Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Los tenedores de deuda de Venezuela en cierta forma vienen anticipando nuevas tormentas. El riesgo país superó los 6.000 puntos básicos el 20 de noviembre pasado y el 4 de diciembre pasado superó los 6.300 puntos básicos. Desde entonces oscila entre 6.200 y 6.300 puntos básicos, lo que refleja el pesimismo de los tenedores de deuda de ese país respecto de su capacidad y voluntad de pago.
Con una economía prácticamente quebrada y en hiperinflación, se torna más que difícil imaginar el repago en tiempo y forma de los vencimientos de los más de U$S 125.000 millones que adeudan el Gobierno venezolano y la petrolera PDVSA, sin sumar las deudas con la República Popular China, Rusia, el Banco Mundial y otros organismos.
En esta semana la situación se complicó por la acción legal iniciada por un acreedor de Citgo Petroleum Corp, la subsidiaria de PDVSA en Texas. La firma minera canadiense Crystallex International Corp inició los procedimientos para embargar activos de Citgo, por incumplimiento del Gobierno venezolano de la cancelación de una deuda de U$S 1.400 millones, mediante de U$S 500 millones por adelantado y pagos trimestrales hasta 2021. La deuda se generó por la expropiación de la mina “Las Cristinas” en 2008.
No será fácil efectivizar la acción, pero podría afectar la flexibilidad financiera de la compañía, y forzar a incurrir en mora, y eventualmente despedir empleados. En el caso de otro acreedor también canadiense, la minera Rusoro Mining (acreedora por otros U$S 1.300 millones) rechazó el pago de U$S 100 millones del gobierno de Maduro, para no violar las sanciones aplicadas por el Gobierno de EE.UU. a Venezuela. Una complicación bastante seria para un gobierno que ya ha defaulteado bonos por más de U$S 10.000 millones y que enfrenta una crisis económica que no deja de agravarse. Ya el lunes la fábrica de neumáticos Goodyear anunció que cierra sus operaciones en este país.
Según el comunicado distribuido por la empresa, las sanciones de los EE.UU. a Venezuela y las condiciones económicas internas tornan imposible continuar sus operaciones en ese país. Esto significará 1.160 despidos de la fábrica en Valencia, en el estado de Carabobo. Luego de las habituales condenas del gobierno a la decisión de la empresa, es de esperar la nacionalización de la fábrica para intentar sostener su actividad y reincorporar despedidos, como ocurrió en 2016 cuando la fábrica de artículos de tocador Kimberly-Clark también decidió abandonar Venezuela.
Mientras tanto, el Gobierno sigue tratando de sostenerse manteniendo una extraña hipótesis de conflicto con Colombia sin motivo aparente. Este lunes llegó a la base aérea de Maiquetía una flota de aviones de combate de Rusia que viajaron desde ese país, y en parte de su viaje fueron seguidos de cerca por dos F-16 de la fuerza aérea de Noruega. Se trata de dos bombarderos TU-160 con capacidad para transportar armas atómicas, un transporte militar AN-124 y un avión de pasajeros II-62. En el día de ayer realizaron maniobras militares junto a colegas venezolanos que pilotearon aviones caza SU-30 y F-16, generando la inevitable exasperación tanto del gobierno de Colombia como del gobierno estadounidense. A su vez, Nicolás Maduro, con la verborragia ya habitual, acusó este miércoles al Gobierno de EE.UU. de planear su asesinato, en connivencia con los gobiernos de Colombia y Brasil, para así lograr el derrocamiento de su Gobierno.
La situación económica naturalmente fuerza al Gobierno a apelar a maniobras de distracción de todo tipo. Pero también es cierto que buena parte del aumento del gasto público del régimen de Hugo Chávez y de su sucesor ha sido gasto militar. Naturalmente, tanto Colombia como Brasil no pueden “dejarse estar” en el cuidado de sus fronteras, aun mientras se siga admitiendo el ingreso de venezolanos que siguen abandonando su país de origen.
Este cuadro de situación no es nada impredecible, ya que en los últimos meses la crisis productiva y la hiperinflación han empobrecido como nunca a la población. En un escenario así es inevitable apelar a hipótesis de conflicto externo para mostrar “músculo militar”, pero esto probablemente puede ser una fuente de futuros problemas para el régimen de Caracas. Algo que no parece importarle, ya ahora se espera el arribo de naves de guerra de Irán. El gobierno de Teherán anunció dos semanas atrás el envío de dos o tres barcos de guerra de última generación a Venezuela para una misión de cinco meses, que no ha sido totalmente esclarecida. Ciertamente, otro elemento que incrementará la tensión con Colombia, cuyo gobierno considera su presencia como una amenaza no sólo para Colombia, sino para toda la región.
Según Maduro, es el inicio de las respuestas al complot para asesinarlo, por el cual responsabiliza explícitamente al Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. Para los observadores del exterior, es claramente una maniobra de provocación a Washington, pero también es un “prueba de amor” para ver si Rosneft u otras empresas rusas muestran interés en activos venezolanos. Pero mientras los inversores del exterior, inclusive los rusos, sigan percibiendo al gobierno de Maduro como poco confiable, y sin capacidad de repago de sus deudas, la situación del régimen de Caracas se complicará cada vez más. Y lamentablemente, la población venezolana sufrirá las consecuencias económicas de una inevitable radicalización del Gobierno de Maduro.
