta relación 4 a 1 supera largamente a la vigente en países desarrollados como Australia (3 a 1) o EE.UU. (2 a 1).

 

 

Más de una vez, habíamos escuchado este argumento como una de las distorsiones o disfuncionalidades distintivas del Estado de Argentina: que gasta mucho en los viejos y poco en los jóvenes, decisión que tiene connotaciones tanto de inequidad distributiva como de ineficiencia que castiga las chances de crecimiento económico futuro.

 

Nos propusimos ahondar en este tema, aunque no es sencillo realizar comparaciones internacionales por la falta de información sobre gasto público por segmentos etarios. Sin embargo, creemos que un buen proxy es comparar el gasto público en jubilaciones y en educación en distintos países. Al construir este ratio (en base a data del propio BID), queda en evidencia que nuestro indicador es el segundo más alto de la región (detrás del brasileño) y uno de los más altos de la muestra.

 

 

Para evaluar la evolución de este ratio en nuestro país, ya nos volcamos a fuentes locales y construimos la serie histórica desde los ´80 de la relación entre el gasto público en jubilaciones y el destinado a educación básica. Vemos entonces que el máximo de la brecha se verifica a comienzos de los ’90; luego tiende a caer, en particular porque el paso a un régimen de capitalización redujo el gasto público en jubilaciones. Finalmente, en la era kirchnerista, el ratio vuelve a subir, porque el gasto en jubilaciones creció bastante más rápido que el destinado a educación.

 

 

Es cierto que este ratio entre jubilaciones y gasto educativo ofrece una imagen incompleta del gasto público en los distintos segmentos etarios. No contempla el gasto en salud dirigido a uno y otro grupo poblacional, y tampoco tiene en cuenta los programas de transferencias monetarios, como la AUH.

 

Aun así, este proxy parece confirmar una distorsión en la estructura de nuestro gasto público: se gasta mucho (acaso demasiado) en los pasivos y muy poco en los jóvenes, lo que conspira contra las chances de crecimiento económico futuro.

 

 

Para el cierre, dejamos un dato que no puede atribuirse enteramente a esta asimetría comentada en la asignación del gasto público pero en el que –indudablemente– tiene alguna incidencia: la tasa de pobreza entre los argentinos de 0 a 14 años es de 33% mientras que solo el 6% de los mayores a 65 años tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. A esto nos referimos cuando no sólo hay un problema de eficiencia (menores chances de crecimiento económico), sino también de inequidad intergeneracional.

 

 

 

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