Por Guido Lorenzo
Mucha discusión hubo acerca de los problemas que genera el déficit fiscal, de hecho la visión de la actual gestión se puede decir que fue lo suficientemente fiscalista como para desatender o subestimar otros problemas. Sin embargo, poco se ha avanzado en un reordenamiento de impuestos y gastos.
El resultado fiscal es uno de los agravantes del problema de la economía argentina desde el año 2011 cuando ingresó en zona de déficit de cuenta corriente: Argentina gasta más de lo que produce. La cuestión fiscal se ha impuesto desde esa perspectiva. Como hacer para que el sector público a nivel nacional tenga las cuentas equilibradas a fin de no depender del endeudamiento.
En la primera etapa de la gestión de Cambiemos, previa a la llegada del FMI, hubo un doble estándar. Se pretendía avanzar hacia el equilibrio fiscal con el desafío de bajar la carga tributaria. El Programa de Reparación Histórica, la extensión de la AUH para monotributistas y los beneficios derivados de la Ley Pyme mostraron una política fiscal de sesgo expansivo más que contractivo: corregido por la utilización de los recursos originados en el régimen de exteriorización de activos, alcanzó 5,5% del producto (vs. 3,8% 2015 utilizando misma metodología). Al mismo tiempo la percepción de 'ajuste' se sentía en la suba de tarifas que luego quedaron otra vez retrasadas al tener una política cambiaria basada en un diagnóstico errado.
De hecho, la relación entre déficit fiscal y atraso cambiario se planteó en los términos que era el financiamiento del primero el que provoca parcialmente al segundo. Sin embargo, en nuestra opinión, no es el déficit fiscal el que determina un tipo de cambio de equilibrio, sino el tamaño del Estado, el gasto público improductivo principalmente sesgado hacia sectores no transables que elevan su precio y modifican el tipo de cambio 'de equilibrio'.
La reducción del gasto es necesaria para el frente externo, pero tiene sus limitantes en tanto buena parte de este gasto es no productivo, sino que tiene fines redistributivos. El gasto público no funciona como complemento de las actividades del sector privado para generar crecimiento como en los modelos tradicionales (ver R. Barro 1990) sino como un sustituto del mercado en la asignación de recursos.
El reordenamiento de la cuestión fiscal debería aparecer como prioridad por la sostenibilidad de las cuentas públicas y por su relación con el resto de los fundamentals macroeconómicos. La posibilidad de aumentar impuestos es limitada, pero si no se hace foco en reformas estructurales, será la única válvula de escape para el período 2020-2023. De hecho, creemos que los derechos de exportación, recientemente reimpuestos ante la situación de debilidad fiscal, volvieron para quedarse. El sendero de ajuste del gasto que impone la convergencia fiscal resulta demasiado agresivo para eliminarlos por completo a partir de 2020 como está previsto.
En una economía den la cual se necesitan hacer cambios de precios relativos, la indexación genera un problema. Al menos el 60% del gasto actualmente está indexado por Ley. Desindexar implicará redistribuir, por lo que avanzar en ese frente requerirá de un amplio consenso político y social.
Aquí otro aspecto que torna imposible la desaceleración fuerte de la inflación como objetivo al tiempo de lograr convergencia fiscal. Una fuerte desaceleración de la inflación implicaría menor recaudación para hacer frente a un gasto que se actualiza por la inflación pasada. Al mismo tiempo, esta es una fuente de inercia del proceso inflacionario.
Para mantener el compromiso fiscal y no caer en necesidades de endeudamiento crecientes, será necesario seguir achicando el gasto. Sin embargo, algunos componentes del gasto ya han sido llevados a mínimos y la sensación de ajuste le quitará dinamismo a la actividad en los próximos años haciendo que se vuelva más desafiante el sendero fiscal buscado.
Un reordenamiento del gasto es una vía posible. Implicaría producir más con el mismo gasto público, de manera tal que el gasto en términos del PIB caiga. Claro está que la forma en que las cuentas nacionales miden el consumo público no captura todas las ganancias de productividad, pero aun así se puede hacer un avance para que al menos en el caso que haya recortes no se sienta en la cantidad y la calidad de los servicios que recibe la sociedad por los impuestos que paga.
La reforma previsional debería ser parte de este reordenamiento. Los cambios en la estructura demográfica tenderán a agravar la situación de la Anses que de por sí ya es hoy muy complicada. Arrojó un déficit de 2,7% del PIB en 2018 y viene empeorando sistemáticamente desde 2011. El año pasado explicó 80% del déficit antes de intereses del gobierno nacional. Seguir mirando para el costado ya no debería ser una opción ni para el oficialismo, ni para la oposición, ni para la sociedad en su conjunto.
