Todas las miradas se posan en el horizonte de las próximas elecciones presidenciales, como si no hubiera mañana. Spoiler alert: hay 2020, después 2021, 2022 y así. Y los problemas seguirán allí. Se verá quien capitanea la nave (por cierto, no es un tema menor), pero los icebergs y/o tormentas del trayecto (elija su metáfora predilecta) serán los mismos.
Días atrás, Carlos Melconian brindó una presentación sobre el tema. Fue ante ejecutivos de JP Morgan, en Punta del Este y El Economista accedió a ella. Según “Melco”, hoy el consultor más demandado de la city, la agenda ineludible para volver a crecer en el próximo mandato se debe, antes que nada, “instalar y consensuar”. Mensaje a Jefatura de Gabiente. Pero vamos a los números.
En su presentación, dividió la agenda 2020 en tres ejes.
La primera pata, lógicamente, es la fiscal. Según el hombre de Macroview, allí aparece el primer tema gordo: el tamaño o peso del gasto (“todavía gigantesco”, dijo), con un sistema previsional quebrado y subsidios por 2 puntos del PIB aún. Si se busca un superávit fiscal “all-inclusive” (todavía restarán, tras 2019, nada menos que 3 puntos de intereses, suponiendo que el rojo primario es 0%), el tamaño del Estado debe ser un tema sobre la mesa de debate.
El gasto primario será de 20,2% del PIB en 2019 (eso dice el Presupuesto) y otros 3 puntos irán a pagar los intereses de la deuda. Apenas menos de la mitad de esos 20,2 puntos son jubilaciones y pensiones: 9,7% del PIB.
También, dijo el hombre oriundo de Valentín Alsina, “hay una creciente dependencia de vivir del Estado”. Con cifras estimadas hasta 2018, el total ascienda a la friolera de 19,2 millones. Los empleado públicos son 3,5 millones (2,3 millones son provinciales), hay casi 7 millones en jubilaciones (1,6 millones son pensiones) y 4 millones de AUH (es el número de personas alcanzadas y no sólo las que cobran el beneficio). No casualmente, dice Melconian, “el sistema previsional está quebrado y se sostiene con crecientes ingresos de impuestos”. Contra un gasto jubilatorio de 9,7% del PIB, los ingresos previsionales apenas llegan a 6,1%, es decir, hay un rojo de 3,5% del PIB que suele cubrir el Tesoro.
En el fondo aparece un tema cada vez más urgente, un lobo viejo y conocido: la deuda externa. “El mercado pasó de un extremo al otro. En 2015-2017, la consideraba bajísima, pero subestimando la exposición al tipo de cambio y no considerando la deuda con un BCRA quebrado que requiere ser recapitalizado. En 2018 pasó a considerarla altísima y poniendo todo adentro”, dice el reporte. Así, la deuda bruta (excluyendo el cupón del PIB, pero sumando a la intrasector público) es de US$ 323.280 millones, o 91% del PIB. Estaba debajo de US$ 250.000 millones en 2015. “Más allá del numerito del stock de deuda, el desafío es el pago de los flujos (en pesos y dólares), pago que involucra el duro desafío de conseguir divisas, que Argentina tiene y otros países no”, agrega el reporte. Entre capital e intereses, entre 2020 y 2023 vencen?US$ 116.300 millones. “Con el problema de un riesgo país que, aunque ha tenido sus ventanas de emisión, es una mochila estructural”, dice el reporte. Así, el “debt management” aparece como un desafío no menor y más con la aversión hacia el riesgo que hoy tienen los mercados. “Salvo años muy puntuales (cinco en un cuarto de siglo: 1997, 2006, 2007, 2016, 2017) Argentina tuvo un riesgo alto, alrededor de 700 puntos, que no son ni chicha ni limonada. No te empujan inevitablemente a un evento de deuda pero no te permiten hacer un manejo de la deuda razonable”, añade el trabajo presentado en la costa esteña.
También hay que crecer y ese es el segundo ítem de la agenda 2020 de Melconian. La llama “la agenda de competitividad”. Que, también, está vinculada con la primera agenda. “No hay chance de bajar impuestos en serio sin equilibrio fiscal permanente y con un nivel de gasto tan alto”, dice el exBNA. La presión tributaria (recaudación sobre PIB) será de 26,2% en 2019. “En la emergencia, se recurrió a las retenciones pero es un recurso de última instancia y transitorio. Es prioritario bajar aportes patronales y desmalezar impuestos provinciales y tasas municipales”, agrega Melcniano.
El capítulo laboral es clave en la agenda, y más si nos miramos en el espejo de Brasil, nuestro principal rival a la hora de atraer inversiones. Dicho sea de paso, nos está ganando. “Si el Estado no avanza en una reforma laboral bien pensada, bien diseñada y bien negociada con sindicatos y empresas, será impuesta desordenada y precariamente por la propia realidad. Ya hay casos sectoriales que avanzan más rápido que el marco normativo: las empresas tecnológicas (tipo Uber, Rappi y demás), el home-office, las excepciones al régimen general de vacaciones, cobertura de vacantes y jornadas promedio de los gastronómicos, el servicio de empleadas domésticas, entre varios otros casos. El plano sectorial vía la convención colectiva, puede ser una puerta de ingreso para modificar las arcaicas relaciones laborales de Argentina. Entrar por la ley general puede ser un escollo infranqueable en la negociación con los sindicatos. Es esencial abordar esta asignatura pendiente. La normativa laboral argentina es vetusta y carísima. Está basada en un mundo que ya no existe”, dice, puntilloso, el reporte.
El trípode se cierra con la necesidad de “limpiar” su hoja de balance, que hoy tiene un Patrimonio Neto (PN) real de casi US$ 30.000 millones y tener un régimen monetario acorde a Argentina. Durante los tres primeros años de Gobierno de Mauricio Macri (2016-2018), la dolarización total de portafolios ascendió a U$S 62.700 millones (U$S 47.700 millones y el restante, mayorista). Muy poco quedó en el sistema bancario y muy poco se transformó en crédito en dólares para privados. “La dolarización genética de los argentinos, gobierne quien gobierne y salvo momentos puntuales históricos excepcionales, es un escollo poderosísimo para la estabilidad, el crédito y el crecimiento económico permanente. La ansiada restauración del peso como moneda plena es más una expresión de deseo y menos un objetivo concreto alcanzable en un plazo de tiempo razonable. Al mismo tiempo y tras el fallido experimento bimonetario de la convertibilidad, no se intentó otro régimen bimonetario alternativo eficaz y sostenible que contemple con integralidad los deseos dolarizadores de Argentina”, dice el reporte. “Un régimen monetario realista es una de las grandes (sino la más grande) asignatura pendiente”, amplía.
Ligado al régimen monetario pendiente, concluye el trabajo, hay una política comercial pendiente. “Argentina no tolera un déficit de la cuenta corriente externa 'un poco' elevado porque exacerba la dolarización estructural de por si elevada”, dice. “Es muy difícil en Argentina promover exportaciones a través de un tipo de cambio real permanentemente alto porque suele terminar en inflación alta (los '80). Y a la inversa, los pocos períodos de estabilidad (casi efímera), suelen terminar en atraso cambiario (?) Todavía no se dio en la clave con una política macro comercial que promueva exportaciones sin depender de la fortuna. La falta de un régimen monetario y cambiario adecuado decanta en la falta una política comercial adecuada”, ratifica.
