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Tras el DNU, ven posible que se debata en Diputados


23 de enero, 2019

 

El Gobierno confirmó ayer, en el Boletín Oficial, lo que había anunciado el día anterior. Por decreto de necesidad y urgencia, el presidente Mauricio Macri dispuso que entre en vigencia el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, iniciativa que Cambiemos impulsaba en el Congreso. Esta decisión prevé la creación de procuraduría con facultades para realizar investigaciones de oficio y colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de delitos de corrupción y narcotráfico.

 

Desde la oposición, los puntos críticados fueron tres. Que la iniciativa es inconstitucional. Que esquiva la discusión que se estaba dando en las Cámaras. Y que era una medida con mirada puesta en el año electoral. Corrupción y seguridad, precisamente, dos temas que serán ejes de campaña para disputar discursivamente contra el kirchnerismo. “De ninguna manera es inconstitucional”, señaló el diputado nacional Pablo Tonelli, uno de los voceros del Gobierno respecto de este punto. Y agregó: “Esto no es materia penal. Esto es una acción civil que va a tramitar la Justicia Civil que nada tiene que ver con la acción penal que corre por otro andarivel”.

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No obstante, desde la Casa Rosada dejaron abierta la puerta para regresar la discusión al recinto. “Entendemos que es una herramienta fundamental para que los argentinos podamos recuperar lo que se robó la corrupción. Por supuesto que si hay una decisión y consenso en el Congreso para transformar la extinción de dominio en ley o en una discusión en el parlamento, bienvenido sea. Pero la verdad que hasta ahora no hemos podido llegar a ese acuerdo y la Argentina necesita esa herramienta para recuperar lo robado”, introdujo Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda y principal negociador del oficialismo con la oposición parlamentaria.

 

De hecho, hubo algún contacto para que pudiese hacerse efectivo ese debate. Con la oposición moderada o negociadora de Argentina Federal como principal interlocutor. Este sector pide que el tema forme parte del temario de las sesiones extraordinarias. Mientras que la Casa Rosada pretende que exista “consenso previo” y que el nuevo proyecto tenga como base el decreto presidencial y no la ley trabada en el Congreso.

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El proyecto se aprobó en Diputados a mediados del 2016, pero ese año el Senado le incorporó cambios, que la Cámara Baja debía aceptar o rechazar. Finalmente, postergó su debate por diferencias entre el oficialismo y la oposición.

 

“Si existe un consenso ahora en el Congreso respecto a tratar este tema y tener por ley para recuperar lo que se robó la corrupción, me parece factible. Pero a partir de hoy, la Argentina ya cuenta con una herramienta vigente”, consideró Frigerio, en esa clave.

 

“Al tratarse como un DNU, ha dejado un resquicio muy importante para que tengamos inconvenientes. Vamos a insistir con nuestro proyecto para que tengamos una ley como corresponde y que no haya cuestionamientos de inconstitucionalidad”, señaló Graciela Camaño, del Frente Renovador.

 

“Si el Gobierno hubiese tenido voluntad cierta de avanzar en esto podría haber incorporado la extinción de dominio en sesiones extraordinarias y no recurrir a un DNU”, señaló Pablo Kosiner, del bloque Justicialista.

 

 

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