Extraordinarias: dudas sobre la convocatoria

30 de enero, 2019

 

Por Pablo Varela

 

“La convocatoria a extraordinarias nunca estuvo decidida”, sostuvo ante El Economista una importante voz parlamentaria del oficialismo para explicar las dudas que se generaron en torno a la convocatoria para que el Congreso sesione durante febrero.

 

Lo que está claro, es que el Gobierno avanzará con el tratamiento parlamentario del decreto firmado por Mauricio Macri días atrás sobre extinción de dominio, que busca recuperar bienes de la corrupción. El tratamiento del DNU se tramita en la comisión bicameral, la cuál es “permanente” y no requiere un llamado especial.

 

En el interbloque del oficialismo ponen reparos a la posible convocatoria y admiten que no están las condiciones dadas para pedirle al Congreso que se reúna. “Lo más lógico sería no convocar. Por lo menos en Diputados no tiene ningún sentido”, admitió otra fuente parlamentaria del PRO. “Ningún proyecto va a estar maduro antes de la tercera semana de febrero. Y para esa fecha es mejor ir a ordinarias. Hasta hoy no lo veo.”, explicaron ante El Economista.

 

“Lo más lógico sería no convocar. Por lo menos en Diputados no tiene ningún sentido”, admitió una fuente del oficialismo.

 

Los proyectos que el Congreso abordaría son los de financiamiento de campañas electorales y “barras” que busca convertir en delitos penales, lo que hoy se consideran meras contravenciones. Ambos temas mantienen puntos de contacto con los ejes que el Gobierno sostendrá durante la campaña electoral: seguridad y corrupción.

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Pero la dificultad para reunir los consensos en torno a la votación no vienen necesariamente de la oposición. En las filas de la CC ARI ponen reparos entorno al financiamiento electoral. “Estamos a favor de la ley de electoral. Nosotros por plataforma no podemos acompañar el financiamiento empresario pero el resto de la ley, nos parece correcto”, explicó una voz legislativa de estrecha relación con Elisa Carrió ante este diario y agregó que prestarán especial atención a “la redacción final pero nuestra carta orgánica prohíbe el financiamiento empresario”.

 

“Estamos a favor de la ley electoral, pero no podemos acompañar el financiamiento empresario” dijeron en la CC-ARI.

 

Luego del triple crimen de General Rodríguez (2009) y de la “causa de la efedrina”, se modificó la legislación para prohibir expresamente los aportes empresariales. En el último tiempo, de denominada “causa de los cuadernos” y el caso de los “aportantes truchos” en la provincia de Buenos Aires han expuesto la cuestión del financiamiento político de la peor manera. En un año electoral, el financiamiento de campañas será observado con especial atención.

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El proyecto original contemplaba hasta 5% de aportes empresarios. Luego de marchas y contramarchas en la negociación, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ofreció bajar el tope hasta 2%. Sin embargo, en la Coalición Cívica se muestran intransigentes respectos de la votación de sus propios legisladores aunque dejan abierta la puerta a una posible solución: “El Ejecutivo mandará la ley y nosotros evaluaremos qué hacer con ese artículo específico en la votación en particular. Otros partidos no tienen la restricción que tenemos nosotros”, explican desde la fuerza liderada por Carrió.

 

De esa manera, los diputados de la CC-ARI podrían acompañar la votación de la ley en general pero rechazar en particular.

 

Si bien nunca había sido oficializado el llamado a extraordinarias, el oficialismo había dejado trascender días atrás que se encaminaba a pedirle al Congreso que se reuniese durante febrero.

 

Ayer, el ministro del Interior Rogelio Frigerio aseguró que “el tema de la vacante en la Cámara Nacional Electoral aún no está definido”, poniendo incertidumbre al pliego remitido al Senado para ocupar un lugar en la Justicia Electoral y que se suponía, también sería tratado durante el período extraordinario

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