La suba del Mínimo No Imponible (MNI) sobre las cargas patronales en las economías regionales, que pasa de $ 7.004 a $ 17.509, anunciada la semana pasada por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, tendrá un costo fiscal para el Estado de $ 4.400 millones para este año, según estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que indicó además que esto supone menos del 1% de la recaudación anual esperada en concepto de aportes y contribuciones a la seguridad social.
De acuerdo con el estudio realizado por el Iaraf, el ahorro para las empresas alcanzadas por cada empleado que trabaje en jornada completa ascenderá aproximadamente a $ 1.900 mensuales durante 2019, lo cual tendrá una equivalencia entre marzo y diciembre a una reducción aproximada del costo laboral de $ 19.000 por cada trabajador en ese período.
A modo de ejemplo, la organización explicó que considerando el total de obligaciones por aportes personales y contribuciones patronales que deben abonarse para el régimen previsional, obras sociales, ART y sindicatos, puede estimarse que para un salario bruto de $ 25.000 mensuales la rebaja dispuesta implica una reducción de 18%, aproximadamente.
Según Gobierno, el impacto económico de la medida no afectará al objetivo de llegar este año al déficit fiscal cero.
“Puede entonces afirmarse que es una medida positiva para las empresas beneficiadas, en tanto que a nivel agregado de la economía resulta austera. En consecuencia, si no se la acompaña con otros incentivos, no debiera esperarse que produzca un efecto significativo sobre la evolución del nivel de actividad agregada”, concluyó en el documento Andrés Mir, autor del análisis emitido por Iaraf. Por su parte, el ministro de Producción y Trabajo, respecto al impacto que tendrá esta medida, especialmente para este año, que el Gobierno tiene como objetivo llegar a la meta del déficit fiscal cero, aseguró el jueves en rueda de prensa luego del anuncio del nuevo piso para el MNI: “Está dentro de las pautas que tenemos en el presupuesto para cumplir con el equilibrio fiscal, y nos permite empezar a trabajar en una agenda productiva enfocada en la salida exportadora y en las mejoras de competitividad transversal”.
La estimación del Iaraf se basa en la reglamentación de la medida, que según el Gobierno beneficiará a 232.500 trabajadores distribuidos en 23.700 establecimientos productivos de 47 actividades primarias e industriales (siempre que ésta sea la principal) en todas las provincias del país, excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que quedó por fuera del beneficio. Conforme el listado de actividades incluidas, la medida privilegiará a la producción de las economías regionales.
