Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
El FMI, al igual que nuestras autoridades, espera un sendero de estabilización de la inflación y recuperación del crecimiento de la economía a partir del próximo trimestre. Crecimiento (no rebote cíclico) y con menor inflación, de manera permanente. Pero la realidad de enero, y lo que va de febrero es por demás preocupante. El IPC Nacional creció 2,9% en enero, pero el de Neuquén subió 2,97%, el de la Ciudad de Buenos Aires 3,82% y el de Córdoba 3,97%.
Los indicadores oficiales de actividad se publican con rezago de un poco más de treinta días. Los avances parciales del sector privado indican que en lo que va del año la dinámica de quiebras, cierres de empresas y destrucción de vacantes laborales estaría bastante lejos de haber llegado a su fin. La esperanza oficial es que la cosecha gruesa y Vaca Muerta reviertan esta caída, pero no serían suficientes. El campo moviliza expectativas por su potencial efecto multiplicador, pero “El Niño” no está inactivo. Las excesivas lluvias han arruinado a no pocos establecimientos del centro-norte de Entre Ríos y Santa Fe hacia el norte. Y nada permite precipitaciones inoportunas durante la cosecha gruesa en la zona núcleo.
Con ese trasfondo, no tan imprevisible, el programa del FMI apunta a secar el mercado de crédito para detener la corrida al dólar y estabilizar el tipo de cambio. Hasta ahora, el torniquete monetario fue un éxito para poner fin a la crisis cambiaria. Pero la fuerte suba de tasas de interés tardará en revertirse, y en el largo plazo (digamos un año o más) depende de la baja de las expectativas de depreciación del peso y las expectativas de inflación. Pero el largo plazo no es independiente del corto plazo. El FMI aprobó y elogió un calendario de subas de tarifas públicas que para la clase media se torna difícil de pagar, y que sin una reducción del stock de dinero, es un mecanismo de propagación permanente de la inflación.
La meta de control monetario es de crecimiento cero sin estacionalidad, y no de congelamiento del stock de dinero. Encarecer el crédito, subir tarifas públicas, reducir tímidamente el gasto público, continuando con la emisión de dinero, es un combo que de antiinflacionario no tiene nada. Menos en medio de negociación de paritarias laborales que ajustan según inflación pasada y esperada, liberación de algunos precios regulados como la medicina prepaga y luego de que el BCRA emitiera nada menos que $ 170.000 millones en diciembre. Al no haberse sustituido las letras indisponibles en el activo del BCRA por deuda del Tesoro negociable, la absorción de pesos se sigue haciendo vía pases y emisión de deuda remunerada (Leliq a 7 días), que no es más que promesa de futura emisión.
Al extinguirse las Lebac, el stock de Leliq al 19 de diciembre pasado era de $696.449 millones Al 14 de febrero, ascendía ya a $ 945.000 millones, un aumento de 35,7% en menos de 60 días corridos. No hace falta invocar una vez más la “aritmética desagradable” de Thomas Sargent y Neil Wallace para advertir que esta mecánica es no sólo no inflacionaria sino insostenible. Salvo que el objetivo intermedio sea el de transitar hasta el fin de esta administración con nuevo ingreso de “hot money” aprovechando las supertasas argentinas. Sería reproducir la misma bomba de tiempo incubada entre principios de 2016 y abril de 2018 que nos condujo a la situación actual. Decisión correcta del BCRA: cero financiamiento al Tesoro. Hay que destacarlo. Pero, para luchar contra la inflación en el contexto actual, es por demás insuficiente.
Aun si se estabilizara debajo del 3% mensual, al menos hasta junio será difícil pensar en una inflación inferior al 2,5%. Supóngase ese escenario optimista, a fin del primer semestre se habrá acumulado, dado el registro de enero, una inflación (IPC Nacional) de 16,4%. Si se repitieran esos valores en el segundo semestre, 2019 cerraría con una inflación de 35%. Para alcanzar el 23% anual como prevé la proyección de la Ley de Presupuesto 2019 la inflación mensual de febrero a diciembre no debe superar el 1,64%. Y para no perforar el 30% para todo el año, la inflación mensual de febrero a diciembre no debe superar en ningún mes el 2,15%. De más está decir que, sin cambios en el programa macro aprobado por el FMI, su probabilidad de ocurrencia es muy cercana a cero.
La única buena noticia es que el FMI aprobaría el cumplimiento de las metas y seguiría desembolsando dólares. Pero subyace una dinámica de precios relativos inflacionaria con una recesión que no se detiene. El objetivo del FMI es el de estabilizar el tipo de cambio, pero en algún momento la economía deberá crecer y el Gobierno, captar divisas para pagar la deuda con este organismo entre 2022 y 2024. ¿Alguien puede esperar que caigan las importaciones? ¿Cómo mejorar el tipo de cambio real sin una baja de impuestos, el gasto público corriente y cierto flujo de divisas del exterior para gasto de capital al menos?
Una vez más, seguimos como tres años atrás, sin un plan de estabilización, sin una estrategia de crecimiento ni un programa de transición del ajuste recesivo al crecimiento con estabilidad. Y, sin nada de eso, el fantasma de un default de la deuda volverá al radar de las expectativas, reavivará el riesgo de una nueva crisis de balanza de pagos y el FMI, entre otros, no podrá cobrar lo que se le debe. Claramente el programa en curso precisa un “service”, y sin demoras. Cuanto más se tarde en entenderlo y en implementarlo, con el correr de los meses se profundizará la recesión y se correrá el riesgo de una aceleración mayor de la inflación. Una dinámica que complicaría las chances electorales del oficialismo, la viabilidad del programa en curso con el FMI, y la capacidad futura de pago de los servicios de la deuda con dicho organismo. Todo es posible, salvo evitar sus consecuencias.
