El nuevo Código Penal finalmente tendrá su día de presentación hoy, cuando llegará al Senado de la Nación, la Cámara por la cual el Gobierno decidió darle ingreso. El proyecto, cuyo envío al Poder Legislativo tuvo varias suspensiones, eleva penas para los hechos de corrupción, entre varios puntos destacados que se propone cambiar.
Después de varias postergaciones, la reforma llegará al Congreso y, entre otros puntos, eleva penas en casos de corrupción.
El presidente Mauricio Macri enviará hoy el texto legal a la Cámara alta, según confirmaron a El Economista el camarista de Casación Penal Mariano Borinsky, y una alta fuente del Ministerio de Justicia. Borinsky presidió la comisión que trabajó en la redacción del nuevo ordenamiento. Se especula con una posible presentación oficial para hoy desde Presidencia.
El proyecto aumenta penas por delitos de corrupción e incluye mecanismos para recuperar el dinero robado. Además, prevé sanciones para funcionarios de entidades financieras que operan en el mercado de valores que reciban indebidamente dinero, o algún beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles.
Otra novedad que consta en el proyecto de nuevo Código Penal está en las penas por financiamiento ilegal de la política. Se trata de condenas de hasta diez años e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos para quienes incurran en este delito. El Gobierno, mientras tanto, no logra hacer avanzar en el Congreso la ley de financiamiento político conla que espera instrumentar oficialmente el aporte empresario a las campañas políticas.
La presentación del proyecto sufrió marchas y contramarchas constantes desde, al menos, mediados del año pasado. La agenda, los tiempos y las polémicas de la política fueron impidiendo la puesta en acción del debate para aprobar el nuevo Código.
La llegada del proyecto al Congreso se suspendió por primera vez a mediados de junio del año pasado. La fecha elegida era el 9 de junio, pero en esos momentos estaba en proceso la negociación del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se combinaba con la salida de sus cargos de los ministros Juan José Aranguren y Francisco Cabrera, que ocupaban las carteras de Energía y Producción.
El 21 de agosto pasó a ser la nueva fecha para presentar el proyecto, en el que trabajó durante más de un año y medio la comisión encabezada por Borinsky. El debate sobre la despenalización del aborto estaba en plena ebullición y se volvió a suspender la nueva normativa judicial. Trascendió en ese momento que la postergación se debió a distintas posturas sobre el articulado referido al aborto. El proyecto mantiene la penalización de esa práctica, pero habilita a los magistrados a eximir de la pena teniendo en cuenta los motivos que llevaron a la mujer a realizar el aborto.
El mes de noviembre fue otra fecha de posible presentación. La intención en ese momento era presentar el proyecto después del debate del Presupuesto. Tampoco se concretó y quedó para el período de sesiones ordinarias de este año.
La comisión que presidió Borinsky para elaborar el nuevo ordenamiento legal estuvo integrada por funcionarios, fiscales, jueces y secretarios, y se reunió periódicamente en el Ministerio de Justicia y en el interior del país. El actual Código Penal data de 1921 y ha tenido sucesivas modificaciones parciales, unas 900 en total.
Las reformas penales son parte importante de la agenda gubernamental de los últimos meses. Además del nuevo Código Penal, el Gobierno promueve la creación de un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que baje la edad de imputabilidad a los 15 años.
