La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) respaldaron las acciones que permitieron al SENASA desmantelar una organización delictiva. La misma condicionaba habilitaciones y certificaciones a empresas propietarias de buques en los puertos del Gran Rosario.
La maniobra consistía en retrasar las inspecciones y habilitaciones de las bodegas de los grandes buques que recalaban en los puertos del río Paraná. De ese modo, pedían pagos indebidos a los dueños para acelerar el trámite y ahorrarles las pérdidas por demoras. De acuerdo a sus testimonios, éstas ascenderían a US$ 50 mil diarios.
Como consecuencia, también se encarecían los fletes para ese destino, cuyos costos que recaían en la cadena agroexportadora y afectaban la competitividad.
La operación para terminar con la organización que operaba hace 20 años tuvo el apoyo de Presidencia de la Nación, así como de la CIARA y el CEC (que juntas representan un tercio de las exportaciones argentinas).
Las investigaciones realizadas por el SENASA fueron promovidas por su presidente, Ricardo Negri, y el director de la Región Centro, Cristian Cunha. Asimismo, contaron con la colaboración de información de los puertos y terminales en el Gran Rosario, así como de las empresas agrupadas en CIARA y CEC, a causa de los perjuicios indirectos que tenían las maniobras delictivas para los exportadores de granos y productos de la molienda de oleaginosos.
Desde el año anterior, gracias al desmantelamiento de esta red de corrupción en el sistema de inspección de bodegas, los puertos del Gran Rosario fueron retirados de la Red Global de Anticorrupción Marítima, lo que beneficia a toda la cadena de agroexportación.
