Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi, cuestionó la decisión de acortar de 75 a 30 días el plazo de pago a los productores. La medida representa, en su opinión, una transferencia de renta a las petroleras. La reforma en puerta regulatoria impacta sobre un negocio de $ 5.000 millones mensuales.
El Gobierno recibió ayer a los representantes de las empresas del sector gasífero. Ejecutivos de productores, distribuidores y comercializadoras desfilaron por distintos despachos del edificio de Hipólito Yrigoyen donde funciona el Ministerio de Hacienda y también la Secretaría de Energía. El motivo fue la discusión de la nueva regulación que prepara el Gobierno para incentivar la recontractualización del mercado de gas. Se trata de un conjunto de normas que modificarán los mecanismos de determinación de precios y tarifas del gas y establecen cambios importantes en el funcionamiento técnicoeconómico de la industria. Así lo revelo el sitio EconoJournal.
Las distribuidoras de gas ? Metrogas, Naturgy (ex GasBan), Camuzzi y EcoGas? se oponen enfáticamente a uno de los puntos que están sobre la mesa. Según los textos que sacó en consulta el Ejecutivo para que los privados realicen los comentarios del caso, las gasíferas ya no tendrán 75 días para pagar la factura del gas que le compran a las petroleras. A partir de marzo tendrán sólo 30 días, si se aprueba la nueva regulación. La decisión afectará de lleno a la economía de las distribuidoras. Porque, en la práctica, las gasíferas tardan entre 62 y 70 días en cobrar el gas que entregan a hogares y comercios. Una vez que finaliza ese ciclo de recaudación abonan la factura de gas a productores. La reforma regulatoria que plantea el Gobierno obligará, en los hechos, a las distribuidoras a recurrir a financiamiento externo para anticipar los pagos.
Transferencia de renta
En tanto, Alejandro Macfarlane es dueño de Disvol, accionista mayoritario de Camuzzi. “La decisión de acortar el plazo de pago a las petroleras (de 75 a 30 días) funciona como una transferencia de renta de las distribuidoras a las productoras. Nos están obligando a salir al mercado a financiarnos a una tasa de 50% anual, es decir, cerca del 4,5% mensual, con el objetivo de que las petroleras se cubran de una eventual devaluación. En la práctica, si prospera este cambio regulatorio, las distribuidoras de gas transferirán recursos a las petroleras sin ningún sentido. No puede pasar algo así”, advirtió.
La visión del empresario refleja la posición del sector, a partir de un relevamiento entre empresas gasíferas. “No hay forma de financiar para pagar por anticipado a las petroleras.”, cuestionó el director de otra gasífera, consultado.
Debido a que las distribuidoras pagan, en conjunto, unos $ 5.000 millones mensuales por el gas que compran a las petroleras, la reforma las obligaría a salir a buscar financiamiento en la plaza local por $ 2.000 millones para adelantar los pagos a las petroleras.
Por el lado del Gobierno estuvieron, Carlos Casares, vocal primero del Enargás y enlace con la Secretaría de Energía y el Ministerio de Hacienda, y con Patricio Pinnel, hombre de confianza de Gustavo Lopetegui en la Secretaría.
